El Gobierno intenta no enervar a los jueces pero cree que no podrán saltarse la amnistía

Con la aprobación definitiva de la ley de amnistía en el Congreso, a falta de que en los próximos días se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno se esfuerza por no ir al choque con el Poder Judicial para facilitar su digestión, con formas exquisitas y absoluto respeto institucional. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pocos minutos después de que la amnistía superara el último trámite parlamentario, destacó que España es un Estado de derecho y, por tanto, "la decisión última sobre la aplicación de la ley la tienen los jueces, como no puede ser de otra manera".

Y no hay subterfugios en la confianza del Ejecutivo de que lo harán, a pesar del precedente de la reforma de la malversación que aprobaron la legislatura pasada para favorecer a muchos de los implicados en el procés y que el criterio del Tribunal Supremo impidió que se hiciera realidad.

No hay un temor real a que la amnistía no se concederá, por complicado o largo que sea el proceso, incluso después del movimiento de los cuatro fiscales del juicio del 1-O que ayer transmitieron al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que no puede usarse, precisamente, en los delitos de malversación que afectan a Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. Por dos razones, porque entienden que se beneficiaron de forma patrimonial y la propia ley declara no amnistiable el enriquecimiento. Y porque la UE prohíbe eliminar delitos que atenten contra los intereses financieros de Europa.

"Los fiscales no deciden", señalan fuentes en el Ejecutivo. Fueron además, recuerdan, quienes calificaron como rebelión los hechos del procés y luego ni la propia Sala de lo Penal del Tribunal Supremo lo avaló en su sentencia.

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Aun a sabiendas de que existe resistencia contra la amnistía en algunos sectores de la judicatura, distintas fuentes del Gobierno insisten en que "por supuesto que el Tribunal Supremo aplicará la amnistía". "Los jueces van a cumplir la ley".

Y en el caso del Alto Tribunal, subrayan, con más razón, porque si ve la amnistía inaplicable se expone a recursos ante el Tribunal Constitucional y después ante el Tribunal de Derechos Humanos de la UE.

Por eso no contemplan que resulte inviable el regreso del líder de Junts a España, al margen de que se presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por entender que la amnistía colisiona con el Derecho Comunitario que, señalan, puede también fallar en contra del criterio del Supremo.

"Aunque se planteara la cuestión prejudicial", destacan, "si Puigdemont volviera a España le tendrían que dejar en libertad". "Es difícil que puedan decretar que entre en prisión", reiteran, aunque el proceso para darle el perdón quede paralizado. Esta es la postura del Ejecutivo en estos momentos, a la espera de acontecimientos. Los jueces tienen dos meses para, caso por caso, resolver sobre su aplicación.

No se trata solo de Junqueras o Puigdemont. Según los cálculos de los colectivos independentistas, la amnistía alcanzará a casi 400 causas y a casi 600 investigados o condenados en todo tipo de casos relacionados con el proceso de independencia de Cataluña.

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Son justo todos estos magistrados los que más inquietan al Gobierno, por si desde sectores de la justicia contrarios a la ley les dan alguna "orientación". Bolaños defendió esta semana en el Senado la labor de jueces y magistrados "cuando la hacen con independencia, con rigor, con profesionalidad y con excelencia técnica".

El ministro asumió la cartera de Justicia con el encargo de Pedro Sánchez de pacificar la relación del Gobierno con la judicatura. El momento no es el más idóneo para hacer equilibrios entre los jueces y los independentistas. Aun así, todos los mensajes de Bolaños está muy medidos e incluso ha defendido a algunos magistrados de los ataques de Junts.

La amnistía supone un grandísimo test de estrés, pero como sucedió con los indultos el Gobierno confía en que pasará, sobre todo tras el reconocimiento "social" que ha supuesto la subida del PSC en Cataluña y el retroceso histórico de las formaciones separatistas que, por primera vez en cuatro décadas, no tienen mayoría.