La vuelta de Junqueras a la política se topa con el Supremo y su decisión sobre la amnistía

Oriol Junqueras ha pasado a ser la persona a la que todos miran. Tras la salida de la política de Pere Aragonès, el histórico líder de Esquerra acapara los focos tras anunciar que está preparado para retomar las riendas de la formación. No obstante, la decisión no es exclusivamente política porque lo cierto es que Junqueras no puede contar, a día de hoy, con resultar amnistiado hasta que el Tribunal Supremo dictamine sobre la aplicación a su caso concreto de la ley. Los tiempos van en su contra y es previsible que no logre la rehabilitación para el ejercicio de cargo público a tiempo para presentarse como candidato en una hipotética repetición electoral.

La ley de amnistía está al borde de entrar en vigor. Tras su paso por el Senado, la aprobación definitiva se espera para el próximo 30 de mayo. A continuación vendrá la publicación en el BOE y el comienzo, con ella, del plazo de dos meses que marca la ley para que los tribunales con causas vinculadas al proceso de independencia de Cataluña examinen la aplicación en cada caso concreto.

El problema para Junqueras se encuentra en la redacción de la ley en su última versión y en la cancha que deja a la interpretación de los jueces. El líder de ERC mantiene hasta el momento una inhabilitación absoluta que se prolongará hasta 2031. Fue indultado por el Gobierno de Pedro Sánchez tras su condena por sedición y malversación, pero esa gracia alcanzó exclusivamente a las penas de prisión. Será, por tanto, la Sala de lo Penal del Supremo quien se pronuncie tanto en su caso como en el del resto de condenados.

El Supremo tiene tres caminos y solo uno de ellos favorecería la resurrección política del de ERC. El único que supondría la eliminación de la inhabilitación y, con ella, la opción de que pueda ser candidato en unas nuevas elecciones sería la constatación casi automática por parte de los magistrados de que le amnistía le es aplicable. La versión definitiva de la norma convierte esta posibilidad en algo más bien improbable.

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El segundo camino alejaría a Junqueras de la candidatura a la presidencia durante años. El Supremo puede decidirse por dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si aprecia una evidente contradicción entre la redacción de la ley y el Derecho de la Unión. La remisión de una cuestión prejudicial provocaría la suspensión del procedimiento hasta que el TJUE emita su fallo. En ese periodo, Junqueras mantendría la inhabilitación. El plazo se alargaría más aún si, tras la cuestión prejudicial, el Supremo se dirige al Tribunal Constitucional. Expertos consultados aseguran que la media de resolución es de tres años.

La malversación

El tercer camino implica que el Supremo considere que la redacción de la ley no permite amnistiar a Junqueras. Los avisos dados por la Comisión de Venecia condujeron al PSOE a introducir una concreción del delito de malversación que, al igual que sucede en los delitos de terrorismo y traición, deja resquicios para una denegación de la gracia. En concreto, la ley asegura que no podrán ser amnistiados cuando "haya existido propósito de enriquecimiento, así como cualquier otro acto tipificado como delito que tuviere idéntica finalidad".

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Para blindar la amnistía respecto al desvío de fondos públicos para sufragar el procés, el delito que afecta a Junqueras, la norma agrega que no se considerará enriquecimiento "la aplicación de fondos públicos" destinados a "reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña" y a "convocar, promover o procurar la celebración de las consultas que tuvieron lugar en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017". Añade que el enriquecimiento debe entenderse como "el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial".

Esa mención al enriquecimiento recuerda mucho a la reforma impulsada por el PSOE para rebajar la malversación en la que se hacía alusión al "ánimo de lucro". Entonces, el Supremo descartó una reducción de las condenas y mantuvo la malversación agravada ante la existencia de abundante jurisprudencia que indica que la apropiación de fondos equivale al "ánimo de disponer de una cosa (en este caso los fondos públicos) como propia". Así, el enriquecimiento no tiene por qué ser sinónimo de coger unos fondos y metérselos en el bolsillo. Más bien de desviarlos para conseguir "cualquier tipo de beneficio", como por ejemplo, el éxito del plan de ruptura con España que lideraban.

El propio Junqueras parece ser consciente de esta limitación. En la misma carta a la ciudadanía en la que anuncia que se ve "con corazón y fuerza" para seguir liderando ERC avisa que sabe que existen "límites" que le impiden ser candidato a cualquier proceso electoral.