Puigdemont ya busca blindar su vuelta a la primera línea política a través de otra ley

Junts per Catalunya quiere ir un paso más allá de la ley de amnistía y reforzar el blindaje de Carles Puigdemont a través del conocido como decreto ómnibus del Gobierno de Pedro Sánchez. El partido del expresident ha aprovechado su tramitación como proyecto de ley para presentar una enmienda que busca limitar el margen de maniobra del Tribunal Supremo de cara a su vuelta a España. La Comisión de Justicia del Congreso registró esta propuesta el 6 de marzo, horas antes de que el Ejecutivo anunciara el texto final de la ley de amnistía.

El objetivo de la enmienda consiste en bloquear la posibilidad de que el Supremo aparte al expresident del ejercicio de un cargo público. La ley de amnistía en principio cierra esa vía al conllevar el archivo de todas las causas contra él, pero si el tribunal encuentra algún resquicio, Junts ya piensa en un segundo salvavidas. Esta enmienda obligará al PSOE a decidir si cede a las demandas de la formación independentista en plena campaña de las elecciones catalanas y con Puigdemont tanteando la opción de ser el candidato.

La clave gira en torno al artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Este precepto establece que, cuando el auto de procesamiento es firme y se decreta la prisión provisional para "terroristas o rebeldes", el investigado queda "automáticamente suspendido" en el ejercicio de su cargo público "mientras dure la situación de prisión".

Para que este artículo frustrara el hipotético retorno de Puigdemont como president o su reelección como eurodiputado aún deberían darse varios factores, pero Junts no quiere correr riesgos y pide derogarlo a través del decreto ómnibus. Según argumenta en su enmienda, los tribunales han utilizado "torticeramente" este artículo durante los últimos años para "impedir el legítimo ejercicio de los derechos políticos de quienes simplemente profesan determinadas ideologías".

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Como ya desveló este diario el 5 de marzo, las horas finales de negociación sobre la ley de amnistía se vieron marcadas por la preocupación de Puigdemont a que este artículo desembocara en una muerte política similar a la de Oriol Junqueras. El líder de ERC conoce bien el 384 Bis. Tras su procesamiento por rebelión y después de que se dictara su ingreso en prisión provisional, él y otros acusados del procés ya se vieron obligados a renunciar a sus escaños pese a salir elegidos para el Parlament en 2017 o las elecciones generales en 2019.

En el caso de Puigdemont, la causa del procés ya no sería una amenaza porque el delito de rebelión ha quedado descartado. Sin embargo, en Tsunami Democràtic se le investiga por delitos de terrorismo, y eso sí podría complicar sus aspiraciones políticas. La causa acaba de abrirse y el Supremo primero necesitaría pedir a la Eurocámara que le levante la inmunidad, tras lo que le citaría como imputado por terrorismo. Si no acude, el tribunal podría dictar entonces su busca y captura e ingreso en prisión. Según advierten fuentes jurídicas, en ese punto ya se cumplirían los requisitos del 384 bis para impedirle ocupar un cargo público.

La aplicación inmediata de la amnistía

Junts también ha presentado una segunda enmienda en la tramitación del decreto ómnibus que responde a la posibilidad de que el Supremo no aplique la amnistía a Puigdemont de manera inmediata, sino que bloquee parte de sus efectos al plantear una cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta vía obliga a paralizar el procedimiento hasta que la Justicia europea resuelve las dudas y, por tanto, la aplicación de la amnistía podría retrasarse durante meses o incluso años en causas como la del procés o Tsunami.

Ese escenario de paralización ya se ha dado durante los últimos años, cuando un tribunal planteaba una cuestión prejudicial al TJUE, pero el decreto ómnibus incluye una reforma legal que deja negro sobre blanco el modo de proceder ante las mismas: "El auto de planteamiento de la cuestión prejudicial ante el TJUE acordará la suspensión de las actuaciones hasta que conste en autos la resolución del TJUE que decida la cuestión prejudicial o se acuerde la retirada de la cuestión prejudicial", establece el nuevo artículo 43 Bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En Junts llevan meses insistiendo en que este artículo puede complicar la aplicación de la amnistía e incluso amenazaron con votar en contra del decreto ómnibus, pero finalmente cerraron un pacto in extremis con el PSOE que, según afirmaron, incluía suprimir ese artículo concreto. Desde el Gobierno no llegaron a confirmar ese extremo de manera oficial, pero el partido de Puigdemont insiste ahora en eliminar el nuevo 43 Bis a través de esta segunda enmienda: "La suspensión sine die o por tiempos muy largos de los procedimientos puede resultar altamente perjudicial por las partes afectadas por los mismos", argumentan.