La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para Tito Berni en la primera pieza del caso Mediador

La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, en la primera pieza del conocido como caso Mediador. Su escrito de acusación considera que incurrió en un delito de falsedad en documento oficial y en otro contra la seguridad social por supuestamente simular un contrato de trabajo.

La Fiscalía sostiene que otro de los acusados, Rachid Zankti, se puso en contacto con Fuentes Curbelo tras haber trabajado en su ganadería. Según explica el escrito, le pidió que le diera el alta laboral durante al menos tres meses para "conseguir cumplir con las exigencias legales previstas en la legislación nacional sobre extranjería y obtener la pretendida residencia en España".

El exdiputado socialista supuestamente trasladó esta solicitud a su hijo, Domingo José Fuentes Rodríguez, quien también consta como acusado y era el representante de la gestoría que "tramitaba los intereses de las distintas empresas de la familia". La última acusada es la mujer del exdiputado, María Jesús Rodríguez de Ver, quien se encargó de la "tramitación de la documentación mencionada a sabiendas de su falsedad y con la evidente finalidad de que se presentara en el oportuno expediente administrativo".

En este contrato "simulado" figuraba que Zankti había prestado servicios en la ganadería como peón a tiempo completo entre el 15 de diciembre de 2020 y el 14 de marzo de 2021, lo que completaba "el ciclo legalmente exigido". El 4 de enero de 2021, Zankti pudo renovar la autorización y cobró 2.184,27 euros en concepto de prestación del servicio Público de Empleo Estatal.

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La Fiscalía reclama dos años y medio de cárcel para los cuatro acusados y que se les imponga la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como una multa de 3.000 euros. Además, solicita que los acusados indemnicen de forma solidaria y conjunta al Servicio Público Estatal de Empleo por los mencionados 2.184,27 euros más los intereses legales devengados.

La primera pieza del caso Mediador

Los investigadores hallaron este contrato gracias a las intervenciones telefónicas del caso Mediador, que se centra en una presunta organización criminal con ramificaciones políticas dedicada a cobrar comisiones y regalos a cambio de favorecer a empresarios. El procedimiento parte de una denuncia por estafa contra una de las personas clave del caso llamado Marco Antonio Navarro Tacoronte, que es el que da nombre al caso por mediar entre los empresarios y el diputado del PSOE en el Congreso.

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Al sentirse descubierto, este mediador optó por colaborar y entregó a las fuerzas de seguridad dos teléfonos móviles marca iPhone y un pendrive. Las conversaciones, los audios y las fotografías sirven como guía a los investigadores para poner en contexto estancias en hoteles, viajes, comidas, transferencias de dinero y trasiego de sobres con dinero en metálico.

El exdiputado recibía estos supuestos sobornos a cambio de hacer la vista gorda en inspecciones a empresarios ganaderos canarios, entre otras cosas. Para ello, econtaba con la colaboración de su sobrino Thaiset Fuentes, quien le sustituyó en el puesto de director general de Ganadería de Canarias. La trama también abría las puertas a empresarios de la Península en las islas.