La detención acecha a Puigdemont si decide volver a España aunque se publique la ley

La ley de amnistía ha dejado de estar bajo el control de Gobierno, los partidos independentistas y las Cámaras parlamentarias para pasar a depender de los tribunales. Al frente de todos ellos se encuentra el Supremo, que acumula las causas más sensibles para los principales líderes de Junts y ERC: procés y Tsunami. Carles Puigdemont se la juega si, como ha ido anticipando, prevé regresar en junio. Se trataría de un acto de fe que le puede salir mal porque la realidad es que nada le garantiza que no vaya a ser detenido más pronto o más tarde si pisa suelo español. Más bien al contrario. El criterio avanzado por los fiscales del procés, que defienden que no puede ser amnistiado por el delito de malversación y que, en consecuencia, no hay razón para levantar la orden de detención en su contra, abre una vía que le cerraría la vuelta a Cataluña si fuera asumida por el Supremo.

A pesar de que, en los meses anteriores a la aprobación definitiva por parte del Congreso de la norma, la atención estaba centrada en el delito de terrorismo, la piedra del zapato -al menos la primera piedra- era otra: la malversación. Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno vuelven en contra de Puigdemont una de las últimas modificaciones que sufrió la ley antes de su primera aprobación en el Congreso y después de una larga negociación entre la Moncloa y Junts y ERC. Por entonces ya se conocían las críticas de la Comisión de Venecia al texto y el Ejecutivo pasó a incluir una precisión: la malversación sería amnistiable "siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento".

Los cuatro fiscales defienden que en el desvío de fondos del procés hubo ese enriquecimiento. En su informe aseguran que la malversación les proporcionó un lucro personal y un "beneficio patrimonial", ya que, gracias a esas cantidades, lograron sostener su proyecto. "Decididos a toda costa a celebrar el referéndum ilegal, conocían perfectamente la magnitud de gastos y la necesidad de obtenerlos, recurriendo con clamorosa infracción del deber de custodia a su sustracción del erario público de todos los españoles", agregan.

El informe da también la vuelta al parapeto que impone la norma al mirar a la Unión Europea. Citando sus directivas, recuerdan que la UE tiene especial celo respecto a las conductas de funcionarios públicos a quienes se ha encomendado la gestión de fondos o de activos, ya sea en calidad de responsables o de supervisores, dirigidas a la malversación. Más aún sí perjudican los intereses financieros de la Unión. La propia ley ya demuestra esa prevención. En el capítulo de exclusiones recoge como excepción a la amnistía precisamente los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. Puigdemont, y también Oriol Junqueras, eran, precisamente eso, funcionarios públicos que desviaron fondos para destinarlos a un fin ilegal: la celebración del referéndum de Cataluña.

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Para los fiscales, estos extremos combinados cierran la puerta a que sean amnistiados por malversación, ni ellos ni el resto de condenados en el Supremo por los mismos hechos. Como colofón, el razonamiento les lleva a defender que sin aplicación de la amnistía debe mantenerse la orden de detención que pesa contra Puigdemont en territorio nacional. La ley no le beneficia, o sea que no puede servirle para eludir el arresto y la prisión si regresa.

La postura de los cuatro aún no es la definitiva. Para que Puigdemont y Junqueras resultaran no amnistiados, la Sala Penal del Tribunal Supremo tendría que compartir la misma valoración y negarles la amnistía. Antes de que llegue ese momento se ve ya venir que habrá pelea en el seno de la Fiscalía. En el departamento que dirige Álvaro García Ortiz están estudiando sus argumentos. En caso de discrepancia, el fiscal general puede ordenar que se actúe como él considere.

Volver del "exilio" es una apuesta

Según ha repetido el propio Puigdemont y su entorno, el expresident quiere presentarse a la investidura en Cataluña. Para ello debe estar en el Parlament en un pleno cuya fecha más probable es el 25 de junio. Pero ese regreso ya ha quedado también en el aire este mismo jueves. Si no vuelve, la investidura que busca sería imposible, ya que se requiere su presencia física y no sirve una conexión telemática. Aunque el Gobierno central y el PSE ven su empeño improbable y confían en que Salvador Illa sea president, el huido insiste en que si ERC le apoya puede optar a dirigir la Generalitat.

El Gobierno ha anticipado que ese trámite tardará unos días y se llevará a cabo "a partir de la semana que viene" después de que la ley sea sancionada por el Rey. La idea del Tribunal Supremo es dirigirse a las partes en cuanto quede publicada en el BOE y dar 10 días a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las defensas para que planteen cuál es su postura. Los plazos están justos.

Tras el trámite se deben decidir varias cosas. Lo más inmediato es precisamente si las medidas cautelares como la orden de detención deben decaer de forma automática o si, por el contrario, se mantienen al menos mientras se estudia el caso. Si Puigdemont no espera acontecimientos y vuelve mientras todo el proceso está en marcha, puede encontrarse con sorpresas. Una decisión de inaplicación de la ley en su caso por parte del Supremo supondría su arresto inmediato. Tendría entonces opción de acudir al Tribunal Constitucional, pero nada le libraría del ingreso en la cárcel que, como ha evidenciado, tanto teme.

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En Junts la tesis que gana más fuerza a la hora de hacer cábalas sobre la interpretación final del Supremo es la de un alzamiento de medidas como el arresto combinado con una suspensión del procedimiento por el planteamiento de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE. El informe de los fiscales también tiene contestación para esto: "Unicamente si el órgano judicial estimara que tales procesados pueden considerarse beneficiarios de la ley de amnistía y que les es aplicable la norma, debería procederse al alzamiento de todas las medidas cautelares y órdenes de detención acordadas, incluso con cuestión prejudicial".

Mientras tanto, Puigdemont acumula un segundo procedimiento que también levanta dudas en cuanto a su encaje en la amnistía: el terrorismo de Tsunami. Nada está garantizado y el regreso sería como tirar una moneda al aire y esperar que salga cara.