Moncloa pacta con ERC y Junts 'mejoras' a la amnistía para limitar el margen de los jueces

La ley de amnistía está al borde de sufrir cambios. Pocos y "técnicos", pero cambios al fin y al cabo. Junts y ERC han entrado en la fase final de la negociación con el PSOE sobre las enmiendas al texto, que quieren presentar ya pactadas para garantizar su aprobación y cuyo plazo expira este martes. La principal preocupación de los partidos independentistas son los jueces y la interpretación que estos realicen del alcance de la norma. Por ello, trabajan en la inclusión de modificaciones que limiten este margen. Están destinadas a tratar de blindar el articulado y evitar, en la medida de lo posible, que no beneficie a todos los afectados por causas vinculadas al proceso independentista de Cataluña o que los beneficie tarde, indican fuentes conocedoras de las conversaciones. La Moncloa, por su parte, trata de que esos incisos sean mínimos y que su propuesta se mantenga intacta en su práctica totalidad.

El texto registrado y en trámite parlamentario ya mostraba una especial preocupación por la lectura que hiciera de él la judicatura. Intenta fijar plazos e instrucciones destinados a los tribunales. Indica, por ejemplo, que se tendrá que aplicar con carácter "preferente y urgente" y que "las decisiones se adoptarán en el plazo máximo de dos meses, sin perjuicio de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos".

Se incluye, también, una cláusula escrita a la medida del Tribunal Supremo. Ante la previsión de posibles recursos, en una de sus cláusulas especifica que la entrada en vigor de esta ley implicará el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas respecto de acciones u omisiones amnistiadas en relación con las personas beneficiadas por la amnistía.

Precisa, además, que, en todo caso, se alzarán las citadas medidas cautelares incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley o alguna de sus disposiciones. Para justificar estas prevenciones, la norma apunta al "carácter de ley singular". Según defiende, los tribunales deberán adoptar "con carácter preferente y urgente las decisiones pertinentes en cumplimiento de esta ley, cualquiera que fuera el estado de tramitación del procedimiento administrativo o del proceso judicial o contable de que se trate".

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Con el objetivo de asegurar su aplicación "en el plazo máximo de dos meses", la ley precisa incluso el modo en que deberá activarse en cada procedimiento. "De aplicarse durante la fase de instrucción o la fase intermedia, se decretará el sobreseimiento libre, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes", afirma. "De aplicarse durante la fase de juicio oral, el órgano judicial que estuviera conociendo del enjuiciamiento dictará auto de sobreseimiento libre o, en su caso, sentencia absolutoria".

Más garantías

Todas esas prevenciones se consideran insuficientes desde Junts y ERC, que buscan más garantías, y sobre ellas llevan semanas negociando con el PSOE. Los dos partidos independentistas han dejado a un lado sus diferencias para blindar un texto clave en la legislatura y se han aliado con los socialistas para hacerlo. El leitmotiv es doble. De un lado, la relevancia que tiene la norma que supondrá el perdón general para los implicados en el procés. Del otro, el rechazo que se espera que el texto tenga tanto en el trámite parlamentario como en la posterior aplicación.

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La voluntad, desde el principio, era que los retoques fueran leves y muy técnicos. Por ese motivo, la negociación la han protagonizado equipos jurídicos, igual que pasó en el último tramo de las conversaciones entre PSOE y Junts para cerrar el pacto de investidura de Sánchez. Esas disparidades técnicas no se solucionaron en noviembre y por ese motivo los socialistas registraron en solitario la norma y no con el resto de socios, como pretendían inicialmente.

En las últimas horas, tanto JxCAT como ERC han dado pistas de sus demandas. El secretario general de Junts, Jordi Turull, aseguró, por ejemplo, este lunes que el debate está destinado a "blindar mucho más la ley" por si alguien cree que puede haber "una grieta". La cúpula judicial, dijo, "quiere intentar boicotearla". Por su parte, Pere Aragonès indicó que la ley debe ser lo más sólida posible "porque tiene enemigos". "Hay enemigos de la resolución en la conexión del conflicto político. Hay enemigos por el hecho de que este país pase de una situación de conflicto a ser una institución de debate, diálogo, negociación y poder hallar acuerdos. Y estos enemigos son muy poderosos a nivel de España e intentarán boicotear la aplicación de la ley en su espíritu y en su forma", indicó.

El acuerdo de todos los partidos de la investidura

La aritmética parlamentaria que salió del 23-J obliga a que todos los partidos que apoyaron a Sánchez para ser reelegido presidente estén informados de estas negociaciones, porque su voto afirmativo es necesario. Solo Coalición Canaria es una excepción, ya que acordó con el PSOE apoyar al presidente, pero no la ley de amnistía.

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Hay que recordar que el apoyo de la ley de amnistía es muy reciente. No fue hasta el 28 de octubre cuando Pedro Sánchez habló abiertamente de la necesidad de impulsar esta norma. Fue en un comité federal, poco después de conocerse el acuerdo con Sumar y comenzar las negociaciones para su investidura. Entonces acuñó aquello de "hacer de la necesidad virtud", ya que admitió que no estaba entre sus planes aprobar esta norma. El argumento para ese viraje era la necesidad de formar Gobierno apoyándose en Junts (y el resto de fuerzas nacionalistas e independentistas) para evitar un Ejecutivo de PP y Vox presidido por Alberto Núñez Feijóo.

Dos meses y medio más tarde, Sánchez es consciente de que debe hacer "pedagogía", como dijo el lunes en una entrevista en RNE. El presidente del Gobierno conoce las encuestas que indican que la ciudadanía rechaza de forma mayoritaria esta ley, algo que también ocurre entre sus votantes, y por eso el PSOE ha puesto en marcha una campaña que involucra a sus cargos públicos por todo el país. Eso no es un obstáculo para que los socialistas mantengan todas las precauciones en la tramitación de la norma, que se dilatará con total seguridad cuando llegue al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.