La Moncloa impulsa un plan legislativo social de "mayorías" para intentar esquivar a Junts

El Gobierno se afana en vender que hay margen para una legislatura larga, sólida, a pesar de la influencia crucial en la gobernabilidad de las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. Con ERC y Junts como socios fundamentales de Pedro Sánchez, el resultado de estos comicios puede provocar que algunos de los dos decida dejar de prestarle apoyo. En la Moncloa han optado por obviar el punto de partido del 12-M e impulsar su gestión hacia delante, pese a que ni siquiera se han podido sacar los presupuestos de este año.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el Plan Normativo de la Administración General del Estado con toda la actividad legislativa que llevará a cabo este año. En total, 198 iniciativas, la gran mayoría (149) reales decretos que no necesitan la convalidación del Congreso, tanto para transponer directivas europeas como para cumplir con compromisos con la UE, entre otros objetivos. Pero el Gobierno aprobará también 43 leyes ordinarias y seis leyes orgánicas, en las que necesita contar con una mayoría parlamentaria.

Y ese apoyo no está garantizado en estos momentos por la incertidumbre de las catalanas y el futuro respaldo de ERC y Junts. Si el candidato del PSC, Salvador Illa, a quien las encuestas sitúan como ganador, pero con necesidad de alcanzar pactos para ser presidente de la Generalitat, se sujeta en alguna de estas dos formaciones independentistas, la otra podría reaccionar a la contra negando sus votos a Sánchez en el Congreso.

Y, aunque al final la exigua mayoría que tiene el Ejecutivo se mantuviera, la formación de Carles Puigdemont insiste frecuentemente en que no se siente concernida en la estabilidad y que negociará cada votación. Con este horizonte de dificultades, el Gobierno quiere concentrar sus esfuerzos, primero en aprobar los presupuestos de 2025, vitales para permanecer al menos dos años más, y después en una agenda legislativa reformista y social que les permita atraer al PP y esquivar su dependencia de Junts.

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Marisol Hernández

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, presentó este martes un plan normativo para 2024 con leyes como ley de prevención de consumo del alcohol y sus efectos en los menores de edad; la ley de protección de menores en el entorno digital; ley de juventud; ley orgánica de medidas para la mejora de la protección de la igualdad de género; ley de disfrute y acceso a los servicios sociales; ley de transformación de la administración pública; mejora de las condiciones laborales del personal estatutario de los servicios de salud, y cambios en el empleo agrario.

Además, se elaborará una ley de industria, del cine, la esperada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o una ley de asistencia jurídica, entre otras. Todos asuntos que, según fuentes gubernamentales, son "de mayorías", lo que permitirá al Gobierno, defienden, poder aprobarlas sin depender únicamente de su bloque, ya de por sí complejo porque está conformado por partidos de tinte ideológico distinto. De izquierdas, sobre todo, pero también de derechas, como PNV y Junts.

No obstante, sus propios socios han tildado hoy esta agenda legislativa de "irreal", por su propia amplitud y por la falta de consenso con que se propone. Los nacionalistas vascos consideran "ilusoria" esta producción legislativa, con tres elecciones a la vista -en Euskadi el 21 de abril, Cataluña y las europeas del 9 de junio- y la negociación de de los presupuestos de 2025. Y han reprochado al Ejecutivo que no incluya su histórica demanda de reforma de la Ley de Secretos Oficiales.