Los abogados de Junts y ERC se conjuran con Moncloa para blindar el avance de la amnistía

El larguísimo pleno del Congreso que sirvió para demostrar que la estabilidad de la legislatura camina por un estrecho desfiladero tenía un punto sobre la ley de amnistía que casi pasó desapercibido. Los decretos que pendían de un hilo y el pacto entre el PSOE y Junts, que salvó dos de los tres, acapararon toda la atención y opacaron el debate respecto a la norma sobre la que ha girado todo el proceso de investidura de Pedro Sánchez. Es una situación que simboliza bien la realidad política del país y que deja claro que la tramitación del texto sigue adelante. Y que los partidos que la han impulsado (PSOE, Sumar, Junts y ERC) avanzan paso a paso hacia una aprobación que esperan se produzca lo antes posible.

El Gobierno ya dejó claro a finales de año que el texto que recibió luz verde a mediados de diciembre sería muy parecido al que figurará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una vez culmine la aprobación y supere los obstáculos que planteará el PP desde el Senado. "La ley saldrá como entró", dijo entonces una fuente de la Moncloa. Pero las partes implicadas contemplan la posibilidad de introducir enmiendas "técnicas" y tienen también claro que cualquier modificación debe ser consensuada. "Todo el mundo se lo quiere cargar ahí fuera, no vamos a andar con tonterías", apunta una fuente conocedora de las negociaciones, que deben acabar en las próximas horas, ya que el plazo para la presentación de las enmiendas acaba este martes.

Unas negociaciones que están a cargo de los equipos jurídicos de unos y otros y que tenían la primera reunión prevista esta semana. La situación recuerda al proceso de investidura, cuando el pacto entre PSOE y Junts se alargó por diferencias técnicas en la redacción del texto. Hay que recordar que la intención inicial era que todos los partidos que apoyaban la ley firmasen la proposición, pero ese retraso y esas disparidades provocaron que la norma solo llevara la rúbrica del grupo parlamentario socialista. Entonces se habló de esa posibilidad de enmendar una ley que está redactada con gran meticulosidad para evitar cualquier resquicio que pueda dar alas a un recurso ante el Tribunal Constitucional.

El terremoto parlamentario que se produjo el miércoles en el Senado —que albergó el pleno del Congreso por las obras en el hemiciclo de la carrera de San Jerónimo— no ha afectado a esta voluntad de blindar la tramitación de la ley de amnistía del resto de la bronca política. "Todo el mundo se está portando muy bien", admite la citada fuente, que asegura que las conversaciones se mantienen principalmente entre esos equipos de juristas que abordan los posibles cambios. La voluntad de acuerdo es tan sólida que hay un convencimiento en que si no se llega a ningún acuerdo, no habrá enmiendas a la ley.

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Las modificaciones deberán contar con el aval de PSOE, Sumar, Junts y ERC, pero también de Podemos, EH Bildu, PNV y BNG, el resto de partidos que apoyaron la tramitación de la norma que supondrá el perdón general a los implicados en el procés desde sus inicios hasta la entrada en vigor de la ley. La disparidad, explican fuentes de la negociación, está ahora mismo en las posiciones de los neoconvergentes, pero hay optimismo en llegar a buen puerto.

A pesar de alguna mordacidad, hay consenso en que la situación de la ley de amnistía es muy distinta a la del resto de normas que lleguen al Congreso, aunque el rechazo de Junts al decreto ómnibus que acabó aprobado el miércoles tenía que ver con una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, según los de Carles Puigdemont, podía paralizar la aplicación de la ley de amnistía. Fuentes jurídicas insisten en que el polémico artículo 43 bis de la Lecrim no cambiaba nada, ya que el planteamiento de una cuestión prejudicial contra cualquier norma por parte de un tribunal europeo ya supone la paralización de facto del texto.

La voluntad de los independentistas es que el trámite de la ley se produzca cuanto antes. "Finales de este mes o principios del siguiente"

La voluntad de los independentistas es que el trámite de la ley de amnistía se produzca cuanto antes. "Finales de este mes o principios del siguiente", apuntan fuentes de las formaciones secesionistas catalanas. La pugna que ERC y Junts mantienen desde que ambos son socios del Ejecutivo no parece afectar a la norma más relevante de la legislatura, aunque hay recelos entre republicanos y neoconvergentes. Ha quedado demostrado con el acuerdo alcanzado por Junts con el PSOE para poner en marcha la cesión de las competencias en inmigración, que ha despertado suspicacias en ERC.

Lo que hay de fondo es la cercanía de las elecciones catalanas, previstas para dentro de un año, aunque nadie descarta un adelanto a finales de 2024. Y la novedad es que los de Carles Puigdemont se están estrenando como aliados parlamentarios de Sánchez. A esta voluntad por diferenciarse, achacan en la Moncloa la sobreactuación de Junts, con intriga hasta el último momento, en las votaciones de esta semana. "Quieren marcar diferencias", dijo la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una de las responsables de la negociación.