El juez imputa a Begoña Gómez por tráfico de influencias y la cita el 5 de julio

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El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citado a declarar como imputada a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado el próximo 5 de julio. El magistrado, que abrió diligencias hace unas semanas, ha dado este paso después de levantar el secreto de las actuaciones y ordenar una ronda de declaraciones de testigos para indagar en las actividades profesionales de Gómez. La citación se ha acordado a las diez de la mañana y será practicada tras estas comparecencias de cargos de Red.es. Desde la apertura de diligencias, Gómez consta como investigada en el procedimiento. Ahora pasa a estar imputada de forma inequívoca.

La mención del magistrado en sus resoluciones a la condición de investigada de Gómez produjo hace unos días toda una tormenta política que, sin duda, se incrementará después de conocerse su decisión de imputarla. El magistrado ha tomado la decisión porque aprecia indicios de los dos delitos. Sus sospechas se centran en inicio en el apoyo llevado a cabo por la esposa del presidente a una UTE de empresas que lideraba su amigo Barrabés y que obtuvo una adjudicación millonaria. Este mismo lunes trascendió una declaración pública del presidente del Gobierno en apoyo a Barrabés.

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La citación se ha conocido poco después de que el magistrado aceptara este martes la solicitud de la defensa de Gómez para aplazar el grueso de las declaraciones. Peinado escuchará el 16 de junio al consejero delegado (CEO) de Red.es, David Cierco; al que fuera director general de Red.es Alberto Martínez Lacambra; al economista y abogado de Innova Next SL Luis Antonio Martín Bernardos; del director de la asesoría jurídica en Red.es, Ignacio Espejo Saavedra Hernández; y a Luis Prieto Cuerdo, director de Economía de Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital. Aún está pendiente que se pronuncie sobre la solicitud del empresario Carlos Barrabés que ha reclamado también un aplazamiento a consecuencia de la enfermedad que padece.

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La instrucción del Juzgado está centrada en dos aspectos principales. Por una parte, Begoña Gómez firmó en julio de 2020 dos cartas de apoyo a una UTE de empresas privadas que se presentó a concurso del ente público Red.es, dependiente en ese momento del Ministerio de Economía. El principal accionista de la UTE, el empresario y consultor Carlos Barrabés, había participado previamente en el diseño del Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid que dirige actualmente Begoña Gómez. Las comparecencias que el magistrado ha acordado para los días 6 y 7 de junio se centran en estos hechos. Peinado ha citado a Barrabés y distintos responsables vinculados a Red.es.

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La alianza apoyada por la mujer de Sánchez acabó llevándose los tres lotes a los que optaba tras superar a casi una veintena de rivales. En total, Barrabés se adjudicó 10,2 millones de euros en una época especialmente crítica para la empresa por las consecuencias del covid. La UTE no presentó en ninguno de los tres concursos la oferta más barata, pero logró la máxima nota en los apartados de valoración subjetiva, y eso le permitió superar al resto de competidores en la calificación final.

Además, y como desveló El Confidencial, el IE Africa Center de Begoña Gómez firmó en 2020 un acuerdo de patrocinio con Globalia. Además, la mujer del dirigente socialista se reunió en privado con el consejero delegado del holding turístico, Javier Hidalgo, en las propias oficinas de la compañía. En esas mismas fechas, Globalia estaba negociando con el Gobierno un rescate millonario para hacer frente a las consecuencias del covid. Finalmente, el Ejecutivo de Sánchez concedió a la aerolínea de la familia Hidalgo, Air Europa, una ayuda de 475 millones de euros. Ninguna otra compañía privada recibió tanto dinero del fondo de rescate de la SEPI. Sánchez participó en el Consejo de Ministros que autorizó la entrega del dinero.

Influir en funcionarios públicos

El delito que se atribuye se recoge el artículo 429 del Código Penal en el que se persigue a los particulares que influyan en funcionarios públicos o autoridades "prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este" para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero.

Por otra parte, el delito de corrupción privada se regula en el artículo 286 bis del Código Penal y castiga a quienes "prometan, ofrezcan o concedan a directivos, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros". También afecta a aquellos que "reciban, soliciten o acepten" esos beneficios o ventajas.