El juez amplía el caso Begoña Gómez y ya apunta a nuevas líneas de investigación

El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid tomó este martes varias decisiones y ninguna de ellas es buena noticia para Begoña Gómez. Además de citarla como imputada para el 5 de julio, el magistrado oficializó la apertura de una segunda línea de investigación destinada a conocer si existen indicios de irregularidades en varios contratos públicos atribuidos al empresario Juan Carlos Barrabés. Lo ha hecho a través de una providencia en la que se limita a reseñar de forma muy breve la decisión y a vincularla con la Fiscalía Europea. En solo un párrafo, esta parte de la instrucción abre la vía para la revisión de varias adjudicaciones concedidas al empresario.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil puso al magistrado sobre la pista al analizar la atribución de contratos públicos por importe cercano a 20 millones de euros a la compañía de Barrabés, Innova Next, o a Uniones Temporales de Empresas (UTE) en las que participaba. La Guardia Civil se refirió a ellos en el informe que fue aportado al Juzgado hace unas semanas. La UTE ha acaparado los primeros pasos de las diligencias.

Con esa nueva mención al departamento dependiente de la UE, el juez hace referencia a la solicitud de información que se le remitió hace unos días. La Fiscalía quería saber si en el procedimiento que se instruye se ha detectado el uso de fondos europeos. Fuentes jurídicas apuntan a El Confidencial que este organismo arrancó sus propias comprobaciones hace un mes y medio tras recibir denuncias contra la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley, las dos sociedades a las que Begoña Gómez apoyó con cartas de recomendación. Ahora tendrán que separar el grano de la paja y determinar qué sigue siendo competencia de los Juzgados de Plaza Castilla y qué puede dejar de serlo, como ya ha sucedido en el caso Koldo.

El listado que la UCO entregó al juez advertía de que el "importe principal" que recibió la empresa de Barrabés se concentraba en unos pocos contratos públicos: Red.es (10,6 millones), el Ayuntamiento de Madrid (3,99 millones), el Consejo Superior de Deportes (3,04 millones), la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (1,72 millones) y la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora (1,64 millones). En una providencia del pasado 24 de mayo, el juez ya solicitó todos "los expedientes de contratación" de las tres primeras, pero ahora ha ido un paso más allá al acordar la apertura de una pieza separada ante la petición de documentación de la Fiscalía Europea.

La Guardia Civil también avisaba de que un alto porcentaje de las adjudicaciones percibidas se produjo en dos ejercicios: 2021 y 2022. A su vez, casi el 90% de las ganancias de la empresa de Barrabés, sola o en unión con otras compañías, se concentró en un número muy reducido de expedientes que se acumularon en aproximadamente un año y medio. Esos organismos públicos pagaron un importe cercano al 85% del total adjudicado, según los cálculos del Instituto Armado.

La investigación sigue así el camino marcado por la Audiencia Provincial de Madrid, que recomendó en su auto profundizar en cómo se concedieron estas partidas. En varios casos se han apreciado "a nivel indiciario" prácticas "opacas" que sugieren "un trato de favor" a la compañía del empresario, al menos en el caso del expediente del CSD y que centrarán las pesquisas, aseguran las fuentes consultadas.

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Beatriz Parera

En las primeras comprobaciones todo apunta a que existe una mezcla en la procedencia de los fondos —nacionales y de la UE—, lo que puede desembocar, de nuevo, en una duda sobre la competencia. Hace solo unos días, la Fiscalía Europea, que comenzó investigando las contrataciones con empresas de la trama Koldo en Baleares y Canarias, acabó reclamando la causa completa. Este departamento no funciona como el Ministerio Público, sino que instruye, por lo que un movimiento de ese tipo podría suponer que el juez dejase de llevar las riendas de la investigación. En caso de discrepancia, el magistrado puede plantear una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo.

La imputación

La apertura oficial de la pieza separada quedó opacada por la decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar para el próximo 5 de julio a Begoña Gómez como imputada por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La decisión provocó la publicación por parte de Pedro Sánchez de una nueva carta a la ciudadanía en la que apunta directamente al juez. Asegura en ella que su decisión se conoce a pocos días de las elecciones europeas y que obvia la práctica habitual de los tribunales de evitar decisiones que puedan interferir en los comicios. "Extraigan sus propias conclusiones", lanza.

Los motivos del magistrado quedan reflejados en un auto de cuatro páginas. Afirma el juez que cuenta con "datos" en este momento procesal que ya le permiten concluir la existencia de elementos suficientes para esa citación. También se queja tanto de la Fiscalía como del abogado defensor de Gómez. Sobre la primera, ironiza con su prisa para recurrir. Al segundo le reprocha la dilación en la toma de declaraciones de testigos por su petición de aplazarlas al tener otro señalamiento. Es evidente que el auto volverá a recurrirse, previsiblemente por partida doble, y que la Audiencia Provincial tendrá que pronunciarse de nuevo.