El abogado de Puigdemont juega su última carta en su causa por blanquear dinero de la droga

Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, está pendiente del Tribunal Supremo por un asunto que nada tiene que ver con su ilustre cliente ni con la evolución de la amnistía. La Sala de lo Penal tiene sobre la mesa un último intento del letrado para desactivar el procedimiento en el que se le acusa de blanquear dinero de la organización de narcotráfico dirigida por Sito Miñanco. El TS debe pronunciarse sobre un artículo de previo pronunciamiento que presentó y en el que reclama la anulación de la causa por tratarse de cosa juzgada. También solicita una declinatoria de jurisdicción, es decir, que los hechos que le afectan sean asumidos por un tribunal distinto.

Boye se enfrenta a una petición de 9 años de prisión formulada por la Fiscalía Antidroga por, según el escrito de acusación, haber contribuido al blanqueo de capitales de la organización. El procedimiento afecta a un total de 48 personas y media docena de sociedades implicadas en el intento de introducir en España un cargamento de más de cuatro toneladas de cocaína. Según el Ministerio Público, el abogado intervino para tratar de recuperar 889.620 euros que habían sido incautados a un miembro de la banda por la Policía en Barajas. Asegura que presentó unos contratos de compraventa de letras a cambio de la devolución del dinero y que estos eran ficticios.

Tanto para el abogado como para el entorno de Puigdemont y buena parte de Junts, estas diligencias son fruto de una "persecución" destinada a hacerles daño. Su defensa ha alegado en distintas ocasiones que la imputación parte de las declaraciones de dos de los investigados, y que al menos uno de ellos quedó en libertad a cambio de implicarle.

El artículo de previo pronunciamiento, al que ha tenido acceso El Confidencial, reclama que no se le juzgue debido a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya se pronunció al respecto en cinco sentencias, dictadas por la Sala de Contencioso. Estas resoluciones se emitieron en el marco de un procedimiento sancionador que acabó en una multa para varios miembros de la organización impuesta por haber omitido declarar el dinero que llevaban en Barajas al intentar abordar un vuelo con destino a Colombia. Las personas que ya recibieron esa sanción -dice- "se verían en la obligación de volver a pasar por un periodo probatorio -en este caso de ámbito penal-, por los mismos hechos"

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"En el ámbito del procedimiento administrativo, se han dictado una serie de sentencias -todas ellas ya firmes-, a través de las que se impone una sanción administrativa de carácter penal", indica el escrito. "Los hechos que han sido objeto del procedimiento penal, y que han sido calificados provisionalmente por el Ministerio Fiscal como constitutivos de un delito de blanqueo de capitales y falsedad documental serían sustancialmente los mismos que los que han sido ya sentenciados en el ámbito administrativo, incluso idénticos", agrega.

Un juicio separado

En su escrito, el abogado de Puigdemont dice, además, que la parte del procedimiento que a él le afecta y que en su día fue investigada en una pieza separada, no es competencia de la Audiencia Nacional en este caso. Defiende que los hechos vinculados a este blanqueo de capitales "pueden y deben ser enjuiciados de forma separada al ser, en primer lugar, esta una materia sobre la cual ya existe una resolución judicial firme". Alude a la escisión en una pieza separada para defender esta tesis.

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"Estamos ante unos hechos diversos que habrán de ser abordados de manera independiente a los correspondientes a la pieza principal y que es tal cual lo que ha venido haciendo este Juzgado hasta la fecha", dice el artículo de previo pronunciamiento que defiende que debe ocuparse del caso y el juicio la Audiencia Provincial de Madrid y hacerlo de manera independiente a la vista oral sobre las actividades de la organización de Miñanco.

Los argumentos ya fueron rechazados por la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y acabaron en manos del TS. El caso fue instruido por la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, María Tardón, que ya ha enviado a juicio tanto a Miñanco, Boye como a la cuarentena de personas a las que se vincula con el grupo de narcotraficantes. La trama desarticulada a través de la operación Mito estaba dirigida por Sito Miñanco e intentó introducir sin éxito en España más de 4.000 kilos de cocaína en dos operaciones diferentes que fueron truncadas por los investigadores que le seguían la pista desde 2016.

Esa organización, según la jueza, se dedicaba principalmente a la importación y distribución de sustancias estupefacientes (especialmente cocaína) y al blanqueo de capitales. Así, mientras algunos miembros de la red se encargaban exclusivamente de facilitar el dinero en B, un tercero utilizaba falsos créditos entre familiares para justificar la entrega de ese dinero en sus cuentas, mientras que otro integrante utilizaba su empresa de seguridad para emitir facturas falsas.