La mancha de la trama Koldo se extiende por el Gobierno: de Adif a la Delegación en Andalucía

La trama Koldo continúa avanzando y ha comenzado a extenderse como una mancha de aceite que amenaza con desbordar los límites marcados por el Gobierno, que trata de restringir el alcance de la actividad de la red al asesor y al entorno del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Los últimos pasos de la Guardia Civil afectan de lleno a personas que alcanzaron cargos de relevancia en gobiernos socialistas o que aún los mantienen. De momento, aparecen salpicados el actual presidente de Adif, Ángel Contreras Marín, y Antonio Fernández Menéndez, figura clave en la delegación del Gobierno de Andalucía hasta hace dos años. Las derivadas del caso se multiplican ya a pocos meses del inicio de la instrucción.

En su último informe, la Unidad Central Operativa ha dado un salto cualitativo. Lo que aparentaba en inicio ser una presunta organización criminal que se lucró durante la pandemia con la palanca de los contratos del material sanitario, alcanza ya la obra pública. El Instituto Armado ha detectado conversaciones que apuntan al amaño de un contrato dependiente de Adif. Una licitación de emergencia por un valor de 1,5 millones que interesaba a un empresario amigo. De la conversación se deduce que este tipo de apaños eran anteriores, ya que los interlocutores, Koldo entre ellos, citan otras licitaciones previas y hablan de equilibrar lo que se les "debe" por favores pasados. En este caso, ya no se trata de la época de la pandemia, sino de reuniones y contactos secretos que se alargan hasta el pasado febrero.

El informe pinta un triángulo. En un vértice, Koldo; en otro; Ángel Contreras, y en el tercero, el PSOE andaluz. Las menciones efectuadas por la UCO a Contreras parecen explicar ahora imágenes tomadas durante los seguimientos y en las que el máximo dirigente de Adif aparece en La Chalana, la marisquería preferida de García para cerrar tratos ante una buena cena. El de Adif era la llave —para cerrar el acuerdo sobre el contrato deseado, la UCO reproduce mensajes para cerrar una reunión con Contreras—, pero el que llamaba a la puerta también tenía relación con los socialistas.

El empresario que se interesa por la adjudicación es Antonio Fernández, quien ocupó el puesto de coordinador de la delegación del Gobierno de Andalucía hasta octubre de 2022. Un año y medio antes, cuando accedió al cargo, él mismo le escribió a un comandante de la Guardia Civil que supuestamente formaba parte de la trama para anunciárselo: "Buenas Rubén!!! Informarte de que a partir del miércoles entro como coordinador de la delegación del gobierno en Andalucía... buen puesto jeje!!".

"Eres nuestro"

El mando del Instituto Armado se mostró sorprendido por este mensaje en el que le decía incluso que les iba a pagar "el mismo jefe", pero Koldo se encargó de tranquilizarle a través de otro mensaje: "Él sabe que eres nuestro". Tras las nuevas conversaciones telefónicas que El Confidencial desveló este lunes, la principal duda se centra ahora en quién más era "suyo", una incógnita por la que hace dos meses ya tuvo que salir a dar explicaciones el propio delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, el antiguo jefe de Antonio: "No hay ninguna diligencia de investigación que me afecte", sentenció entonces.

Esta afirmación queda ahora a la espera de que la Guardia Civil revise un móvil incautado al que fuera su coordinador. La nueva línea de investigación se centra en las adjudicaciones a una empresa en la que consta como gerente llamada Obras Públicas y Regadíos (OPR). El propio Koldo les avisó de que no debían de tratar por teléfono las adjudicaciones que iban consiguiendo para esta sociedad por parte de Adif —"Que no me mande nada por ahí"—, pero dejaron un rastro que ha llevado a los investigadores hasta "Ángel".

Deja en evidencia a Óscar Puente

Este informe también supone un toque de atención para el ministro Óscar Puente y su pretendido intento de poner tierra de por medio con el caso Koldo. Este periódico ya avanzó en febrero que al menos seis detenidos o implicados en el presunto amaño de contratos públicos siguieron trabajando en la cartera de Transportes con los dos sucesores de Ábalos, Raquel Sánchez y Óscar Puente.

El ministro atacó a El Confidencial por esa información con un mensaje en su cuenta de la red social X que emplea habitualmente para contestar noticias: “¿Como intentar meter a Puente en un asunto que se produjo 4 años antes de que llegase a Ministro? La fachosfera te lo niquela en un pis pas. Ahora que…, conmigo lo llevan crudito”. Después convocó una rueda de prensa en la que limitó el impacto actual de la trama en su ministerio en un hermano de Koldo García y descartó destituciones. En su lugar anunció unas auditorias para investigar los contratos con la red durante la era de José Luis Ábalos y se presentó como víctima de una cacería mediática.

Apenas unos días después, Puente tuvo que cesar al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, por haber otorgado un contrato millonario a la trama. Se produjo después de que El Confidencial publicase que Sánchez Manzanares mantuvo contacto con Koldo García Izaguirre. El otro contrato lo otorgó ADIF. Este periódico informó también por esas fechas de que el secretario general de Adif, Guillermo Martínez de Simón, anunció su marcha del ministerio de Puente en pleno estallido del caso Koldo. Fuentes de este departamento desvincularon su decisión del caso de corrupción.

Un laboratorio, Europa y Begoña Gómez

De forma paralela, aún queda por explorar una tercera pata de la red. Un laboratorio especializado en la realización de test PCR también habría pagado comisiones al asesor de José Luis Ábalos para llevarse adjudicaciones públicas. Los sobornos se abonaron supuestamente en República Dominicana y los resultados de las pruebas y la eficacia y rapidez en obtenerlas fueron empleados como llave para llegar a departamentos que eran menos permeables en un inicio.

La mancha que se extiende ya ha alcanzado, además, dos comunidades autónomas y sus gobiernos socialistas. La Fiscalía Europea investiga la compra de material sanitario a la trama durante los primeros meses de la pandemia por parte de Canarias y Baleares, cuando estaban gobernadas por el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

El empresario Víctor de Aldama, uno de los personajes clave del caso, guardó un estricto silencio durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Baleares. “Me voy a acoger a mi derecho a no declarar”, anunció. Y lo cumplió a rajatabla durante los escasos 25 minutos que duró su interrogatorio. Era la primera vez que De Aldama se dejaba ver en público tras su detención hace ahora tres meses y su primera invitación a una comisión de este tipo, pero eludió dar explicaciones sobre su relación con el Gobierno de Pedro Sánchez y ni siquiera fue preguntado por sus contactos con su mujer, Begoña Gómez, que investiga un juzgado madrileño por presunto tráfico de influencias.