Sofía Cristo y contenedores para tapones: el cuestionado uso de los fondos contra la violencia de género

Sofía Cristo, hija del domador Ángel Cristo y Bárbara Rey, fue el plato fuerte de la gala en favor del colectivo LGTBI que el año pasado celebró el Ayuntamiento de Cartaya (Huelva). El acto se financió en parte con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, según denuncia la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres. Es uno de los múltiples casos, según defiende la entidad, de presunto uso “fraudulento” del dinero previsto para las administraciones bajo este concepto. Desde el pasado mes de abril, el colectivo ha remitido a Igualdad 101 ejemplos de lo que considera usos indebidos, pero el ministerio en lo que va de año solo ha apercibido a 12 ayuntamientos y una comunidad autónoma.

La Alianza, colectivo del que forman parte feministas clásicas, algunas con vínculos con el PSOE, como Ángeles Álvarez, considera que los fondos previstos en el Pacto no pueden destinarse a sufragar iniciativas como el pintado de papeleras de morado, cursos de maquillaje, campañas que alertan del posible fomento de la ludopatía a través de los videojuegos o la instalación de contenedores para el desecho de tapones. Estos son solo algunos de los últimos 30 ejemplos trasladados a Igualdad, que en 2023 manejó una partida de 40 millones de euros para repartir entre los ayuntamientos en virtud del pacto.

“El dinero se debe destinar a iniciativas para la prevención, la formación, la sensibilización y en la ayuda de las víctimas, según la ley. Puede haber casos en los que se dude si una actividad es o no financiable, pero creo que los ejemplos que hemos puesto son bastantes claros. Hemos sido muy rigurosas”, defienden desde la Alianza. El primer envío a Igualdad se produjo a comienzos de abril. El Ministerio se comprometió a revisar todos los ejemplos y a determinar qué actos podían sufragarse con los fondos.

Aquel primer envío se produjo después de que se desatase una fuerte polémica por el uso de dinero procedente del Pacto para cubrir los gastos de una cena para mujeres organizada por el Concello de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra). El acto se publicitaba con el logo del Ministerio y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La semana pasada la controversia explotó en Almería. El Ayuntamiento colocó en varias vallas publicitarias un cartel contra la pederastia, pero tal y como estaba redactado ―"si dice no, no es sexo, es agresión"―, parecía más bien una justificación de la misma en función de las circunstancias.

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Este último ha sido uno de los 13 casos, según datos facilitados por Igualdad a El Confidencial, en el que el Ministerio ha pedido a un Ayuntamiento la retirada del logo, además de trasladarle que no podrá usar dinero del Pacto para financiar dicha campaña. Los fondos, con fines finalistas, se reparten entre todos los ayuntamientos de España bajo una serie de criterios y los consistorios deben justificar al final del ejercicio el uso que han hecho de los mismos. Deben, insisten desde Igualdad, ceñirse a la ley. “No se abre un expediente, se comunica que esa actividad no será financiada con los fondos y se pide retirar el logo”, explican fuentes de la cartera que dirige Ana Redondo.

La ley detalla que a la hora de justificar el uso del dinero, los municipios deben remitir a la Secretaría de Estado de Igualdad un documento que acredite el “estado de ejecución” donde se detalle, entre otras cuestiones, los pagos realizados con cargo a los fondos y deberá estar firmado por el responsable de tesorería. Además, el alcalde tendrá que enviar un informe final sobre las iniciativas puestas en marcha, el impacto que hayan tenido en la población, el grado de ejecución de los fondos y una valoración del programa. Por último, el Consistorio deberá adjuntar una “declaración responsable del cumplimiento de los requisitos en materia de publicidad”.

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“La inmensa mayoría de los ayuntamientos lo hace bien. Son casos que son muy llamativos, pero la gran mayoría lo hace bien”, apuntan las mismas voces. Según la información recabada por la Alianza los supuestos usos “fraudulentos” se han dado en municipios de todos los colores. Los hay gobernados por el PSOE, por el PP, por Bildu, IU o Podemos.

Para el reparto del dinero se tienen en cuenta una serie de criterios. Entre ellos, el número de municipios, el volumen de población y cuántas mujeres son usuarias del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO), según marca la ley. Así, Madrid recibió el año pasado 658.993 euros y Barcelona, 359.311, pero otro muchos municipios, los más pequeños, reciben cuantías que oscilan entre los 1.500 y los 1.600 euros. Cada Ayuntamiento decide en qué invertir el dinero, que puede destinarse a diversas iniciativas o actividades.