El Congreso, bajo mínimos: la inestabilidad política acentúa el parón legislativo

Han pasado nueve meses desde el 17 de agosto de 2023, cuando se constituyeron oficialmente las Cortes para la XV Legislatura. Y en todo este tiempo, el número de iniciativas legislativas aprobadas pueden contarse con los dedos de una mano. Que la búsqueda de consensos no iba a ser tarea fácil lo sabía Pedro Sánchez desde el día en que resultó investido gracias a Junts. Pero esa inestabilidad política, unida a la profunda polarización y el permanente carrusel de urnas, ha sumido a las Cortes en una especie de barbecho, con decenas de iniciativas estancadas en el plazo de presentación de enmiendas y sin visos de ver la luz en el corto plazo.

Aunque la Mesa del Congreso tiene potestad para autorizar sesiones extraordinarias, el actual ciclo de sesiones finaliza en poco más de un mes. El impulso normativo en todo este tiempo ha girado en torno a la ley de amnistía, la clave de bóveda del mandato de Sánchez. El jefe del Ejecutivo dio orden de registrarla en la Cámara Baja antes de su sesión de investidura para atar los apoyos del independentismo. La norma será ratificada definitivamente en la última semana de mayo, después de recibir el veto del Senado. La despenalización del procés entrará en vigor antes de las próximas elecciones europeas.

El Gobierno consiguió en enero aprobar dos decretos que salieron directos del horno del Consejo de Ministros: uno ómnibus, sobre el funcionamiento de la justicia, y otro de medidas anticrisis. Pero en aquella votación hubo sangre, sudor y lágrimas en la bancada socialista. El apoyo de Junts les costó nuevas e importantes cesiones, como la gestión de las competencias migratorias en Cataluña. En el camino de aquella tarde de infarto se cayó un tercer decreto de Trabajo por el voto en contra de Podemos. Y quedó definitivamente evidenciado que la posibilidad de legislar es un lujo que, en muchas ocasiones, Sánchez no se podrá permitir.

También hay que sumar la reforma del artículo 49 de la Constitución y el proyecto de ley de Enseñanzas Artísticas. Y el recuento finaliza aquí. Cinco leyes en casi nueve meses y decenas agolpadas en un cajón, bien en plazo de presentación de enmiendas o bien a la espera de que la Mesa fije fecha para su toma en consideración. Una de ellas es la ley ELA. El PP fue el primer grupo que presentó dicha iniciativa, y le siguieron sendas propuestas similares de PSOE y Junts. Las tres contaron con la unanimidad de la Cámara, pero todas continúan varadas.

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Desde el Grupo Popular denuncian que la Mesa de la Cámara, con mayoría de cinco contra cuatro para el bloque progresista, prorrogó por cuarta vez el pasado 7 de abril el plazo de presentación de enmiendas a su proposición de ley hasta el próximo 14 de mayo, aunque apuntan que podría haber una nueva moratoria por el intrincado panorama político. En la pasada legislatura, los partidos del Gobierno forzaron hasta 48 prórrogas de la ley ELA, que decayó finalmente por la disolución de las Cortes y el adelanto electoral.

No sería un escenario descabellado si se tiene en cuenta que en estas semanas volverá el debate de la amnistía a las Cortes, además de las consecuencias del resultado electoral en Cataluña para la gobernabilidad y la incipiente carrera hacia las elecciones europeas, previstas el 9 de junio. Un clima de tensión continua en que la búsqueda de acuerdos suele pasar a un segundo plano.

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El Gobierno tampoco tramitará en los próximos meses los nuevos Presupuestos Generales del Estado. El motivo oficial fue el sorpresivo adelanto electoral en Cataluña, pero la causa de fondo es la inseguridad política tras los equilibrios del PSC entre Junts y ERC y las implicaciones directas para la legislatura. El PSOE tiene también en la nevera una serie de proyectos de ley urgentes que, pese a su carácter perentorio, pueden no estar listas para el fin del periodo de sesiones.

Es el caso de la ley de paridad, la de familias o la de movilidad sostenible, además de otras normativas comprometidas con Europa. El tiempo corre en contra del plan normativo comprometido por el Gobierno para 2024, un documento que contempla 198 iniciativas —la mitad son compromisos con la UE para solicitar el desembolso de los fondos del Plan de Recuperación—, e incluye seis leyes orgánicas, 43 leyes ordinarias y 149 reales decretos. El abuso de esta última fórmula, en principio reservada para cuestiones de urgencia, permitirá a Sánchez acelerar su hoja de ruta legislativa sin el paso ordinario por las Cortes.

Los socios del Ejecutivo apremian también a Sánchez a levantar el telón y tramitar, por ejemplo, la ley de secretos oficiales. La iniciativa fetiche del PNV inició en febrero su quinto intento de tramitación en la Cámara Baja. Los aliados parlamentarios del Ejecutivo invitan también a Sánchez a despejar los detalles de su prometida "regeneración democrática", que podría acarrear, entre otros puntos, una reforma judicial para anular al PP en el desbloqueo del CGPJ. Sumar registró este viernes, además, una reforma para derogar la ley mordaza.

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Por su parte, el PP está utilizando su mayoría absoluta en el Senado para sacar adelante múltiples proposiciones de ley... que chocan también contra el muro de Francina Armengol. Las 'leyes Feijóo' —así las apodan en las filas de los populares— se encuentran en estado de hibernación en la Mesa del Congreso. Esta circunstancia alimenta la guerra abierta entre el PP y la presidenta del Congreso, a la que acusan de "fraude" y "arbitrariedad" por tener "secuestrada" la Cámara Baja en favor de los intereses del Ejecutivo.

De las nueve proposiciones aprobadas por el PP en la Cámara Alta, ocho han reunido apoyos transversales de otras fuerzas parlamentarias. Si se repite ese misma esquema en el Congreso, podrían resultar definitivamente aprobadas. Y esta circunstancia tensaría la necesaria relación de Sánchez con sus socios. Es el caso de la proposición de ley contra la okupación ilegal —contó con la abstención de PNV, Junts y Coalición Canaria— o la nueva ley de costas, que facilitaron, entre otros, Junts o ERC.