La Audiencia de Madrid avala investigar a Begoña Gómez: "Existen indicios de delito"

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La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso de la Fiscalía que reclamaba el archivo de las diligencias abiertas por el juez Juan Carlos Peinado contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por un posible delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios. La Fiscalía solicitaba el archivo inmediato y argumentaba que sus pesquisas se basaban en "meras hipótesis o en la pura y simple sospecha", pero, en un auto notificado este miércoles, el tribunal acuerda que se siga investigando las relaciones de Begoña Gómez con distintas empresas privadas que acabaron recibiendo fondos y contratos públicos del Ejecutivo.

El auto se centra en la parte del caso que desveló El Confidencial y que tiene que ver con el apoyo de la mujer Sánchez al empresario Juan Carlos Barrabés. Según los jueces, en este punto “sí aparecen ya datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación”.

“Así, de la documentación unida a la denuncia, resulta que la Consultoría denominada Innova Next S.L.U. del Grupo que dirige el empresario Carlos Barrabés, en agosto de 2021, obtuvo dos lotes de contratos de la Empresa Pública Red.es, por valor de 5.800.000 euros, ganando a ofertas económicas más atractivas. Al parecer, la denunciada Begoña Gómez Fernández recomendó su contratación por carta”, expone la Audiencia Provincial.

"El citado empresario —añaden— en junio de 2021, obtuvo otro lote de contratos para su UTE, formada por Innova Next S.L.U. y la Escuela de Negocios The Valey, de la citada Empresa Pública Red.es", ganando a cuatro ofertas más económicas lograron 4.400.000 euros de fondos europeos con la misma recomendación de Begoña Gómez.

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“Según se desprende de la información que se acompaña con la denuncia”, Barrabés “organizó el Máster de la Universidad Complutense, de Transformación Social Competitiva que dirige la denunciada Begoña Gómez. "Es un hecho notorio que la anteriormente citada es esposa del presidente de Gobierno”, destacan los magistrados. “De lo anterior se deduce que existen indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo, para el comienzo de la instrucción acordada”, concluyen.

La decisión se produce después de que hayan quedado patentes las constantes fricciones entre el fiscal del caso y el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid. En una providencia del 23 de mayo, Peinado ordenó incluso realizar un informe sobre sus "frecuentes e inusuales visitas personales" al juzgado y denunció sus intentos por "tener conocimiento con carácter inmediato del contenido de las resoluciones, no solo dictadas, sino las que pudieran llegar a dictarse". También criticó "lo inhabitual de la actitud procesal" que la Fiscalía mostró con su recurso ante la Audiencia.

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El recurso de la Fiscalía consta en el sumario del caso, al que ha tenido El Confidencial. Según defendían en el mismo, Begoña Gómez había firmado sus cartas de apoyo a empresas privadas para concursos públicos "en su condición de profesional codirectora de un Máster de la Universidad Complutense de Madrid, como se observa en las misivas aportadas". La Fiscalía optó además por presentar un recurso de apelación y no de reforma ante el propio juez, lo que implicaba solicitar el archivo a sus superiores. "Si bien está en su pleno derecho, como se ha dicho, es totalmente inhabitual", criticó el propio Peinado en su providencia del 23 de mayo.

El recuso también cargaba contra la decisión del juez de decretar el secreto de las actuaciones. La Audiencia le da la razón en ese punto y apunta para ello a que permitió que la propia Begoña Gómez tomara "conocimiento del resultado de las diligencias, no cumpliéndose con la finalidad que justificaría" esa medida. El propio Peinado ya acordó levantar el secreto el pasado lunes, por lo que este pronunciamiento carece de efectos prácticas y podrá seguir adelante con el resto de diligencias ya acordadas. Entre ellas, la de citar como testigos al propio Barrabés y varios cargos de Red.es la próxima semana.

Como ya informó El Confidencial este martes, el juez atribuye a Begoña Gómez la “condición de investigada” desde el mismo 16 de abril, cuando abrió diligencias: "Sin perjuicio de que en el presente momento procesal no se acuerde la declaración de la persona investigada y dado que se le atribuye dicha condición procesal, se considera, a los efectos de evitar la indefensión proscrita en el artículo 24 de la Constitución, necesario que se le dé traslado del presente auto", advertía en su auto.

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Peinado incidía a su vez que el hecho de que "sea la esposa del presidente del Gobierno no le atribuye ningún fuero especial", justificando así su competencia para abrir una causa contra ella: "Debe ser este el órgano judicial que lleve a cabo la investigación de los hechos denunciados, y que se atribuyen a dicha denunciada".

Tras la notificación de este auto, Begoña Gómez designó abogado y eligió el exministro del Interior Antonio Camacho, quien contestó al juez con un escrito el 24 de abril: “Habiendo recibido la señora Gómez Fernández testimonio de la parte dispositiva del auto dictado en las presentes diligencias previas y atribuir a mi defendida la condición de investigada, vengo a poner en conocimiento de ese Juzgado que interesa al derecho de mi representado instar su personación en la presente causa”. Horas después, su marido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó su "carta a la ciudadanía" en la que amagaba con renunciar al cargo: "Necesito parar y reflexionar".