El CGPJ ya se prepara para informar sobre la ley de amnistía pese a la negativa del PSOE

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya se prepara para informar sobre la ley de amnistía en los próximos meses, a pesar de la postura en contra del Gobierno, escenificada este mismo lunes en el Congreso de los Diputados. PSOE y Sumar se enfrentaron al PP en la Mesa de la Cámara Baja después de que los populares reclamaran que se recabara la opinión del órgano y del Consejo Fiscal sobre la norma. Los partidos del Ejecutivo rechazaron la solicitud, que no prosperó gracias a su mayoría, pero es evidente que la petición de informe acabará llegando. Será cuando la norma emprenda su tramitación en el Senado, donde los de Alberto Núñez Feijóo tienen los números a favor.

Vocales del Consejo consultados por este periódico dan por hecho que el informe se reclamará y recuerdan que la Ley Orgánica del Poder Judicial contempla esa opción, aunque no se trate de un proyecto de ley sino de una proposición. En el artículo 561, se dice en concreto que se someterá a informe del órgano de gobierno de los jueces cualquier "cuestión que el Gobierno, las Cortes Generales o, en su caso, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas estimen oportuna". Esa previsión abre la puerta a que ese estudio se realice y, sin duda, que se haga conviene a la estrategia a la contra del PP.

Las fuentes consultadas explican que la diferencia con los proyectos de ley del Gobierno es que mientras para él es una obligación reclamar el dictamen, para las Cortes (ya sean el Congreso o el Senado) es "una facultad". "Si la ejercen, para nosotros es una obligación responder", indican.

Para los populares, todo son ventajas. Por una parte, elevar petición de informe alarga los tiempos. El partido de la oposición ya ha dejado claro que ralentizará la tramitación en el Senado. A mediados de este mes, dio luz verde a reformar el artículo 133 del reglamento, que atribuye a la Mesa de la Cámara Alta la potestad para decidir si tramita o no como urgente cualquier proposición de ley que llegue desde el Congreso de los Diputados, lo que permite al Senado dilatar hasta dos meses el plazo para tramitar una normativa, frente a los 20 días establecidos para las iniciativas calificadas de urgentes. Si a ese plazo se le suma el que tarde el Consejo en elaborar su dictamen, es más que probable que todo se prolongue aún más.

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En principio, según la ley, el Consejo cuenta con 30 días, pero "excepcionalmente" el órgano remitente podrá conceder la prórroga del plazo atendiendo a "las circunstancias del caso". Normalmente, se alega la complejidad de la cuestión. La duración de esas prórrogas es de 15 días y, en muchas ocasiones, se reclaman varias cuando el informe no puede estar listo en el periodo previsto.

Un informe crítico

Por otra parte, con este paso el PP contaría con una apreciación sobre el articulado de la ley de un órgano que ya se ha mostrado crítico con antelación y que cuenta con mayoría etiquetada como conservadora, aprobando una declaración institucional en la que advertía de su evidente inconstitucionalidad. El informe que se elaborará no tendrá comparación con ese anterior texto. Lo que hará es examinar técnicamente un texto normativo concreto en todos sus detalles. El PP defiende que ese dictamen ayudará ante las dudas sobre la constitucionalidad de la medida.

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Hace solo unas semanas, el Consejo aprobó una declaración institucional contra la amnistía en la que consideraba que constituye "una grave vulneración de los derechos fundamentales y del propio sistema de división de poderes". La propuesta salió adelante por nueve votos a favor, cinco en contra y uno en blanco. Es probable que esa misma división se reproduzca y que los vocales más cercanos a la izquierda se muestren en contra. Está por ver la postura del presidente suplente, Vicente Guilarte, crítico en el pasado con posicionamientos de este tipo.

"El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España", alertaba, mientras consideraba que la iniciativa cercena de forma ostentosa "los derechos fundamentales de los ciudadanos y las potestades que la Constitución reserva al poder judicial".

También es previsible que un análisis de este tipo incremente el malestar del Gobierno con el Consejo. Hace solo unos días, Sumar se querelló contra Guilarte y los nueve vocales conservadores del organismo por su "inaceptable intromisión" en la función legislativa del Congreso, al autorizar y participar en el pleno extraordinario que propició la declaración institucional contra la ley. Distintos ministros se mostraron también críticos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, indicó, por ejemplo, que los vocales no son los más adecuados "para dar lecciones de constitucionalidad".