'President' o diputado raso: el 12M no cambiará la situación penal de Puigdemont

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Ha llegado 12 de mayo y, con él, la fecha decisiva para saber si la candidatura de Carles Puigdemont acaba llevándole a la presidencia de Cataluña o le deja como diputado raso del Parlament. Sin embargo, el resultado electoral no afectará a su situación procesal. La competencia para investigarle y juzgarle en las causas que se mantienen abiertas dependerá del Supremo en cualquiera de los dos casos.

El de Junts mantiene, de momento, dos causas en el Supremo. La primera y más antigua arrancó por rebelión y malversación, evolucionó a sedición y malversación tras la sentencia del Supremo respecto a Oriol Junqueras y el resto de políticos juzgados por el tribunal del procés y, acabó, en enero de 2023, convirtiéndose en un procesamiento por desobediencia y malversación agravada después de que el magistrado del Pablo Llarena aplicara la reforma del Gobierno. En este procedimiento el magistrado mantiene desde esa fecha una orden de captura e ingreso en prisión a nivel nacional.

La segunda quedó abierta a finales de este febrero después de que el Supremo aceptara la exposición razonada del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, y acordara por unanimidad declarar su competencia y abrir causa para investigar y, en su caso, enjuiciar al expresident y al diputado del Parlament catalán Rubén Wagensberg por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso Tsunami Democràtic. El Tribunal Supremo considera que Puigdemont ejercía un "liderazgo absoluto" sobre la plataforma, que califica como un grupo organizado para subvertir el orden constitucional. La instructora Susana Polo le ha propuesto declarar de forma voluntaria por videoconferencia tras las elecciones europeas.

Respecto a la causa sobre el procés, el Supremo considera que parte de los actos de la malversación se cometieron fuera de Cataluña (por ejemplo, a consecuencia de los fondos destinados a la acción exterior) y el Estatut atribuye la competencia en esos casos a la Sala Segunda. Respecto al terrorismo, la competencia para este tipo de delito corresponde siempre a la Audiencia Nacional y, en casos como el de Puigdemont, donde existe aforamiento, pasa a ser del TS en sustitución del tribunal especial.

Discutirá la malversación

Al menos respecto a la investigación del procés, la defensa del expresident discutirá, como ya viene haciendo de forma reiterada, la competencia. Siempre ha argumentado que el Supremo no es la autoridad judicial competente para juzgarle, ya que los principales delitos que se le atribuyen fueron cometidos en Cataluña. Una vez cambie el estatus, la argumentación seguirá siendo la misma y reclamarán la remisión de las actuaciones al TSJ.

El asunto ya fue analizado en el caso de Junqueras y el resto de condenados antes de que fueran juzgados. En un auto, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, sostuvo que mantener que los delitos cometidos solo tuvieron efectos en el lugar donde se cometieron suponía un "desenfoque técnico". La pretensión a la que destinaban los fondos era la de separar esa comunidad del territorio nacional y eso "afecta a las dos partes", tanto a Cataluña como al resto de España.

Así las cosas, será el Supremo el que mantenga las dos causas y el que decida, por tanto, si Puigdemont puede o no ser amnistiado una vez entre en vigor la ley que ahora se tramite. También dependerá del alto tribunal pronunciarse sobre una hipotética detención en el caso de que el de Junts decida volver a España para asumir su escaño o incluso para ser investido president si logra reunir los votos necesarios. Las últimas encuestas dan como ganador al PSC de Salvador Illa, pero con un margen tan estrecho que cualquier escenario es posible.