Los tribunales se enfrentan a un 2024 de alto voltaje marcado por la amnistía

La palabra del año 2023 ha sido polarización, pero es probable que la de 2024 sea amnistía. La ley, su tramitación, su aplicación o discusión por parte de los tribunales y sus beneficios o consecuencias marcarán el año que comienza, como ya han marcado la segunda parte del anterior. El momento de intervención de los jueces no llegará hasta la próxima primavera, cuando se prevé la entrada en vigor de la norma después de su paso por el Congreso y el Senado. Una vez se publique en el BOE, aquellos magistrados que instruyan causas vinculadas con el proceso independentista catalán moverán ficha. Y empezará la fiesta.

La amnistía y sus derivadas salpicarán todo el mapa judicial. De la Fiscalía al Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y distintos tribunales de instrucción. No queda fuera el Tribunal Constitucional, que aunque no adopte durante el año una decisión sobre el encaje de la norma en la Carta Magna, sí deberá pronunciarse sobre otros asuntos relacionados con ella. Es el caso, por ejemplo, del recurso que prevé presentar el grupo socialista en el Senado contra la reforma del reglamento de la Cámara aprobada gracias a la mayoría absoluta del PP y destinada a ralentizar la aprobación de la ley de amnistía.

El año que entra se convertirá, además, en el que Puigdemont espera sea el de su vuelta a Cataluña. En principio, todo apunta a que la presentación de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el Tribunal Supremo que instruye el principal procedimiento que le afecta a la cabeza, supondrá una suspensión temporal de la aplicación de la gracia hasta que se produzca su fallo. Después seguirán los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad al TC. Sin embargo, a pesar de que no se determine de forma definitiva el beneficio de la ley, la extinción de responsabilidad penal que esta supone le protege por completo ante posibles arrestos, de forma que, salvo que él decida aplazarlo, su regreso coincidirá con la entrada en vigor de la norma.

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También habrá movimientos en otros tribunales como la Audiencia Nacional, que condensa el origen de las dos diligencias más polémicas por el carácter del delito que se atribuye a los procesados o investigados: el terrorismo. El año que arranca determinará si los miembros radicalizados de los CDR que fueron sorprendidos cuando planeaban acciones con explosivos y los vinculados a la plataforma Tsunami acaban o no amnistiados. En Cataluña se concentran, por otra parte, decenas de causas que afectan a cargos intermedios de Junts y ERC y a centenares de acusados de desórdenes públicos.

Renovación del CGPJ y comisiones

Con ese prólogo de la amnistía, el año arranca con una enorme tensión entre el poder judicial y el Ejecutivo que no tiene visos de aflojar. Hay otros dos aspectos que ceban la crispación y que centrarán también la atención a lo largo de 2024. Por una parte, han comenzado a moverse los engranajes para un acuerdo entre el PSOE y el PP que logre, al fin, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Con la solicitud de mediación europea como garantía, los dos principales partidos abordarán de nuevo la posibilidad de un pacto que hasta ahora solo amontona fracasos. Si el recambio se logra, el nuevo CGPJ tendrá desde el inicio sobre la mesa el nombramiento de decenas de cargos judiciales que quedaron bloqueados en los últimos años.

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En 2024 comenzarán, además, los trabajos de las comisiones bautizadas como del lawfare, que han sido el principal punto de fricción entre los jueces y el Gobierno en la segunda parte del año. Está por ver si el PSOE cumple su promesa de no apoyar la citación de los magistrados señalados por el independentismo y también la reacción a este límite desde Junts y ERC y el impulso, conclusiones y repercusión que se den a estos órganos parlamentarios. El acuerdo político firmado entre el PSOE y Junts asegura que las conclusiones de estas comisiones "se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

El beso y Villarejo

Al margen del monotema, hay otros dos asuntos que evolucionarán a lo largo del año. El procedimiento en marcha por el beso que Luis Rubiales propinó a Jenni Hermoso tras la final del Mundial acabará su fase de instrucción. Las diligencias se abrieron después de que la jugadora denunciara formalmente ante la Fiscalía que no fue consentido y que ella y su entorno se sintieron presionados por Rubiales y su equipo para que le defendiese públicamente. La Fiscalía se querelló y el juez acabó abriendo una causa contra él, en la que también están investigados por coacciones el exseleccionador Jorge Vilda; el director de la selección masculina, Albert Luque, y el director de Marketing de la RFEF, Rubén Rivera. Los cuatro han negado haber presionado a la jugadora o a su entorno más cercano y el propio Rubiales sigue manteniendo que el beso fue consentido, fruto de la "efusividad" y "espontaneidad" de la celebración de la victoria de la Selección. En estos meses de investigación, el juez ha interrogado a más de una decena de testigos.

El año 2024 también será fundamental para el avance o estancamiento de la macrocausa sobre el comisario Villarejo. La Sala de lo Penal le condenó a 19 años de prisión en su primera sentencia, lo que, en principio, desinfla el recorrido penológico de las más de 30 piezas que hay abiertas en las que coincide la acusación por delitos de revelación de secretos y cohecho. Varias de las principales ramificaciones están ya preparadas para ser juzgadas.