La Guardia Civil pide ayuda a Europol para volcar la ingente cantidad de información

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no da abasto. En un reciente informe al que ha tenido acceso El Confidencial, la UCO ha tenido que reclamar el apoyo de Europol para volcar y analizar el enorme volumen de dispositivos informáticos que aún están pendientes de rastreo tras el inicio de la operación Koldo. El Instituto Armado da cuenta de que va a contar con la cooperación técnica de esta organización para que le preste medios técnicos, con la intención de avanzar en las pesquisas que aún quedan pendientes después de que el caso estallara el pasado febrero.

El informe, fechado el 14 de mayo, indica que aún no ha finalizado "el procedimiento de clonado" de la información y que hay dispositivos pendientes de que su contenido sea extraído. En concreto, la Guardia Civil apunta a que ha podido volcar los datos de 76 dispositivos digitales "de un total de más 170".

Los agentes reclaman autorización judicial para poder desprecintar, abrir y extraer datos de una serie de nuevos dispositivos localizados. A medida que avanzan las investigaciones, según destacan, se ha ido o bien localizando nuevos móviles y ordenadores, en vehículos y otros lugares que no habían sido registrados hasta el momento, o bien han aumentado los dispositivos al localizarse nuevas líneas de investigación a medida que avanza el análisis de los terminales que ya han sido abiertos.

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La UCO considera que el apoyo de la Europol y la autorización pertinente son medidas esenciales en aras de continuar avanzando en el esclarecimiento de los hechos investigados y poder determinar la participación o responsabilidad de los investigados. La Audiencia Nacional investiga desde febrero a siete personas a raíz de la bautizada como operación Delorme, conocida más bien por el nombre del asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos implicado, Koldo García.

Las derivadas de la trama

La parte central de la operación parte de la adjudicación irregular de contratos de compra-venta de material sanitario durante la pandemia, pero, a medida que avanzan las investigaciones, se ha ido conociendo otras derivadas. Se encuentran ya también bajo sospecha contratos de obra pública relacionados con organismos que dependen de Transportes, ahora a cargo de Óscar Puente. Otras de las ramas de la trama apunta a la realización de test de covid a la carta.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los investigados presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. De forma paralela, la Fiscalía Europea también abrió una investigación el pasado marzo por el posible uso de fondos europeos en la compra de material sanitario por parte de los Gobiernos de Canarias y Baleares. La institución, que es un órgano independiente creado recientemente para investigar casos de posible fraude relacionados con el presupuesto de la Unión Europea, había recibido una denuncia particular y, en fechas más recientes, de algunos eurodiputados.

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Este mismo mes, la Fiscalía Europea ya reclamó al magistrado un informe de septiembre de 2022 "referente a los contratos adjudicados en Baleares y al Servicio Canario de Salud". Ambas comunidades compraron material sanitario a la trama durante los primeros meses de la pandemia, cuando estaban gobernadas por el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francisca Armengol.