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El alcance de la amnistía: cerca de 400 causas y 600 beneficiados además de Puigdemont
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Cuenta atrás para la aprobación

El alcance de la amnistía: cerca de 400 causas y 600 beneficiados además de Puigdemont

A las puertas de la aprobación de la ley, el cómputo de potenciales agraciados engorda con varios cargos intermedios del Govern y decenas de imputados por desórdenes públicos

Foto: Miles de personas marchan en Barcelona para reivindicar el 1-O. (EFE/Quique García)
Miles de personas marchan en Barcelona para reivindicar el 1-O. (EFE/Quique García)

A 48 horas de la aprobación definitiva por parte del Congreso de los Diputados de la ley de amnistía, los partidos independentistas comienzan a hacer recuento de los procedimientos y personas que pueden resultar potencialmente beneficiados y que tratarán de acogerse al perdón desde la entrada en vigor de la norma. Los cálculos de colectivos y asociaciones secesionistas apuntan a que la amnistía alcanzará a casi 400 causas distribuidas por distintos tribunales de toda España. Cerca de 600 investigados o condenados en casos de lo más variopinto relacionados con el proceso de independencia de Cataluña tendrán la posibilidad de reclamar el perdón, según las cifras que se barajan. La decisión definitiva quedará en manos de los tribunales encargados de esos procedimientos.

Hay toda una mezcolanza de casos aún vivos o ya cerrados, más allá de las causas principales que se vinculan con la amnistía. En el primer plano de atención, por su relevancia pública, se encuentran Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, los líderes del procés con resultados penales distintos: el primer huido y en fase de procesamiento o imputación, el segundo condenado, con prisión cumplida de forma parcial, después indultado y ahora inhabilitado. Este grupo con los acusados más ilustres abarca procedimientos como el del propio procés, la causa sobre la plataforma Tsunami Democràtic, que también salpica a Marta Rovira. También entra el conocido como caso Voloh que acecha a Puigdemont y que ya alcanza a Josep Lluís Alay, el jefe de su oficina, con sospechas sobre contactos del independentismo con Rusia.

En un segundo plano se encuentran aquellas causas que afectan a cargos intermedios de las formaciones que lideran, Junts y ERC. Personas como la que fuera 'consellera' de Cultura, Natàlia Garriga; el exsecretario de Vicepresidencia, Josep Maria Jové, y al exsecretario de Hacienda y actual presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, a las puertas de un juicio por presunta desobediencia. O Miquel Buch, exconsejero de Interior ya condenado por designar a un mosso para que escoltara a Puigdemont.

El 1-O, sus preparativos y su desarrollo continúa a día de hoy desplegando efectos penales. Una treintena de antiguos altos cargos de la Generalitat deben aún responder por cooperar en la organización del referéndum. En el grupo de nuevo se aprecia una mezcolanza de lo más variopinto: exdirectores de TV3, el representante del Govern ante la UE o los responsables de Diplocat. También aquellos que prestaron un apoyo formal, como los miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O.

Foto: Carles Puigdemont en una reunión de Jxcat (EFE/David Borrat)

En el tercero, los procedimientos contables. Estos abarcan dos fases. Por orden de antigüedad, en este apartado aparece la condena por la consulta independentista del 9-N, en la que se condenó a Artur Mas y Francesc Homs a devolver casi cinco millones de euros, más los intereses. Por el 1-O el Tribunal de Cuentas tiene pendiente su decisión final por los gastos del 1-O y de la acción exterior del procés.

Sobrevolando todo se encuentra el procedimiento por terrorismo más avanzado, encaminado ya a un juicio que ahora quedará en el aire. La Audiencia Nacional sentó en el banquillo a 12 miembros de los Comités de Defensa de la República procesados por pertenencia en organización terrorista por planear ocupar el Parlament de Cataluña, manejar explosivos y planear atentar contra distintos objetivos.

El grueso, desórdenes públicos

A pesar de todo, el grueso de los potenciales amnistiados no tienen nombres y apellidos conocidos. Una enorme cantidad de ellos se encuentran implicados en procedimientos por desórdenes públicos o atentado contra la autoridad por su participación en distintas acciones de protesta concentradas en el 1-O y en las acciones posteriores de rechazo a la sentencia del procés. Un ejemplo, los Juzgados de las localidades distribuidas a lo largo de la AP-7, la autovía que quedó cortada durante horas en 2019, acumulan al menos seis procedimientos distintos, cada uno contra varios acusados. Otro ejemplo, otro Juzgado, este de Girona, mantiene unas diligencias contra menores por hechos similares.

Como cierre, la amnistía también abarca a aquellos policías investigados por su actuación durante el referéndum de octubre. Medio centenar se encuentran procesados por las cargas en Barcelona en distintos colegios de la ciudad. Se les atribuyen delitos de lesiones leves o contra la integridad moral, ambos incluidos entre los que serían perdonados por la amnistía.

A 48 horas de la aprobación definitiva por parte del Congreso de los Diputados de la ley de amnistía, los partidos independentistas comienzan a hacer recuento de los procedimientos y personas que pueden resultar potencialmente beneficiados y que tratarán de acogerse al perdón desde la entrada en vigor de la norma. Los cálculos de colectivos y asociaciones secesionistas apuntan a que la amnistía alcanzará a casi 400 causas distribuidas por distintos tribunales de toda España. Cerca de 600 investigados o condenados en casos de lo más variopinto relacionados con el proceso de independencia de Cataluña tendrán la posibilidad de reclamar el perdón, según las cifras que se barajan. La decisión definitiva quedará en manos de los tribunales encargados de esos procedimientos.

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