Los fiscales del 'procés' darán la batalla si García Ortiz les desoye sobre la amnistía

Los fiscales del procés prevén defender su criterio respecto a la ley de amnistía frente a cualquier oposición al mismo que les plantee el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La aplicación del perdón a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de afectados en el Tribunal Supremo por el procés augura ya un nuevo choque en la Fiscalía General que lleva meses enlazando pulso tras pulso y disgusto tras disgusto. Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno podrán recurrir al artículo 27 si se les impone un criterio que no comparten.

Los desacuerdos respecto a Puigdemont en particular y la amnistía en general son ya antiguos, pero el que se prepara será uno de los más sonados. Esta semana, los cuatro miembros del Ministerio Público, encargados del caso desde sus inicios en el TS después de la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017, presentaron a su superior un informe en el que, en resumen, aseguran que no se puede aplicar la amnistía al tipo de malversación cometida por los líderes del procés. Agregan que, como consecuencia, la orden de detención en España del expresident catalán debe seguir vigente.

El instrumento al que pueden agarrarse los fiscales ante una imposición que no quieran asumir está incluido en el Estatuto Fiscal, en concreto en su artículo 27. En él se indica que si reciben una orden o instrucción que consideren contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo, estimen improcedente, pueden elevar la cuestión a la Junta de Fiscales de Sala.

Este órgano, que preside el propio fiscal general, está compuesto por 38 fiscales y "le asiste" doctrinal y técnicamente para aunar criterios. En este caso, actuaría como árbitro para elegir entre posturas contrapuestas. Si los cuatro fiscales no logran su apoyo, tendrán que acatar la decisión. Eso no impediría que, pese a todo, quede constancia de sus argumentos ni que la discrepancia sea patente.

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La Junta entró en acción hace solo unas semanas a consecuencia de otra discrepancia, en este caso sin relación con la amnistía. Se pronunció respecto a la postura del Ministerio Público frente a la querella del novio de Isabel Díaz Ayuso por revelación de secreto, un procedimiento en el que el propio García Ortiz se juega una hipotética imputación por dar el visto bueno a la nota de prensa donde se informaba de que el empresario Alberto Rodríguez Amador admitió haber cometido dos delitos fiscales. En el órgano, las fuerzas están reñidas y los más críticos apuntan a que su composición fue decantándose hacia la línea de la actual Fiscalía General a consecuencia de los nombramientos de nuevos fiscales de Sala en los últimos años, desde la llegada al departamento de Dolores Delgado. La decisión final es imprevisible y menos en un tema como la amnistía que, como ya se ha demostrado, traspasa ideologías.

García Ortiz tiene una opción mucho más extrema si quiere imponer su criterio. En aras de la unidad de actuación, puede apelar a la fungibilidad de los miembros del Ministerio Fiscal. Este principio implica que los fiscales de los casos son intercambiables y que pueden ser sustituidos, por tanto, si lo considera necesario su máximo responsable en beneficio de la uniformidad de criterio.

Precisamente en estos días se están celebrando reuniones con los responsables fiscales de las áreas que llevan asuntos relacionados con el proceso de independencia de Cataluña. Desde los fiscales de penal a los de la Audiencia Nacional o de Cataluña, los encuentros tienen como objetivo la coordinación ante la futura aplicación que afectará a casi 370 procedimientos distribuidos por todo el territorio.

El primer round

A modo de prólogo del enfrentamiento que ya se adivina, se produjo hace unas semanas otro pulso, en ese caso, respecto a la defensa o rechazo de la vinculación de Carles Puigdemont con un delito de terrorismo por las acciones de la plataforma Tsunami Democràtic. En aquel caso, el fiscal encargado anunció e incluso elaboró un informe en el que apoyaba la apertura de una causa por terrorismo. Después cambió de opinión.

En una de las juntas más crispadas que se recuerdan, en ese caso de Penal, 15 fiscales del Tribunal Supremo se reunieron para analizar los disturbios impulsados por el colectivo y la inmensa mayoría de ellos —también algunos progresistas— coincidió en apoyar que el alto tribunal abriera causa contra Puigdemont por terrorismo. La opinión mayoritaria no fue la oficial. La dos de García Ortiz asumió el caso y no compró el criterio mayoritario.

La tesis sobre la malversación que defienden los cuatro fiscales dejaría a Puigdemont sin amnistía y sin posibilidad de volver a España si no quiere ser encarcelado. Los del procés aseguran que se apropiaron "de forma activa" de fondos públicos "con ánimo de lucro propio". "Ello implica un enriquecimiento personal al poder disponer para sus ilícitos fines de fondos públicos" que ocultaron a la intervención del Estado para sufragar los gastos de un proyecto inconstitucional.

También aprecian que el delito que cometieron atentó contra los intereses financieros de la UE y, por ello, no puede quedar amnistiado. "La malversación de fondos públicos para financiar un proceso secesionista dentro de un Estado que forma parte de la Unión Europea, con el consiguiente riesgo de fractura territorial de la UE y la consiguiente disminución de los ingresos y fondos que forman parte de su presupuesto, repercute negativamente en los propios intereses financieros de la Unión", dice le informe.