Oleada de indignación entre los jueces por el "ataque constante de Moncloa"

Los ataques directos del Gobierno contra el magistrado encargado del caso Begoña Gómez han levantado una nueva oleada de indignación en la judicatura que aprecia, una vez más, cómo desde la Moncloa se ha optado por entrar "en el cuerpo a cuerpo constante" contra los jueces. El contenido de la carta de Pedro Sánchez y sus acusaciones al instructor de Plaza Castilla sobre un supuesto uso electoralista de la imputación formal de su mujer se aprecian como un ataque directo contra la separación de poderes y "una presión intolerable" a la persona que tiene en sus manos el destino de un procedimiento que afecta en lo personal al presidente del Gobierno.

En este caso el episodio se vive como si fuera el segundo capítulo de aquello que Sánchez desencadenó con su primera carta. Si en la primera insinuaba que se sentía víctima de un caso de lawfare, en la segunda habla ya sin filtros de decisiones procesales del juez Juan Carlos Peinado y las denuncia como una persecución contra su esposa por ser "quien es". Con sus palabras -dicen varios jueces consultados- hace partícipe al instructor de una presunta confabulación en su contra en la que participan también el PP y Vox y una parte de la prensa. "Está claro que le estorban las decisiones que está adoptando", añaden.

La carta supone "una escalada" en el discurso para pasar a acusar de forma velada al magistrado de "prevaricar", señala una de las fuentes contactadas por este diario. Recuerda cómo hace solo unas semanas las palabras desde el Congreso de la portavoz de Junts Míriam Nogueras contra determinados magistrados se vivieron como algo escandaloso. "En muy poco tiempo, estas actitudes se han normalizado y contagiado al Ejecutivo nada menos que de la mano de su máximo responsable, el presidente", indica.

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Los jueces consultados recuerdan que Gómez tiene varias vías que puede tomar si considera que el juez no está actuando de forma objetiva. Para empezar, cuenta con la posibilidad de recurrir cualquiera de sus decisiones, como ya sucedió por decisión de la Fiscalía con la apertura de diligencias. El auto en el que se acuerda la citación puede dejarse si así lo decide su defensa en manos de la instancia superior, la Audiencia Provincial. Además, si como insinúa Sánchez, él o su pareja aprecian una falta de imparcialidad, siempre les queda la recusación que deberían basar, eso sí, en hechos concretos.

El CGPJ

El malestar ha llegado también hasta el Consejo General del Poder Judicial. Vocales consultados aseguran que algunos han comenzado a pedir que la Comisión Permanente, que se reúne este jueves, apruebe algún tipo de declaración en la que se reivindique la necesidad de preservar la independencia judicial y se critiquen los ataques desde el poder ejecutivo. La iniciativa aún no ha sido concretada y se encuentra en fase embrionaria.

Varias asociaciones de jueces optaron este miércoles por hacer público su malestar a través de comunicados. La Francisco de Vitoria y Foro Judicial aseguran que resulta "muy poco edificante" que el presidente del Gobierno, máximo responsable del poder ejecutivo, traslade a la ciudadanía "la idea de que un juez dicta sus resoluciones con intereses electoralistas". Ven detrás de la carta una intención de "señalar" que evidencia una falta de respeto "a las decisiones y tiempos de la justicia que ni se acomodan ni tienen por qué acomodarse a los tiempos electorales". "La separación de poderes es un principio irrenunciable que debería estar presente en toda declaración política", indica el comunicado.

Otros magistrados consultados destacan que la carta refleja cómo desde la Moncloa se mezcla "lo público y lo privado". "Han pasado a institucionalizar un asunto particular que afecta a una persona que no es miembro del Ejecutivo", dicen. Además, de la crítica concreta al juez muchas voces han saltado a una crítica genérica a la judicatura al completo. La idea, temen, es que el Gobierno desarrolle lo que ya se presintió con la primera carta de Sánchez: un clima que justifique forzar reformas legislativas que, en otro momento, serían difíciles de justificar. "Creo que ese es realmente el objetivo último: tener el control total sobre los resortes del Estado", lo resume un juez.