El Gobierno vasco otorga el tercer grado al etarra que mató a Martín Carpena y a Luis Portero

El Gobierno vasco ha otorgado en mayo el tercer grado penitenciario a cinco etarras más, entre ellos hay varios con delitos de sangre. Uno es Igor Solana Matarrán, condenado a decenas de años de prisión en la década de los 2000 por asesinar al concejal malagueño Martín Carpena, al fiscal Luis Portero y al militar Muñoz Cariñanos. De momento, la Fiscalía ha recurrido la medida y ha paralizado su salida en régimen de semilibertad a la espera de la decisión de la Audiencia Nacional.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) monitoriza las decisiones del Ejecutivo liderado por el PNV desde que el Gobierno central transfirió a Euskadi las competencias de prisiones en octubre de 2021. En dos años y medio, ya son 75 los terceros grados concedidos. En su último boletín referente al mes de mayo informan del tercer grado de Solana y de cuatro etarras más: Mikel Xabier Ayensa Laborda, Ibai Ayensa Laborda, Balbino Sáez Olarra, Asier Oyarzabal Txapartegi y Pedro María Cano Hernández.

Mikel Xabier Ayensa también fue condenado a 30 años de prisión por el atentado contra el concejal de UPN en Pamplona, Tomás Caballero, asesinado en 1998. La Audiencia Nacional le impuso otros 30 años de prisión por matar en el 2000 al militar Francisco Casanova, en Berriozar (Navarra). Por su parte, Pedro María Cano Hernández fue condenado a 30 años por el asesinato de Juan Priede, el concejal del PSE en Orio (Guipúzcoa).

Martín Carpena era concejal del Ayuntamiento de Málaga cuando fue asesinado en el año 2000 por el comando Andalucía que integraba Igor Solana. Este terrorista le descerrajó seis disparos en plena calle y lo mató. La Audiencia Nacional condenó a este etarra a 30 años de prisión en 2001. También en el 2000, Solana mató al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero. Fue condenado a otros 54 años de prisión por ello.

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Su tercera víctima mortal fue el coronel del Ejército Antonio Emilio Muñoz Cariñanos. Lo mató en ese mismo año 2000. Solana fue el autor material. Le disparó varias veces en la cabeza y le arrestaron cerca del lugar del atentado. La Audiencia Nacional le impuso otros 53 años de prisión.

Cuando un preso tiene una condena firme, tiene tres vías de cumplirla en prisión. La más estricta es el primer grado, en el que estuvieron la mayoría de etarras durante décadas. Solo tras la disolución de la banda en 2018, la situación del colectivo empezó a suavizarse. Hoy la inmensa mayoría está en segundo grado, el más común en las prisiones de toda España. Sin embargo, también hay decenas de ellos en tercer grado, lo que permite entrar y salir a diario del centro penitenciario, según la modalidad.

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El mero recurso de Fiscalía permite paralizar esas posibles salidas. Según los datos recabados por la AVT, de los 75 terceros grados concedidos, se han visto beneficiados 62 terroristas. Se da la circunstancia de que, en 13 ocasiones, el Gobierno vasco ha vuelto a conceder la semilibertad a etarras a los que se les había revocado en la Audiencia Nacional. En total, los jueces han tumbado 16 terceros grados y en la actualidad hay hasta nueve pendientes de decidir.

Cuando ETA anunció el cese de sus atentados en 2011, la banda tenía cerca de 700 presos en las cárceles repartidos por toda España. Hoy están todos cerca de sus domicilios en las tres prisiones del País Vasco y en la de Navarra, gracias a la política de acercamientos puesta en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez y el ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska. Actualmente, el colectivo de presos ETA presenta alrededor de 120 internos en España y media docena que siguen en Francia por decisión propia.