Una sentencia cuestiona por primera vez los contratos del caso Koldo: "La empresa carecía de solvencia"

"No es aceptable ni entendible" que varias administraciones socialistas adjudicasen contratos millonarios durante la pandemia a la empresa investigada en el caso Koldo porque carecía de solvencia y experiencia en el sector sanitario. "Carecía de solvencia técnica, así como de la adecuada solvencia financiera". Lo dice una sentencia judicial dictada este lunes por la Audiencia Provincial de Zaragoza. Se trata de la primera resolución judicial que se hace eco del escándalo en torno a la trama que derivó en el arresto del asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

"Lo que no es entendible, ni aceptable, es que esa contratación millonaria de suministros, que incumplía de principio a fin todos los requisitos básicos para concurrir a la contratación pública, aun en supuestos de emergencia, se terminan adjudicando los suministros a un operador completamente desconocido en el tráfico jurídico/económico del sector", dice la resolución a la que ha tenido acceso El Confidencial.

Añaden los jueces que, siendo cierto que "no parece existir un sobreprecio, valorado su precio en el contexto de un mercado sobretensionado", a día de hoy es un "hecho notorio que sobre la calidad del material servido a las Islas Baleares existe una situación controvertida". Se refiere la sentencia al contrato que le adjudicó el Gobierno autonómico que entonces dirigía la presidenta balear Francina Armengol –actual presidenta del Congreso de los Diputados– a la citada empresa, Soluciones de Gestión.

Baleares pagó 3,7 millones de euros para comprar material sanitario a la empresa para la que el asesor del ministro hacía de conseguidor ante las administraciones dirigidas por el PSOE. Según la Guardia Civil, luego la mercantil le pagó comisiones por sus gestiones. Cuando llegó el material a Baleares, se dieron cuenta de que una buena parte de las mascarillas no eran del modelo por el que habían pagado y las dejaron durante años almacenadas en una nave sin reclamar el dinero de vuelta.

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Los jueces de la Audiencia Provincial extraen esta conclusión para dar la razón al primer denunciante del caso, que fue demandado por la empresa Soluciones de Gestión en respuesta a una serie de artículos publicados en prensa alertando del "chanchullo de dinero público". Este hombre es un abogado llamado Ramiro Grau, el mismo que ya en 2020 emprendió acciones legales contra Ábalos en el Tribunal Supremo y, según dice, remitió media docena de cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para advertirle de lo que estaba pasando. El Supremo desestimó sus argumentos y la Moncloa nunca le contestó.

Cuatro años después, muchas de las cosas que denunció este ciudadano se han sustanciado en las investigaciones que realiza la Guardia Civil bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, si bien el caso se encuentra en fase de investigación y todavía quedan años para que se emita una sentencia.

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La empresa Soluciones de Gestión está vinculada a la familia de Juan Carlos Cueto, otro de los detenidos en la llamada operación Delorme. La investigación ha puesto el foco en los contratos de más de 50 millones de euros que le adjudicaron Puertos del Estado y Adif, dependientes del Ministerio de Transportes, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares.

La demanda de Soluciones de Gestión

Ramiro Grau colaboró con varios medios de comunicación digitales en los que expuso sus críticas por estas concesiones cargando contra la empresa. Por ello, Soluciones de Gestión le demandó y le exigía 50.000 euros de indemnización. La Justicia ya desestimó esta pretensión en primera instancia y absolvió al abogado Ramiro Grau en junio de 2023, antes de que estallara el caso. Ahora, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza confirma esa decisión, pero se hace eco de las novedades conocidas en los últimos meses.

"La libertad de prensa y la libertad de opinión deben prevalecer ante la posición de Soluciones de Gestión derivada de esas adjudicaciones. Y según lo explicado, el objeto social de Soluciones y Gestión no le habilitaba en modo alguno a concurrir a esas contrataciones públicas de suministro de mascarillas", dice el tribunal. "Su actividad contemporánea, o en los años previos a la contratación, según consta en el Informe del Auditor, nada tiene que ver con el suministro de mascarillas", insisten.

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En cuanto a la libertad de expresión del demandado, los jueces reiteran que "existe un interés público, dado que las informaciones afectaban y se referían a un tema al que la sociedad civil presta una especial atención y respecto del que existe una especial sensibilidad. Acrecentadas en los momentos de pandemia, en los que se realizó una contratación pública masiva".

Se da la circunstancia de que el propio Ábalos también mantiene una causa judicial en los mismos términos contra el abogado Grau en un Juzgado de Madrid. El exministro también exige una indemnización. En el marco de las vigilancias realizadas por la UCO de la Guardia Civil se detectó que altos cargos del ministerio se reunieron con Koldo para hacerle llegar una serie de documentos que contenían información reservada. Ábalos ha explicado que era documentación que necesitaba para ejercer la acusación en este pleito contra el ciudadano que ya le llevó ante el Supremo en 2020 sin éxito.