El juez del caso Begoña Gómez aplaza las declaraciones de los cargos de Red.es a después de las europeas

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El juez Juan Carlos Peinado ha aplazado las declaraciones de cinco testigos al próximo domingo 16 de junio a petición del abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, quien le informó de que no podía acudir al juzgado este jueves por coincidirle con la celebración de un juicio. La decisión implica retrasar hasta después de las elecciones europeas las comparecencias de cinco empresarios con los que se busca aclarar la adjudicación de más de 10 millones de euros a una UTE para la que la mujer de Pedro Sánchez había escrito dos cartas de apoyo.

El juez ha acordado tomar declaración a partir de las 12:00 horas del 16 de junio al exdirector general del ente público Red.es, Alberto Martínez; su antecesor en el cargo, David Cierco; su director de Economía Digital, Luis Prieto, su director de Asesoría Jurídica, Ignacio Espejo-Saavedra, y un cargo de la empresa que se llevó los contratos, Luis Antonio Martín Bernardos. Peinado está de guardia ese domingo, por lo que desde su juzgado ya avisan de que el horario de las comparecencias dependerá de la incidencia del servicio.

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El aplazamiento no afecta por ahora a la citación para el próximo 7 de junio como testigo de Carlos Barrabés, que era el principal accionista de la UTE que se llevó los contratos bajo investigación. Él también ha pedido el aplazamiento por motivos de salud, pero Peinado no ha atendido por el momento su solicitud. Como desveló El Confidencial, Barrabés también participó en el diseño del máster de la Universidad Complutense de Madrid que dirige actualmente Begoña Gómez.

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El 22 de enero de 2021, en pleno proceso de adjudicación, el propio Pedro Sánchez puso como ejemplo de empresa aragonesa al grupo "Barrabés, que he tenido también ocasión de poder conocer en primera persona". El presidente del Gobierno pronunció estas palabras durante un acto en Zaragoza para alabar su proyecto "ayudar a las pymes a digitalizar sus plantillas".

La Audiencia avala la investigación

El juez atribuye a Begoña Gómez la condición de investigada desde el mismo 16 de abril, cuando acordó la incoación de diligencias previas. En esta primera resolución, Peinado ya apuntaba a un posible delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios, tras lo que este martes ha ido un paso más allá y ha acordado citarla como imputada para el próximo 5 de julio.

La Fiscalía se opone a esta investigación y presentó un recurso en el que defendía que debería ser archivada sin practicar ninguna diligencia, pero la Audiencia Provincial de Madrid rechazó sus argumentos la pasada semana. "El núcleo de la noticia criminis vendría centrado en la siguiente afirmación: la denunciada podría estar amparándose en su condición de esposa del presidente del Gobierno para ofrecer su influencia personal de recomendación en la adjudicación de sustanciosos contratos de adjudicación pública en favor de determinadas empresas que, al tiempo, le prestan soporte, ventaja o beneficio en el desarrollo exponencial de su carrera profesional", advirtió el tribunal.

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Los tres jueces que firmaban esta resolución sostenían que el escrito de la Fiscalía “podría llevar a crear lagunas de impunidad” y le recordaban que “el fin y las garantías del procedimiento están diseñadas en sentido contrario”. También destacaban que su escrito "resulta contradictorio" con la postura que ha mostrado la propia Fiscalía Europea, que envió un escrito a Peinado para saber si las pesquisas afectan a fondos de la UE. En caso afirmativo, ese órgano avisa de que podría "llegar a ejercer su competencia" y asumir la investigación.