Puigdemont se arriesga a quedarse sin amnistía también en su causa por terrorismo

La tesis lanzada por primera vez por los cuatro fiscales del procés que apunta a la inaplicación de la ley de amnistía para el delito de malversación, amenaza con extenderse a otros delitos que se atribuyen a Carles Puigdemont y dejar al expresident de la Generalitat de Cataluña tanto sin perdón como sin posibilidad de regresar a España. El más evidente es el delito de terrorismo, que no puede amnistiarse si provocó graves violaciones de derechos humanos. Si el delito cuyo perdón aparece más blindado en la norma -el impuesto en su día por el desvío de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre- se pone en duda, es previsible que suceda algo similar con el que siempre se vio como el mayor escollo de la norma, aseguran fuentes jurídicas consultadas.

Tanto la malversación como el terrorismo sufrieron cambios a lo largo de la tramitación de la ley en el Congreso. La malversación se concretó en respuesta a los informes de la Comisión de Venecia, que se quejó de la falta de precisión y claridad de la ley y del riesgo de que se extendiera a conductas ajenas al proceso independentista de Cataluña. El terrorismo sufrió tres cambios a golpe de negociación. Aunque Junts insistió hasta el final en que no debía quedar metido en las exclusiones de la norma, la Moncloa defendió hacerlo para calmar posibles suspicacias de la UE.

El acuerdo final entre uno y otro supone que la ley perdona el terrorismo siempre que este no haya causado "de forma intencionada" graves violaciones de derechos humanos. Para comprender lo que se entiende por terrorismo se destaca en la norma que las finalidades de las acciones entendidas como tal por los tribunales deben encajar en la directiva de 2017 del Parlamento Europeo sobre el tema. El criterio introducido requiere una valoración por parte de los tribunales que no puede ser automática. A la hora de amnistiar delitos terroristas, el Supremo y la Audiencia Nacional tendrán que determinar si esas graves violaciones que se mencionan se dan en el caso preciso y si estas se produjeron de forma intencionada.

Hasta el momento, tanto el Supremo como la Audiencia Nacional han dictado distintos autos en los que ya describen cómo interpretan las acciones de la plataforma Tsunami Democràtic. El TS ha citado a Puigdemont como imputado después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García-Castellón, remitiera los indicios que encontró en su contra. Este magistrado mantiene la competencia sobre la parte del procedimiento que afecta a Marta Rovira, líder de ERC, y varios otros investigados.

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Un simple repaso a los escritos ya evidencia que -como no podía ser de otro modo al tratarse de hechos que se califican como terroristas- el alto tribunal y la Audiencia consideran que fueron muy graves. Además, en el auto en que abría causa, desgranaba tres grupos de hechos que coinciden de forma casi calcada con las precisiones de la directiva europea que se menciona en la ley.

La "gravedad" del terrorismo de Tsunami

En su análisis, el TS apunta en concreto a la "detención ilegal" o las coacciones que sufrieron multitud de personas atrapadas en el bloqueo del aeropuerto de El Prat en octubre de 2019 que creó "una situación de absoluto caos y violencia" y que se acompañó de falsedad documental a través de la emisión de billetes ficticios. Como segundo punto se refiere a las lesiones de especial gravedad que sufrieron miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado, causadas mediante sustancias peligrosas y artefactos de pirotecnia. Aprecia también graves daños patrimoniales en bienes de dominio o uso público de especial gravedad y con utilización de sustancias pirotécnicas inflamables, causados en el aeropuerto y calles de Barcelona.

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En ese escrito ya se describe la finalidad. Las acciones de Tsunami -indica- se llevaron a cabo "para alterar gravemente la paz pública" y/o "para obligar a los poderes públicos a realizar determinada actuación". Como las acciones se desencadenaron en protesta por la sentencia que condenaba a los líderes del procés a penas de prisión, la presión se ejercía para que esas penas no se ejecutaran, se deduce de la lectura del auto. Puigdemont ejercía un liderazgo absoluto respecto a la organización que contaba con su "apoyo carismático".

Además de sacarle de la amnistía, la atribución de terrorismo supone para Puigdemont un riesgo para el desempeño de cualquier actividad pública si el procedimiento continúa su avance. Sea como nuevo president, como persigue, o como simple diputado, si el Supremo decreta su procesamiento y ordena el ingreso en prisión (esté o no a disposición de la Justicia) quedaría automáticamente apartado del ejercicio del cargo en aplicación del artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

Este artículo afecta a los procesados por terrorismo y rebelión e indica que una vez es firme un auto de procesamiento y se decreta la prisión provisional "por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes", el procesado "quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".

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El terrorismo es así la pata más débil de la ley. La norma ya amenaza con volverse en contra de Puigdemont en lo que afecta a la malversación. Los fiscales del procés han sido los primeros en prender una mecha que acabará explotando. Una duda que parte del delito más amnistiable sobre el papel se convierte en un mar de dudas en el que lo es menos. La pinza entre los dos deja atrapado justo en el centro a Puigdemont.