Junts abre un cisma entre los socios del Gobierno por querer echar a los inmigrantes

Primer conflicto ideológico de la legislatura en el seno de la mayoría que sujeta a Pedro Sánchez. Después de que el Gobierno haya pactado con Junts la aprobación de una ley orgánica para delegar en la Generalitat las competencias de inmigración, la exhibición de la posición del partido de Carles Puigdemont en esta materia ha provocado el rechazo de los socios progresistas y del propio PSOE. La mezcolanza de formaciones de derechas y de izquierda en la aritmética de la investidura entrañaba ese riesgo. Por eso el PNV lleva meses recetando mesura.

Pero este primer choque, originado con el beneplácito de la Moncloa, lo ha provocado la parte conservadora. Junts exigió este y otros compromisos al Gobierno para no votar en contra de tres reales decretos y logró que se lo concediera. Su discurso sobre la inmigración difiere totalmente de las posiciones del resto de socios. Según un reciente sondeo de Metroscopia, la opinión de los votantes de la formación independentista se asemeja a la de los electores del PP y Vox: "Existe una inmigración descontrolada que necesita ser reconducida".

Tras la euforia del miércoles por lograr convalidar dos decretos —el otro lo tumbó Podemos—, el Ejecutivo se lanzó este jueves a intentar diluir el peaje pagado a los de Puigdemont. El traspaso de inmigración trató de alejarse con el argumento de que la delegación se hará a través de una ley orgánica, que requiere el apoyo de todos los grupos de la mayoría del Gobierno. Hay que ir "paso a paso" y "ver el alcance", dijo la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. En esta línea, la consellera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà, ha dicho que Bolaños reiteró el jueves que el acuerdo no es, en ningún caso, un traspaso de competencias, y que se limitará a ser una "delegación", que tampoco está sellada. "Es un acuerdo muy difuso", ha apuntado.

El problema fue que Junts se explayó en los detalles sobre qué pretenden conseguir con esta competencia. Su secretario general, Jordi Turull, explicó que aspiran a que el Govern pueda decidir sobre la expulsión de inmigrantes en situación irregular que sean reincidentes. Y la presidenta, Laura Borràs, que podrán influir en el reparto de extranjeros: "Cataluña representa un 16% de la población, pero está recibiendo cupos de inmigrantes vinculados a un 23%".

Como informó este diario, Junts ha pasado en tres años de pedir que se cerrasen los centros de internamiento de extranjeros (CIE) a abogar por echar a los extranjeros. Con este giro, tratan de hacer frente a la alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, al frente de Aliança Catalana, una formación independentista de ultraderecha, y cerrar su posible salto al Parlament. La gestión de la inmigración es un tema que despierta controversia. La misma encuesta de Metroscopia, de hecho, revela que el 29% de los catalanes cree que la administración actual no es la adecuada.

El discurso sobre los inmigrantes de Junts ha provocado un cisma en el propio Gobierno y con el resto de aliados y ha obligado al PSOE a poner distancia. El portavoz en el Senado, Juan Espadas, aseguró que "dicen muchas cosas" con las que "no estamos de acuerdo los socialistas". Internamente, fuentes del partido apuntan que tienen "posiciones muy reaccionarias".

TE PUEDE INTERESAR

Solo el 29% de los catalanes cree que la gestión de la inmigración en Cataluña va en la buena dirección

Lino Vargas

Aunque la Moncloa y Ferraz han tratado de contener el debate para evitar que se desborde, hasta su propio socio de coalición ha criticado abiertamente la postura de Junts. La portavoz de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, destacó que "estamos hablando de derechos humanos, de gente que vive al límite, y el recibimiento que tenemos que darles no tiene nada que ver con esta patada en el culo que pretende hacer Junts, siguiendo los pasitos de la ultraderecha".

Vidal cree que lo hacen para tratar de "disputar" el cupo de la extrema derecha en Ripoll, cuyo Gobierno local, dijo, tiene un mensaje "absolutamente racista". La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, una formación que también integra Sumar, aseguró en X que respaldan la cesión de competencias, pero "no para criminalizar a las personas migrantes, como hace Junts, sino porque queremos que Cataluña continúe siendo la tierra de acogida que siempre ha demostrado ser".

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, manifestó en la misma red social que "la izquierda es orden y debe ser contundente en la defensa de un modelo de seguridad y lucha contra la delincuencia"; pero, añadió, también es "antifascismo y debe ser contundente en la denuncia de los discursos que vinculan al pobre y al migrante, se hagan con una rojigualda o con una estelada".

TE PUEDE INTERESAR

JxCAT abre el melón de la inmigración para cerrar el paso a una candidatura de Orriols

Marcos Lamelas. Barcelona

Sumar y ERC, además del PSOE, PNV, Bildu y el BNG, son imprescindibles para aprobar la ley orgánica de delegación de las competencias de inmigración a Cataluña. Nadie se opone a la transferencia, pero sí a lo que Junts quiere hacer con ella. Los pactos con los independentistas han sido criticados por las comunidades del PP, porque suponen un nuevo vaciamiento del Estado. Pero ha sido Canarias quien ha situado la discusión en el ámbito de la gestión y en lo puramente humanitario.

Canarias da la voz de alarma

El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, de Coalición Canaria, reclamó una reunión "urgente" de la conferencia sectorial de migraciones para conocer la "letra pequeña", porque el pacto no puede "condenar" a Canarias. Ante la inmigración, afirmó, debe de haber una "respuesta unitaria" del Estado y la UE para "no alterar el posible reparto de menores migrantes no acompañados" o el "cómo se atiende" en función de a qué comunidad autónoma se llega.

Los mensajes de Junts en esta materia generan un flanco de debilidad en el Ejecutivo, sensible a la cuestión migratoria. Aunque criticado también por sus propios socios por la tragedia en la valla de Melilla de junio de 2022, el uso de las devoluciones en caliente o de concertinas, utiliza frecuentemente este asunto para censurar a Vox y al PP, por apoyarse en el partido de Santiago Abascal. El traspaso de la inmigración fue la concesión que más costó a los independentistas arrancarle al Gobierno. No dio el sí hasta el último momento. Los de Puigdemont insisten en que pondrán exigencias en cada votación: "Pieza a pieza".