El examen al fiscal general Álvaro García Ortiz levanta las alfombras del CGPJ

El actual Consejo General del Poder Judicial lleva tanto tiempo en activo que ha examinado ya la idoneidad de seis fiscales generales. Este jueves repetirá con Álvaro García Ortiz, sobre el que se pronunció en una primera ocasión hace año y medio. El trámite levantará polvareda y generará, sin duda, división, pero, además, evidenciará el cambio de postura de los vocales del órgano desde su nombramiento hace ya casi 10 años. Levantará alfombras que están ya bastante raídas.

Siete de los actuales miembros del CGPJ pondrán en duda que el sucesor de Dolores Delgado sea idóneo para el cargo y analizarán, al hacerlo, cuestiones que van más allá de la comprobación de sus requisitos técnicos. En anteriores ocasiones, respecto a candidatos propuestos por el PP, esos mismos vocales sostenían que solo debían examinar si se cumplían las condiciones formales. Entonces fueron los progresistas los que dudaron de si el debate debía extenderse o limitarse en exclusiva a comprobar la experiencia y antigüedad del candidato.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces prevén que una parte significativa del órgano, de mayoría conservadora, ponga en duda a García Ortiz. Su postura ahora pesará más que antes, ya que el número total de integrantes del Consejo se ha ido reduciendo a golpe de dimisiones y jubilaciones, hasta alcanzar ahora los 16. En julio de 2022, los siete vocales mencionados firmaron un duro voto particular en contra de la decisión mayoritaria de darle su espaldarazo. Entonces aseguraban que García Ortiz no era idóneo para el puesto por su excesiva cercanía al Ejecutivo, que le aleja de la "imparcialidad" que requiere el cargo.

Esas dudas, dicen vocales de este sector, son ahora certezas. La reciente sentencia del Supremo que anula su decisión de ascender a su antecesora, Dolores Delgado, en la que se le reprocha su "desviación de poder", alimenta esa tesis y el grupo no descarta sumar a otros vocales que compartan estas dudas a la vista del fallo del alto tribunal. Además, la crítica cada vez mayor de los fiscales por la falta de defensa pública de García Ortiz frente a las insinuaciones de lawfare aviva la hoguera.

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Pese a todo, la valoración de estos aspectos supera el trámite previsto en origen. En principio, el Consejo debe limitarse a comprobar que la elección recae en un jurista español de reconocido prestigio y con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. Esa línea se superó ya en el caso de Dolores Delgado. El entonces presidente, Carlos Lesmes, tuvo que hacer equilibrios para tratar de acercar posturas en medio de un profundo malestar por la designación de la exministra de Justicia. Los mismos siete vocales mostraron también su discrepancia con el plácet y reprocharon que se creaba una apariencia de vinculación con el poder ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la institución.

No obstante, si nos remontamos a una etapa anterior, las cosas se movían justo al contrario. Durante el examen de la idoneidad de José Manuel Maza, fueron dos progresistas —Roser Bach y Enrique Lucas— los que firmaron un voto particular en el que se quejaban de que la opinión sobre los fiscales generales designados por el Ejecutivo se redujera a su nacionalidad y el cumplimiento de la antigüedad. "Supone, lisa y llanamente, la elusión de la responsabilidad que concierne al Consejo de dar su opinión sobre la idoneidad, en su más amplio sentido, de quien haya de estar al frente del órgano que tiene como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público y de velar por la independencia de los tribunales", decían.

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Según ha informado el CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces cumplirá en esta reunión "el trámite de audiencia" establecido en el precepto que obliga a que "el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial". El CGPJ ha incorporado este asunto al orden del día, "después de que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes haya comunicado que en la reunión del Consejo de Ministros celebrada ayer se aprobó un acuerdo por el que se recaba del CGPJ la audiencia preceptiva sobre la propuesta de nombramiento".

El Consejo recuerda que, "de acuerdo con lo previsto en el artículo 29.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el mandato del fiscal general del Estado puede ser renovado en el caso de que el titular hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años", y que, en el caso de García Ortiz, lleva poco más de un año. Podía, por tanto, haberse ahorrado este trago. No ha sido así y la bronca está servida.