El juez reclama todos los "expedientes de contratación" de la UTE que apoyó Begoña Gómez

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El juez Juan Carlos Peinado ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recabe todos los "expedientes de contratación que Red.es [dependiente del Ministerio de Economía], el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid hayan adjudicado a la entidad Innova Next SLU, tanto en solitario como en UTE". Como desveló El Confidencial, la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, firmó en julio de 2020 dos cartas de apoyo a una de las UTE que conformó esta empresa.

En el sumario de la investigación, al que ha tenido acceso este diario, consta una providencia del 24 de mayo en la que el juez pide a la UCO que recabe estos expedientes "a la mayor brevedad posible'. Su causa apunta a los posibles delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. Peinado atribuye a Begoña Gómez la "condición de investigada" en sus resoluciones, pero aún no ha procedido a su citación como tal, lo que supondría su imputación formal.

En el caso concreto de Red.es, la alianza apoyada por la mujer de Sánchez acabó llevándose los tres lotes a los que optaba tras superar a casi una veintena de rivales. El principal accionista de la UTE, el empresario y consultor Carlos Barrabés, había participado previamente en el diseño del Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid que dirige actualmente Begoña Gómez.

En total, la UTE se adjudicó más de 10 millones de euros en una época especialmente crítica para la empresa por las consecuencias del covid. El juez ha citado como testigo al propio Barrabés, así como a otros cargos y directivos vinculados con estos hechos.

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El 14 de mayo, la UCO ya entregó al juez un informe en el que se afirmaba que, a la luz de lo investigado en ese momento, no había indicios de delito contra Begoña Gómez. Su análisis repasaba la adjudicación de contratos públicos al Grupo Barrabés y en concreto, a Innova Next "por un importe cercano a los 21 millones". El listado incluía a Red.es (10,6 millones), al Ayuntamiento de Madrid (3,99 millones), al Consejo Superior de Deportes (3,04 millones), a la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (1,72 millones) y a la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora (1,64 millones).

La UCO también explicaba en este informe que no había tenido acceso a los escritos que firmaba Begoña Gómez para apoyar a la UTE: "Cabe significar de nuevo que, por el momento, no se dispone de tales cartas". El juez considera que se deben seguir investigando las adjudicaciones y solicita ahora todos los expedientes de contratación.

Le atribuye la "condición de investigada"

En el mismo auto del 16 de abril con el que acordó la apertura de diligencias, el juez ya atribuyó a la mujer del presidente del Gobierno la “condición de investigada” por un presunto delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios: “Sin perjuicio de que en el presente momento procesal no se acuerde la declaración de la persona investigada y dado que se le atribuye dicha condición procesal, se considera, a los efectos de evitar la indefensión proscrita en el artículo 24 de la Constitución, necesario que se le dé traslado del presente auto a fin de que si lo estima conveniente designe procurador y abogado".

Peinado incidía en que el hecho de que "sea la esposa del presidente del Gobierno no le atribuye ningún fuero especial", justificando así su competencia para abrir una causa contra ella: "Debe ser este el órgano judicial que lleve a cabo la investigación de los hechos denunciados, y que se atribuyen a dicha denunciada".

Tras la notificación de este auto, Begoña Gómez designó abogado y eligió el exministro del Interior Antonio Camacho, quien contestó al juez con un escrito el 24 de abril: “Habiendo recibido la señora Gómez Fernández testimonio de la parte dispositiva del auto dictado en las presentes diligencias previas y atribuir a mi defendida la condición de investigada, vengo a poner en conocimiento de ese Juzgado que interesa al derecho de mi representado instar su personación en la presente causa”.