Multas de 600.000 euros, una lista de infractores y declaración de bienes a presentadores: la ley de medios de Podemos

Un registro de infractores, un Consejo Independiente de Derecho a la Información, multas de hasta 600.000 euros y la declaración de bienes e intereses de los presentadores de programas sobre política. Son algunas de las propuestas incluidas en la ley de garantía del derecho a la información veraz y lucha contra la desinformación registrada por Podemos en el Congreso de los Diputados. Se trata de la respuesta de los morados a la situación generada tras el órdago de Pedro Sánchez, que puso el foco sobre la actitud de los medios de comunicación y aludió a la puesta en marcha de medidas de "regeneración" de las que no se ha sabido más. Los de Ione Belarra han tomado la delantera en esta carrera con una norma que contempla la posibilidad de revocar las licencias a los medios de comunicación que incumplan sus postulados o el veto de la publicidad institucional.

Una de las novedades más relevantes es la creación del citado consejo, que estará conformado por 50 personas que tendrán dedicación exclusiva y que se elegirán por sufragio universal. Las decisiones se tomarán por una mayoría de tres quintos de ese medio centenar de miembros que se renovarán cada 5 años en coincidencia con las Elecciones al Parlamento Europeo. Podrán concurrir a esos comicios asociaciones y colegios de periodistas, sindicatos o agrupaciones de electores, pero lo llamativo es que mientras se crea ese organismo, sus funciones estarán en manos del Ministerio de la Presidencia, al menos en lo que se refiere a ciertas competencias como el registro de bienes.

El consejo tiene entre sus funciones la detección de noticias falsas y también de gestionar las posibles sanciones que derivan de la ley, ya sea a partir de una denuncia o actuando de oficio. Las multas van desde los 1.000 euros a los 600.000 euros y van desde leves a muy graves y pueden ser recurridas por la vía de lo contencioso-administrativo, aunque eso no exime del pago de la multa. Una de las infracciones más relevantes es la elaboración de noticias que "deliberadamente falten a la verdad", ya sea "mediante falsas afirmaciones u omitiendo información relevante" si tienen el objetivo de "intervenir fraudulentamente en procesos electorales" (...) o "alterar la percepción política de la población".

También se considera una infracción la elaboración de una información que incite al odio o la discriminación por motivos de "ideología, religión, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad". En estos dos supuestos quedan fuera de la consideración de infracción la emisión de "opiniones, valoraciones, críticas o cualesquiera otras apreciaciones subjetivas".

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En el catálogo de sanciones destaca la prohibición de acceder a publicidad institucional e incluso la revocación de licencias para los medios o periodistas que incurran de forma recurrente en la infracción. Además, los periodistas y medios que incumplan esas normas pasarán a formar parte del "registro de lucha contra la desinformación" tras haber sido apercibidos o sancionados por la elaboración de "noticias falsas". Y destaca la obligación de informar de sus bienes e intereses a los propietarios y titulares de las licencias de los medios, ya sean televisión, radio o prensa escrita, así como a los presentadores de los programas de actualidad política, un colectivo sobre el que Pablo Iglesias ha puesto el foco de forma recurrente.

El texto de los morados pone también coto a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en unas mismas manos en relación con la audiencia que consigan. La estructura de la información es una de las grandes preocupaciones del partido, lo que desemboca en la creación de un repositorio donde quede reflejada esa propiedad de los medios y también el reparto de publicidad institucional que reciben. El incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia también se incluye entre las infracciones del régimen sancionador.

Sobre el funcionamiento de los medios, destaca la obligación de contar con figuras como el consejo de redacción a las radios, televisiones o periódicos que acumulen un 15% de la audiencia a nivel estatal o el 20% autonómico. También declara la producción de información como una "actividad esencial" y establece la creación de un nuevo sistema de medición de audiencias de acceso público y obliga a que en las campañas electorales los principales candidatos celebren al menos dos debates en un medio público.