La España a 30 minutos: lo que piden las CCAA despobladas a Sánchez

A mediados de mes, la Cruz Roja tuvo que donar dos teléfonos vía satélite a Bermillo de Alba, una localidad de Zamora de poco más de 100 habitantes. El municipio, situado en una hondonada, no tiene cobertura y la compañía telefónica cortó la conexión a través del viejo tendido de cobre. Sin línea telefónica y sin internet, los aparatos eran imprescindibles para poder comunicarse con el exterior ante cualquier emergencia. La semana pasada, el alcalde de San Vicente de la Cabeza, municipio de la misma comarca y cabecera de la misma, cerró el ayuntamiento ante la imposibilidad de poder prestar algún servicio. La localidad también se quedó sin conexión. Telefónica cortó la única línea de cable coaxial que tenía el pueblo sin haber terminado antes la instalación de fibra óptica.

Son dos ejemplos de una realidad cotidiana para muchos pequeños municipios del interior del país. Una buena conexión a internet, al igual que la educación y la sanidad, es un servicio básico que a juicio de la coordinadora de la España Vaciada debería estar garantizado por la Administración. El presidente, Pedro Sánchez, prometió en su discurso de investidura que todos los municipios tengan en un radio de 30 minutos acceso a los servicios básicos. ¿Pero qué se considera como tales?, ¿cuáles asumiría el Gobierno central y cuáles corresponden a las comunidades?

“En Soria tenemos líneas de autobús que tardan en llegar más de 30 minutos al instituto, al centro de salud o a una farmacia. Incluso es imposible en transporte particular”, ilustra Ángel Ceña, procurador de Soria ¡Ya! en las Cortes de Castilla y León. Ceña apunta que la medida de los 30 minutos es una copia parcial de una iniciativa de la coordinadora de la España Vaciada, mucho más ambiciosa que la promesa de Sánchez. 100/30/30, la propuesta de la plataforma, pasa por garantizar que todos los pueblos tengan una cobertura de internet de 100 megas simétricos (similar al 4G) y acceso en un radio de 30 minutos a servicios básicos, pero también a una vía de transporte de alta capacidad.

Este miércoles, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se reunirá con los delegados del Gobierno en las diferentes comunidades para analizar, entre otras cuestiones, qué servicios debe garantizar la promesa de Sánchez. Para Ceña, lo primero que debería hacer el Gobierno es definir una cartera de servicios básicos, que no solo se pueden limitar a la educación y a la sanidad, también a otras cuestiones, como el ocio, para conseguir un equilibrio territorial real. De hecho, según se puede comprobar en los mapas que acompañan esta información, la red de centros de salud y de colegios e institutos, aunque con excepciones, es bastante tupida y deja pocos puntos sin cubrir en un radio aproximado de 30 minutos. ¿Qué le hace falta entonces a la España interior?

¿Dónde está la Administración central?

Jesús Ángel Peregrina Molina es el alcalde de Arcos de Jalón (Soria). Su municipio, con unos 1.500 habitantes y a 92 kilómetros de la capital de la provincia, tiene centro de salud, colegio e instituto con Bachillerato. Las necesidades básicas sanitarias y educativas, competencia autonómica, están cubiertas, pero lo que flaquea son los servicios que dependen de la Administración central. El regidor pone un ejemplo “con una cosa tan básica y simple como es el certificado digital”. En un viaje a Soria capital, aprovechó para pasarse por la sede de Hacienda para sacarse el certificado, pero no pudo. Solo podía hacerlo con cita previa. Tuvo que ir otro día y hacerse 180 kilómetros para “una gestión que no dura ni un minuto”.

“Se podrían facilitar muchas cosas sin tener que hacer desplazamientos largos”, señala el alcalde, que pone otro ejemplo, la renovación del DNI, trámite para el que también hay que acudir a la capital a menos que el momento de actualizarlo coincida con alguno de los viajes de las oficinas móviles que se desplazan a las localidades intermedias para facilitar la gestión.

