El juez del caso Begoña Gómez recibe cartas amenazantes por abrir diligencias contra ella

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El juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha recibido cartas amenazantes en las últimas semanas por su decisión de abrir diligencias contra la mujer de Pedro Sánchez. Las misivas han llegado a su Juzgado de Instrucción, el número 41 de Madrid, y le recriminan expresamente haber puesto en marcha una investigación sobre los negocios de Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado.

Los sobres carecen de remitente y contienen tanto insultos como frases intimidatorias, según han revelado a este diario fuentes del entorno de Plaza de Castilla. Algunas de las cartas incorporan textos manuscritos e incluso dibujos. El magistrado aún no ha tomado ninguna decisión, pero baraja denunciar las comunicaciones para que las Fuerzas de Seguridad traten de identificar a los responsables.

Los envíos postales se suman a los correos electrónicos y mensajes en redes sociales con amenazas que, como adelantó El Mundo, ha recibido el magistrado desde que El Confidencial desveló el pasado 24 de abril que había ordenado la práctica de diligencias para analizar las posibles responsabilidades penales en la que habría incurrido la mujer del secretario general del PSOE por colaborar con empresas privadas que recibieron ayudas y contratos públicos del Ejecutivo. En las últimas semanas, decenas de usuarios han difundido en la plataforma X una fotografía del magistrado con la intención de señalarle.

Ese mismo día, el propio presidente del Gobierno puso en el punto de mira de sus seguidores al magistrado insinuando que forma parte de una supuesta "operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire" que tenía como fin último hacerle "desfallecer en lo político y en lo personal atacando" a su esposa. El pasado viernes, Sánchez volvió a insistir en esta idea en una entrevista en La Sexta. "Aquí no hay caso, hay fango", dijo.

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Una hija del juez Peinado también ha sido blanco de insultos y amenazas después de que varios medios de comunicación difundieran que era concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y vincularan la causa penal contra Begoña Gómez con esa conexión política.

La causa se instruye por ahora en secreto, pero el magistrado ha dado traslado de las diligencias a Begoña Gómez para evitar que alegue en el futuro una hipotética indefensión. Tras prorrogar el plazo de cautela de la investigación hace unos días, el juez tomó declaración el pasado viernes en calidad de testigos al director de El Confidencial, Nacho Cardero, y al periodista de Esdiario Francisco Mercado. El abogado de la mujer de Sánchez estuvo presente en las declaraciones y formuló preguntas, algo excepcional cuando las causas se encuentran secretas. El magistrado decidirá ahora si cita a declarar a la mujer del presidente como imputada.

El director de El Confidencial ratificó la veracidad de las informaciones de este diario. En particular, las noticias sobre el contrato que firmó el IE Africa Center de Begoña Gómez con Globalia justo cuando este grupo turístico estaba negociando un rescate de 475 millones de euros con el Ejecutivo de su marido; y las dos cartas de apoyo a una UTE de empresas privadas que firmó la pareja de Sánchez que se presentaron a tres licitaciones del Ministerio de Economía y que se acabaron llevando tras imponerse al resto de competidores en la fase subjetiva de los concursos.

Las amenazas a los jueces

Las amenazas a magistrados se han convertido en una práctica común en los últimos meses. El juez Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona y responsable de las pesquisas sobre la conexión rusa de Tsunami Democrátic, recibió hace un mes un falso paquete bomba en su oficina. La caja había sido cuidadosamente preparada para que pareciera un artefacto real. Pese a ello, pasó los escáneres del Juzgado.

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También ha sido objetivo de insultos y amenazas en las redes sociales el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón. En su caso, sufrió una campaña de acoso a raíz del conocido como caso Dina. Las amenazas comenzaron después de que elevara al Tribunal Supremo una exposición razonada contra el exvicepresidente Pablo Iglesias. Los insultos contra este magistrado han sido también la tónica habitual en los últimos meses a consecuencia de la causa penal contra Carles Puigdemont y Marta Rovira en relación con las actividades de la plataforma Tsunami Democràtic.

Otro de los jueces que ha sido objetivo de ataques ha sido Pablo Llarena, instructor del procés, que sufrió insultos y persecución, tanto a él como a su familia, por instruir la causa sobre el proceso de independencia de Cataluña. Un grupo de independentistas le rodeó en 2018 cuando se encontraba cenando en un restaurante de Palafrugell (Gerona) y su vivienda de Barcelona amaneció con pintadas y salpicaduras amarillas en distintas ocasiones.