Los jueces alertan sobre la permisividad de la Fiscalía con Begoña Gómez: "Podría crear lagunas de impunidad"

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La Audiencia Provincial de Madrid, que ha avalado seguir investigando a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, censura en su auto la actuación de la Fiscalía al pedir el archivo del caso. Los tres jueces que firman la resolución sostienen que el argumento del Ministerio Público “podría llevar a crear lagunas de impunidad” y le recuerdan que “el fin y las garantías del procedimiento están diseñadas en sentido contrario”.

La Fiscalía pidió el "archivo sin más trámite" el pasado 25 de abril porque se trataba de una "investigación prospectiva". El Ministerio Público evitó recurrir ante el juez Juan Carlos Peinado y elevó la petición a la Audiencia Provincial de Madrid, pero la respuesta que recibió este miércoles fue clara: "Existen indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo".

Según destacan los magistrados, el recurso del Ministerio Público también "resulta contradictorio" con la postura que ha mostrado la propia Fiscalía Europea, que ya ha enviado un escrito a Peinado para saber si las pesquisas afectan a fondos de la UE. En caso afirmativo, ese órgano avisa de que podría "llegar a ejercer su competencia" y asumir la investigación.

Los "sustanciosos contratos"

El tribunal rechaza la petición de la Fiscalía ante las exclusivas de El Confidencial sobre las relaciones de Gómez con empresas que acabaron recibiendo fondos y contratos públicos del Gobierno. "El núcleo de la noticia criminis vendría centrado en la siguiente afirmación: la denunciada podría estar amparándose en su condición de esposa del presidente del Gobierno para ofrecer su influencia personal de recomendación en la adjudicación de sustanciosos contratos de adjudicación pública en favor de determinadas empresas que, al tiempo, le prestan soporte, ventaja o beneficio en el desarrollo exponencial de su carrera profesional", apunta en su auto.

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Como desveló este diario, Gómez firmó en julio de 2020 dos cartas de apoyo a una UTE de empresas privadas a la que después se adjudicaron más de diez millones de euros desde Red.es, dependiente en ese momento del Ministerio de Economía. El principal accionista de la UTE, el empresario y consultor Juan Carlos Barrabés, había participado previamente en el diseño del máster que dirige la mujer del presidente.

"Al inicio debe bastar, como venimos repitiendo, una sospecha fundada en datos objetivos y verificables, que tendrá que ir decantándose y superando los filtros establecidos para, en su caso, llamar a alguien a declarar como investigado, posteriormente acordar la continuación del procedimiento, y finalmente poder condenar", explican los magistrados. "Si, por el contrario, verificadas las comprobaciones e investigaciones precisas, la hipótesis se diluye, procederá acordar el archivo inmediato".

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Según advierten la Audiencia de Madrid, la Fiscalía ha tratado de saltarse todos esos pasos previos agarrándose una "taxativa interpretación típica" de los delitos a los que apunta Peinado: tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

En su recurso, el fiscal criticaba que en el caso de Begoña Gómez no se cumple ninguno de los "requisitos" que se establecen estos delitos, pero los jueces consideran que ha pecado de rigurosidad: "La pretensión del Ministerio Fiscal de impedir toda investigación (...) en este delicado campo es inusual y podría llevar a crear lagunas de impunidad en toda actividad delictiva, donde la delimitación del comportamiento penalmente relevante no siempre es fácil de establecer, y donde la obtención de fuentes de prueba es compleja".

En el caso concreto del delito de tráfico de influencia, el fiscal argumentaba que "el verbo nuclear (...) es el de influir" y que va más allá de "meras sugerencias o expresión de deseos", pero el auto también matiza esa afirmación: "Baste con leer el artículo 430 del Código Penal referido al simple ofrecimiento para influir, bien mediando remuneración, bien aceptando ofrecimiento o promesa, unido al concepto genérico de beneficio utilizado por la jurisprudencia como sinónimo de todo 'provecho, ventaja o mejora' para comprender que no puede estimarse el recurso del Ministerio Fiscal".