Los alcaldes se rebelan ante el "secuestro" del superávit de los ayuntamientos: "Sánchez nos trata como a vasallos"

"Un nuevo ataque a la autonomía local" que ahonda en la infrafinanciación de los municipios. Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos (Málaga), del PP, fue una de las primeras en alzar la voz, pero es la interpretación que distintos regidores comparten por el documento hecho público por el Ministerio de Hacienda, y fechado el pasado 10 de mayo, con el que se quiere dar respuesta a las dudas "frecuentes" por la reactivación de las reglas fiscales y cómo afectará a las administraciones locales. Dicho informe implica "secuestrar el superávit de los ayuntamientos que han gestionado bien" para que "Pedro Sánchez pueda seguir malgastando", alertó Del Cid.

El texto, que a lo largo de sus ocho páginas aborda 13 cuestiones concretas, recuerda que los entes territoriales tenían la obligación de destinar estos fondos a sufragar el pago a proveedores y a "financiar déficit" para evitar "el incremento neto de endeudamiento". Un apunte que lleva a los populares a concluir que el Ejecutivo insta a los alcaldes a no gastar el superávit para no aumentar el margen de deuda y que "Sánchez disponga de él para seguir malgastando".

Fuentes de Génova aseguran ser conscientes del malestar de sus ayuntamientos y abonan una especie de efecto contagio de la iniciativa por sus principales entes municipales, no solo para alzar la voz frente a la determinación del Ejecutivo, sino también para arrastrar a los regidores socialistas a su batalla contra Hacienda. Aseguran en la dirección nacional que es la FEMP, controlada ahora por la popular María José García Pelayo, la que se está encargando de canalizar este malestar y convertirlo en iniciativas en distintos ayuntamientos.

Así las cosas, las delegaciones locales de los populares amenazan con impulsar un "frente común" al que quieren sumar a "todos los que aún creemos en el municipalismo". Una resistencia en la que esperan que, como años atrás, se enrolen regidores del PSOE, IU y otras formaciones. Quieren que sea una reivindicación transversal, "más allá de las siglas políticas", por eso la "ofensiva institucional" que preparan —"con mociones en todos los ayuntamientos e iniciativas en las cámaras legislativas"— y que cuenta con el apoyo de la FEMP.

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EFE

Hay que recordar, no obstante, que fue el PP el que tumbó en el Senado los objetivos de estabilidad parlamentaria para las administraciones públicas, una estrategia para obstruir la aprobación de las cuentas públicas de 2024 y ahondar, con ello, en la debilidad del Ejecutivo. En efecto, María Jesús Montero paralizó definitivamente la aprobación de los Presupuestos por el intenso ciclo electoral, aunque el Gobierno ha maniobrado introduciendo una enmienda a la ley de paridad con la que busca sortear la capacidad de veto de la Cámara Alta a los objetivos de déficit.

"Frente institucional"

Margarita del Cid refrenda que se materializará un "frente institucional" en los consistorios que tuvo su primer avance el pasado jueves con una moción urgente presentada por el PP en la capital malagueña. "La situación es parecida a la de hace cuatro años, cuando la ministra —María Jesús— Montero intentó secuestrar los remanentes de los ayuntamientos", explicó. Incidió, además, en que se trata de "un atropello ante el que también se rebelaron los alcaldes del PSOE y, entre todos, logramos impedirlo". Ahora, prosiguió, "no quieren secuestrar el remanente, pero sí el superávit". "Es el mismo ataque, pero de diferente manera. La única forma que Sánchez ha encontrado para coartar nuestra gestión".

El Ayuntamiento de Málaga ha sido el primer escenario de una batalla con la que el PP también quiere abrir una brecha entre Ferraz y sus alcaldes aseguran que la medida "penaliza a los que han gestionado bien" y "limita el gasto de ese superávit". El equipo de Francisco de la Torre presentó en el Pleno de este jueves una iniciativa urgente para introducir esta cuestión en la agenda política y en las filas del PP esperan que vaya extendiéndose a otros territorios. Consistorios como el de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, saludan también esta iniciativa. "La unión hace la fuerza", resumen fuentes municipales. En la capital malagueña, los socialistas se han abstenido.

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"El Gobierno nos asfixia"

La regidora torremolinense, en declaraciones a este periódico, considera que el presidente del Gobierno "nos está tratando como a vasallos" y "nos asfixia". "En Torremolinos hay 74.000 personas censadas, pero —con los visitantes y vecinos no empadronados— no bajamos de las 120.000. Y los servicios se deben prestar con la misma eficiencia". El problema, explica, "es que no se ha actualizado nuestra participación en los ingresos del Estado" y "se está incumpliendo el deber constitucional de redistribuirlos".

"Pedro Sánchez impone a los ayuntamientos lo que no se aplica a sí mismo", insistió la regidora, que criticó que el Ejecutivo central pretenda "seguir endeudándose a cuenta del margen de ahorro que ahora impone a las entidades locales". "Estas instrucciones esconden despilfarro, ataque a la economía local y, lo más grave, perpetuar la desigualdad y la discriminación, porque prohíbe a las administraciones locales reinvertir los frutos de su buena gestión", sentenció.

El vicesecretario de Málaga Productiva del PP de Málaga, Carlos Conde, apuntó que el Gobierno, "más allá del equilibrio presupuestario, nunca había obligado a los ayuntamientos a no gastar lo que teníamos previsto". "Es de malos gestores no aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y de una crueldad enorme obligar a los ayuntamientos a asumir su incompetencia a través de esta decisión", añadió el también concejal de Economía y Hacienda del Consistorio malagueño.