La conexión a internet tampoco es buena en la localidad y provoca situaciones surrealistas. El ayuntamiento lleva años batallando con las empresas de telecomunicaciones para instalar fibra óptica y, aunque los trabajos han empezado, hay partes del municipio donde todavía no se ha desplegado el servicio. “Tenemos un centro base de conservación de carreteras, pero se plantean marcharse de aquí por la conexión a internet”, explica el alcalde. Los operarios tienen que trabajar con una conexión ADSL y “aprovechan las noches para descargarse los planos a ver si así no se queda colgado el ordenador”.

Menos cuarteles, menos vecinos

Los vecinos de Santiago Martín, alcalde de Anchuras (327 habitantes, Ciudad Real), no tienen un centro de salud en el pueblo, pero sí les visitan cada semana un médico y una enfermera. Para las urgencias más extremas, cuentan con un helipuerto nocturno. “Alguna vez lo hemos tenido que utilizar. Desde que se activa el servicio y hasta que llega, tarda 20 minutos”, explica el edil, contento con el sistema. Sin embargo, para que los adolescentes puedan ir al instituto, el viaje, según describe, es una pesadilla: “Son 34 kilómetros infernales en los que te dejas cerca de una hora”.

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Los habitantes de Anchuras cuentan con más facilidades que en otros municipios por el empeño del alcalde, uno de los impulsores en Castilla-La Mancha de la deducción fiscal para aquellos que optan por vivir y mantener negocios en zonas despobladas de la región. El ayuntamiento cofinancia con la Junta los pisos tutelados y las ayudas a domicilio para mayores, el servicio de guardería de cero a tres años y corre con los gastos de los taxis a demanda para los vecinos de las cuatro pedanías. Los usan para a su vez poder coger el autobús que va a Talavera o para realizar pequeñas compras y gestiones en Anchuras.

Sin embargo, una de las cosas que más echa en falta Martín es la Guardia Civil. “Aquí hubo un cuartel hasta los noventa. Cuando hablamos de la despoblación no es una cosa que sucede de la noche a la mañana, es un proceso fruto de decisiones que se tomaron en su momento y que han repercutido de forma negativa en los pueblos”, y entre ellas figura la reorganización de los agentes, normalmente jóvenes que se instalaban con sus familias. Para el alcalde, no se pensó en las “consecuencias negativas” que podía traer aparejada la eliminación de cuarteles a lo ancho y largo de España, no por una simple cuestión de seguridad, también por el hecho de fijar población.

Medidas contra la soledad

Daniel Carrillo, alcalde de Brieva de Cameros (46 habitantes, La Rioja), lo que echa en falta son servicios para “la participación activa de las personas mayores”. “La población es muy mayor y lo que me piden todos es al menos una actividad diaria que les permita hacer algo”, añade. Por hacer algo entiende gestos tan cotidianos como el poder hablar con alguien o dar un pequeño paseo. Es la fórmula para que se “sientan vivos”, de ahí que cada vez que pasa consulta el médico todos los vecinos acudan. Probablemente, señala el alcalde, no sea necesario por una cuestión de salud física, pero sí para cubrir otras necesidades. “Viven casi todos solos y entre ellos se cuidan. Por ejemplo, al salir de casa se fijan si algún vecino no ha levantado la persiana y si notan algo raro se acercan a preguntar”, ilustra.

Por lo demás, Carrillo sostiene que el resto de necesidades están cubiertas y cuenta con orgullo que es el único pueblo con bar abierto todos los días del año. El local funciona a través de una concesión municipal y el ayuntamiento, además del negocio, facilita una vivienda. No es la única casa pública de la localidad, también dan una vivienda al pastor que se encarga del rebaño municipal y a los estudiantes de la escuela de pastores, una iniciativa puesta en marcha para luchar contra la despoblación y que oferta una amplia variedad de cursos (manejo de dron para supervisar los rebaños, uso de aparatos GPS o cómo esquilar).

La creatividad para luchar contra algunas carencias es una tónica habitual en la España interior. Por eso, cuando el panadero de un pueblo cercano dejó de pasar a diario por la subida de combustibles, el ayuntamiento lo que hizo fue comprar un horno y un congelador y habilitar un pequeño obrador en el hogar de las personas mayores. Así, Brieva de Cameros vuelve a tener pan todos los días y sus vecinos, una excusa para salir de casa.