Sánchez ya sabía que su mujer tenía la "condición de investigada" cuando publicó su "carta a la ciudadanía"

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El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, remitió el 24 de abril un escrito al juez Juan Carlos Peinado en el que asumía su "condición de investigada". Horas después, su marido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó su "carta a la ciudadanía" en la que amagaba con renunciar al cargo: "Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política".

El sumario de la causa que se sigue contra Begoña Gómez, al que ha tenido acceso El Confidencial, revela que apenas tres horas y media separaron ambos hechos. "Habiendo recibido la Sra. Gómez Fernández testimonio de la parte dispositiva del auto dictado en las presentes diligencias previas, por el cual se acuerda incoar diligencias previas y atribuir a mi defendida la condición de investigada, vengo a poner en conocimiento de ese juzgado que interesa al derecho de mi representado instar su personación", sostenía el abogado en el escrito que remitió al juzgado a las 15:43 del 24 de abril.

A las 19:04 de ese mismo día, el presidente publicó su carta a través de redes sociales: "Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa", denunciaba en la misma. "Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también".

La "condición de investigada" de Begoña Gómez

El sumario revela que el juez atribuyó a Begoña Gómez la condición de investigada desde el mismo 16 de abril, cuando acordó la incoación de diligencias previas. "Sin perjuicio de que, en el presente momento procesal, no se acuerde la declaración de la persona investigada, y dado que se le atribuye dicha condición procesal, se considera, a los efectos de evitar la indefensión proscrita en el artículo 24 de la Constitución española, necesario, que se le dé traslado del presente auto".

En esta primera resolución, Peinado ya apuntaba a un posible delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios: "Debe reseñarse que el hecho de que la persona denunciada sea la esposa del presidente del Gobierno no le atribuye ningún fuero especial", explicaba sobre su competencia para investigar los hechos.

El 22 de abril, el letrado de la administración de Justicia emitió el correspondiente oficio para notificar a Begoña Gómez esta decisión, y así lo hizo la Policía Nacional dos días después: "Se participa que el aludido testimonio fue firmado por poderes por el letrado D. Antonio Camacho Vizcaíno", informaron al juez el mismo 24 de abril.

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En el caso de la Fiscalía, consta como notificada la incoación de diligencias el 23 de abril, un día antes de que El Confidencial desvelase la apertura de la investigación. El Ministerio Público respondió el día 25 con un recurso en el que pedía a la Audiencia Provincial de Madrid el archivo inmediato: "Carece el auto recurrido de cualquier razonamiento jurídico sobre si los hechos relatados reúnen, al menos indiciariamente, los elementos de los tipos penales, limitándose a considerar que 'merecen ser investigados', de manera que la investigación que se pretende iniciar se sustentaría, si así se abriese, en 'meras hipótesis o en la pura y simple sospecha'".

A partir de ese momento, el sumario refleja las fricciones constantes entre el juez y el fiscal del caso. En un escrito del 23 de mayo, Peinado protesta incluso por sus "frecuentes e inusuales visitas personales" al juzgado y denuncia sus intentos por "tener conocimiento con carácter inmediato del contenido de las resoluciones, no solo dictadas, sino las que pudieran llegar a dictarse". También critica "lo inhabitual de la actitud procesal" que la Fiscalía mostró con su recurso del 25 de abril: "Si bien está en su pleno derecho, como se ha dicho, es totalmente inhabitual".

El mismo 23 de mayo, el juez también pidió a la Policía Nacional que le remitiera "a la mayor brevedad posible" una "copia autentificada y de tamaño legible y visible del DNI de la investigada Begoña Gómez Fernández". En la providencia apuntaba para ello al "estado de las presentes actuaciones", en las que ya ha citado a los primeros testigos, pero aún no a la mujer del presidente en su "condición de investigada".