El Supremo tumba la recusación del fiscal general contra los jueces que decidirán su continuidad

El magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Calvo ha rechazado de plano la recusación planteada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra cuatro de los cinco jueces que deben decidir sobre su continuidad en el cargo. Su resolución subraya que, “sin necesidad de examinar la endeblez y escasa consistencia de la causa de recusación que se propone, (...) la formulación es extemporánea”. También critica que se valió de un "artificio procesal" para tratar de justificar la solicitud.

García Ortiz cuestionaba la imparcialidad de los cuatro magistrados y pedía apartarles de la deliberación del recurso que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha interpuesto contra su nombramiento. Su escrito incidía en que se trataba de los mismos jueces que en una sentencia de noviembre de 2023 tacharon de "desviación de poder" el primer nombramiento con el que ascendió a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado.

“Resulta de todo punto inimaginable que el fiscal general del Estado no conociera la resolución judicial que había anulado el nombramiento que el mismo había propuesto", critica Calvo. "De hecho, el recusante en ningún momento ha alegado que antes de la demanda presentada en este proceso desconociese la sentencia de 21 de noviembre de 2023”.

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Calvo recuerda que la composición de las distintas secciones que integran la Sala Tercera del Tribunal Supremo se publica cada año en el BOE, por lo que resulta “enteramente inconsistente el alegato de que fue después de su personación en el proceso cuando tuvo ocasión de conocer la identidad de los magistrados que actualmente forman parte de la Sección 4.ª y que cuatro de ellos habían firmado aquella sentencia".

Los cuatro recusados

García Ortiz recusaba en su escrito a los magistrados Pablo Lucas, Luis María Díez-Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y José Luis Requero. En el caso de este último, apuntaba también a un artículo en el que hablaba del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía General del Estado como “apesebrados”, lo que, según defendía, le incapacitaba para pronunciarse sobre su permanencia en el cargo.

Calvo descarta una vez más su intento de apartarle por los mismos motivos. Según explica en su resolución, "conocía o debía conocer" que Requero formaba parte del tribunal "desde que se produjo su personación en el proceso, acordada como sabemos por diligencia de ordenación de 14 de marzo de 2024". "Desde ese momento tuvo acceso a todas las actuaciones, incluida la resolución de 9 de febrero de 2024 en la que se había designado ponente”.

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El magistrado explica que la representación del fiscal general de Estado presentó un escrito con fecha 19 de abril de 2024 en el que solicitaba que se le comunicase si se había designado ya ponente en este procedimiento, así como la composición de la Sala. Para Calvo, esta solicitud “no era en realidad, sino un artificio procesal para intentar reabrir un plazo para recusar que ya había expirado”.

En relación al artículo concreto de Requero, precisa que García Ortiz nada explica ni argumenta sobre la relevancia o virtualidad del mismo como sustento de la recusación: “Siendo claro que D. Álvaro García Ortiz conocía el mencionado artículo de prensa antes de su personación en el proceso —en ningún momento afirma otra cosa— su escueta mención a efectos de recusación resulta claramente extemporánea”.