El PP no se fía del TC: retrasará el recurso contra la amnistía y priorizará al TJUE

Génova no tiene prisa por acudir al Tribunal Constitucional. La desconfianza en el órgano de garantías, de mayoría progresista, ha llevado al PP a repensar su estrategia contra la ley de amnistía y trazar una lista de prioridades para no llevar su ofensiva jurídica al naufragio. Aunque no descartan "ninguna opción", fuentes de la cúpula nacional apuestan por retrasar todo lo posible el registro de su anunciado recurso de inconstitucionalidad, con el objetivo de intentar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie antes sobre la medida de gracia. "Esa es nuestra prioridad", inciden.

Las fuentes consultadas apuntan a que no renunciarán en ningún caso a presentar batalla en el Tribunal Constitucional, pero lo sitúan en este momento como su última baza por temor a un nuevo varapalo que permita a Sánchez "blanquear" su agenda con el independentismo. Por eso el PP no utilizará antes de tiempo la pieza del TC para que medie en el conflicto institucional que abrió el Senado —donde los populares tienen mayoría absoluta— con el Congreso para exigir que retire la proposición de ley de amnistía, al entender que debería haberse tramitado como una reforma constitucional.

El partido, guiado por un informe crítico de los letrados de la Cámara Alta con la amnistía, no dudó en abrir un choque de atribuciones en las Cortes. El Senado envió al Congreso un requerimiento formal para exigir la suspensión de la tramitación de la norma. Si el Congreso no respondía o desestimaba la petición, la Cámara Alta podía acudir al Tribunal Constitucional para que resolviese el conflicto. Este martes, la Cámara presidida por Francina Armengol ha desechado el trámite, pero ni en Génova ni en la dirección del PP en la Cámara se plantean en este momento llevar el proceso al órgano de garantías.

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Aunque advierten que la decisión no está definitivamente cerrada, las fuentes consultadas advierten del "error" que sería permitir que el Tribunal Constitucional dé oxígeno a Sánchez antes incluso de que la norma esté plenamente en vigor al intervenir en el choque de atribuciones entre Congreso y Senado. "No podemos fiar nuestra estrategia jurídica contra la ley de amnistía a que el ministro Campo nos dé la razón. Tenemos que priorizar la vía política que más nos interesa". Y esa es la de la justicia europea.

Como publicó El Confidencial, y más allá de su estrategia política, el camino para llevar al TC el conflicto competencial ya era complicado para el PP si se atiende a uno de los pocos precedentes existentes sobre esta figura: una resolución descartó en el año 2000 una discrepancia del Senado frente al Gobierno relativa al Proyecto de Ley Orgánica sobre regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, en la que la Cámara Alta también denunciaba una modificación encubierta de la Constitución.

Pese a que la vía de acudir al TC antes de la aprobación de la ley está prácticamente cerrada, el PP mantendrá la tensión entre Congreso y Senado. El presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, dará por inválida la respuesta al requerimiento emitida este mismo martes por Armengol al entender que no tiene competencias para dar por cerrado el conflicto sin someterlo a una votación en el pleno del Congreso.

"La Mesa de la Cámara no posee funciones representativas. Ni siquiera están representados todos los grupos parlamentarios", incide la Presidencia del Senado. A través de un escrito que hará llegar a Armengol y al que ha tenido acceso este medio, el órgano presidido por Pedro Rollán abre la puerta a alargar la disputa presentando un escrito de reconsideración dirigido a la Presidencia del Congreso. "Luego estudiaremos otras posibles acciones", apuntan los populares.

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La ley de amnistía se encuentra en este momento estancada en el Senado. El PP tiene hasta el 16 de mayo para retenerla, un tiempo que está aprovechando para exigir informes a todos los órganos competentes —por ejemplo al CGPJ y a la Comisión de Venecia— y citar a expertos en derecho constitucional y administrativo para armar su esqueleto jurídico. Una vez la norma reciba el veto de la Cámara Alta, volverá al Congreso para su ratificación definitiva, por lo que no estará lista antes de las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo.

Tras su aprobación, el PP está convencido de que varias instancias, entre ellas el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, presentarán sendas cuestiones prejudiciales que las autoridades comunitarias admitirán, lo que, entienden, paralizaría de forma inmediata la aplicación de la ley de amnistía. La esperanza que tiene Génova es que ese pronunciamiento del TJUE llegue antes de que expire su plazo de tres meses desde la publicación de la norma para presentar su anunciado recurso al Tribunal Constitucional, por la convicción de que su obligación es "agotar todas las vías" pese a la predisposición que observan en el órgano para favorecer al Gobierno.