García-Castellón cita a Rovira y al resto de investigados de Tsunami a declarar en Barcelona

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acaba de reactivar la causa sobre la plataforma Tsunami Democràtic. El magistrado ha citado a los investigados en la causa, entre ellos la dirigente de ERC Marta Rovira, para declarar por videoconferencia desde Barcelona el miércoles de la próxima semana, 22 de mayo.

El magistrado quiso mantenerse al margen durante la campaña, pero, una vez acabada, acuerda la diligencia clave para el avance de la instrucción. Muchos de los citados se han ido desplazando a Suiza en los últimos meses, donde Rovira huyó ya hace años, y no parecen tener intención de presentarse en una comparecencia de este tipo. La Audiencia Nacional ordenaría con toda probabilidad su busca y captura si no responden al llamamiento judicial, apuntan fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial.

Además de la citación, el juez ordena la práctica de una serie de diligencias por las actuaciones desarrolladas por Tsunami el día 9 de noviembre de 2019, jornada previa a las elecciones generales, y que, a su juicio, podrían constituir una infracción penal por omisión del deber de perseguir un delito electoral por parte de los responsables políticos de la Generalitat en aquel momento por no haber impedido su celebración. En concreto, además de la de Rovira, acuerda la declaración de los investigados Oriol Soler, Xavier Vendrell, Marta Molina, Jesús Rodríguez, Jaume Cabani, Oleguer Serra y Josep Lluis Alay.

Castellón inició hace semanas los trámites para concretar la localización de aquellos investigados del caso Tsunami que siguen bajo su instrucción después de que el Tribunal Supremo asumiera aquella parte que afecta a los aforados Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg. Su solicitud para que se le comunique "direcciones inequívocas", sobre todo en el caso de la secretaria general de ERC.

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Lo cierto es que Rovira pareció marcar un camino (o al menos, un destino) a otros acusados. En plena tramitación de la amnistía, varios de los imputados han ido desplazándose, como ella, a Suiza. El primero fue el diputado Wagensberg, al que siguieron el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra, el empresario Josep Campmajó y el periodista Jesús Rodríguez. También pusieron rumbo al extranjero el informático Jaume Cabaní y el italiano Nicola Foglia.

Casi todos mantenían vinculación con ERC en el momento de los hechos. El partido se ha convertido en la llave más directa para que el PSC alcance la presidencia de Cataluña mediante la reedición de un tripartito. Carles Puigdemont ha reclamado, sin embargo, una unión de las dos formaciones independentistas para gobernar en minoría. En medio de este escenario, en el que ninguna salida es atractiva para Esquerra, una citación sin la seguridad de la amnistía, aún no aprobada, vendrá a alterar aún más el panorama.

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Antes de este domingo, el instructor ya dio un paso que apunta a la reactivación del procedimiento. Este martes están citados los dos agentes de la Policía Nacional que resultaron heridos durante los incidentes provocados por Tsunami, en concreto, en la plaza de Urquinaona de Barcelona donde se organizó una violenta protesta en contra de la sentencia del procés. Ambos han reclamado ser reconocidos como víctimas del terrorismo.

Delito electoral

Ahora suma a la investigación la posible comisión de un delito electoral en la jornada de reflexión de hace cinco años. El auto asegura que puede afirmarse que "el Gobierno de la Generalitat conocía de la existencia de convocatorias" de protesta y, sin embargo, no actuó para evitarlas. Por ello, ordena a la Guardia Civil que compruebe si en los actos celebrados en esa jornada se efectuaron proclamas políticas y le dé cuenta de si existió solicitud previa de autorización. También oficia a la Guardia Civil, para que, a través de ellos, se pregunte a los Mossos "si se facilitó alguna instrucción en orden a no actuar ante las concentraciones no autorizadas".

La Audiencia Nacional ha actuado en consonancia con la decisión adoptada por el Tribunal Supremo. La instructora del procedimiento en el alto tribunal, Susana Polo, ofreció a Puigdemont y Wagensberg, declarar de forma voluntaria entre el 17 y el 21 de junio con la posibilidad de hacerlo por videoconferencia. Este plazo evita tanto las catalanas ya pasadas como las europeas, el 9 de junio.

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A diferencia del 'expresident' de Cataluña y el diputado del Parlament, Rovira carece de protección especial y no ejerce responsabilidades públicas pese a su papel directivo en Esquerra. Su domicilio es, aun a día de hoy, un misterio. Hasta la fecha, la secretaria general de ERC se ha negado a aclarar donde reside en Suiza, donde se encuentra desde marzo de 2018.

Rovira lleva varios meses personada en el procedimiento de Tsunami para tener acceso a la documentación de la causa, pero solo ha facilitado como dirección de contacto la de la sede de ERC en Barcelona. "No se comprende (...) el empeño en la representación de la investigada de no dar el domicilio real", criticó el fiscal Miguel Ángel Carballo en un escrito del 19 de febrero. "Si se dice que se encuentra en Suiza, notoriamente el domicilio ofrecido para notificaciones no es el real de la investigada", agregaba.

Un papel clave

La instrucción apunta a una participación activa de Marta Rovira en la plataforma investigada Tsunami Democràtic. En distintos informes, la Guardia Civil ha asegurado que del análisis de los dispositivos electrónicos se puede concluir "que el usuario Matagals (nombre en clave de Rovira) realizó cometidos de coordinación del movimiento Tsunami Democràtic en lo relativo a la búsqueda de apoyos institucionales y de su partido político".

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En todas las comunicaciones, Rovira aparece como Matagalls, un alias que, según la Guardia Civil, responde a la montaña que había escogido durante la campaña Cimas por la libertad para pedir la excarcelación de los acusados de sedición y la vuelta de los huidos. Este evento reunió en 2018 a varias decenas de militantes independentistas que ascendieron a distintas cumbres y, mientras Puigdemont escogía el monte Puigsacalm y Junqueras el Sant Jeroni, ella hizo lo propio con el Matagalls. "En lo concerniente a la vinculación entre Matagals (Rovira) y Tsunami, se pone de relieve que tiene un conocimiento previo de, al menos, ciertas acciones de la plataforma", zanjan los investigadores.

La plataforma Tsunami irrumpió en 2019 como respuesta al encarcelamiento de los dirigentes secesionistas. A diferencia de la actividad de los partidos y otras marcas habituales del activismo independentista en Cataluña, Tsunami Democràtic presentaba una puesta en escena clandestina, sin caras visibles, pero especialmente activa en redes sociales y con poder de convocatoria. Organizó cortes de carreteras o colapsó el aeropuerto de Barcelona, lo que provocó el arresto de 194 personas. Trataron de hacer lo propio en el aeropuerto de Barajas de Madrid y se organizaron para hacerse visibles durante un encuentro entre el Barcelona y el Real Madrid disputado en el Camp Nou bajo el lema "Spain, sit and talk".

"En poco tiempo -señala la Guardia Civil- recibió el apoyo directo de diversas y destacadas figuras del espectro político catalán, y líderes de referencia del movimiento independentista como es el caso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que la situaron en una posición preponderante, dotándola del peso suficiente para actuar como plataforma vehicular y canal oficial de comunicación de las movilizaciones". Los investigadores atribuyen a Marta Rovira labores claves como "el reclutamiento de gente" para llevar a cabo acciones y ejercer "de enlace" entre Tsunami y la “dirección”.