El PP pide que Marlaska vaya al Congreso por el plan que cede a Mossos y Ertzaintza los aeropuertos

El PP ha solicitado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparezca de manera urgente en el Congreso de los Diputados para que explique la instrucción elaborada por su departamento que entrega a los Mossos d’Esquadra y a la Ertzaintza el control de la seguridad en todos sus puertos y aeropuertos de Cataluña y el País Vasco. Hasta ahora, esa función en la zona restringida de estas infraestructuras corresponde a la Guardia Civil, que pasaría a un papel testimonial con el nuevo plan.

Los puertos y aeropuertos tienen el carácter de frontera exterior Schengen —acceso al territorio europeo— por lo que supone entregar a los gobiernos vasco y catalán el control de la seguridad en las fronteras aéreas y marítimas. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, firmó el jueves esta petición de comparecencia urgente ante la Comisión de Interior "para informar sobre la instrucción publicada que revela que el ministerio está trabajando en una instrucción para retirar las competencias de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Puertos y Aeropuertos".

El PP también pide a Interior que remita los documentos e informes en los que se basa ese proyecto y el borrador de la instrucción. En paralelo, la diputada Ana Vázquez, ha registrado una pregunta parlamentaria escrita en la que pide información como la fecha en la que entrará en vigor. Ahora el PP tendrá que convencer a la Mesa de la Comisión de Interior, que está en manos del PSOE y del Grupo Plural.

Esa comisión tiene pendiente cambiar la presidencia porque la ostentaba el exministro de Fomento, José Luis Ábalos, ahora en el Grupo Mixto desde el estallido del 'caso Koldo'. Pero los socialistas mantendrán la mayoría, por lo que es improbable que se produzca la comparecencia de Grande-Marlaska, aunque el Gobierno sí tendrán que responder las preguntas y remitir información.

Ya está redactado el plan

El Confidencial desveló la semana pasada la existencia de ese documento ya redactado en el seno de la Secretaría de Estado de Seguridad, concretamente en el Gabinete de Coordinación y Estudios que dirige el comisario de confianza del ministro, José Antonio Rodríguez. Interior niega que se vayan a ceder las competencias exclusivas que por ley dependen de la Policía Nacional y la Guardia Civil en puertos y aeropuertos. Se refiere a que mantendrán labores de Extranjería, control fiscal y protección perimetral, como también explicó este periódico.

Pero Grande-Marlaska oculta que la instrucción entrega a los cuerpos autonómicos la seguridad tanto en la zona pública como en el área restringida, incluidas las pistas: un incidente en un avión, un registro de las bodegas en caso de amenaza de bomba, la seguridad ciudadana en las terminales mientras los pasajeros esperan para entrar al avión por el finger, la recepción de denuncias, la atención al ciudadano, las investigaciones sobre delitos, la interceptación de drones… Todo este tipo de situaciones, muy comunes, pasarían a estar en manos de los cuerpos autonómicos en sus respectivas comunidades.

TE PUEDE INTERESAR

Policías y guardias civiles exigen a Marlaska que muestre su instrucción sobre aeropuertos y puertos

Alejandro Requeijo

Según fuentes conocedoras de la situación, estos cambios parten de una exigencia de los socios parlamentarios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El criterio que emplea la instrucción es que las competencias en seguridad ciudadana y policía judicial en puertos y aeropuertos la asuma el cuerpo policial que tiene asignada la competencia territorial en esas demarcaciones donde se ubiquen estas infraestructuras críticas, habitualmente en zonas urbanas.

En el País Vasco corresponde a la Ertzaintza y en Cataluña a los Mossos d’Esquadra, pero en el resto de España recae en la Policía Nacional y eso incluye el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde la Guardia Civil también se vería relegada. Interior oculta este plan, aunque el propio consejero de Interior de Cataluña admitió hace semanas que el acuerdo estaba previsto para firmarse en marzo, pero se aplazó. Sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil exigen explicaciones y a esa petición se suma ahora el PP para que el ministro dé cuenta en la Comisión de Interior.