Un sector del CGPJ busca una declaración "dura" contra Sánchez por la carta sobre el juez

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se reúne este lunes en medio de un ambiente de máxima tensión por la forma de proceder tanto de Pedro Sánchez como de su Gobierno en relación con las diligencias que conduce un Juzgado de Madrid sobre la mujer del presidente, Begoña Gómez. En la cita convocada de forma extraordinaria para después de las elecciones europeas, un sector defiende aprobar una declaración "dura" contra el jefe del Ejecutivo al considerar que su última carta a la ciudadanía "rompe límites más allá de lo tolerable". La simple defensa de la independencia judicial no es suficiente en este caso, consideran.

Los vocales tratarán pese a todo de buscar un punto medio que permita la unanimidad. Hay muchos puntos en los que todos coinciden y la mayoría cree que esta ocasión no merece una votación que muestre la división. La gran mayoría de la carrera rechaza este tipo de declaraciones al margen de si se comparte o no la actuación del titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Queda muy lejos, dicen, esa etapa en la que el poder político evitaba valorar las decisiones judiciales para no interferir en ellas.

Y es que, la interferencia a la que apeló Sánchez en su carta es de doble sentido. El presidente ponía la atención en el momento escogido por el instructor de Madrid para comunicar su decisión de citar como imputada a Gómez. La citación trascendió a cinco días de las europeas y el presidente dijo ver una intención electoralista. Sin embargo, ese señalamiento a Peinado y a su actuación procesal también interfiere en su labor al convertirse en la prueba evidente de que el poder ejecutivo analiza y cuestiona cualquiera de sus actos. La presión se ejerce, además, cuando lo que instruye el juez afecta en lo personal a Sánchez.

La decisión del presidente de difundir esta segunda carta a la ciudadanía y su contenido ha servido para aumentar un poco más aún el malestar de la carrera, que lleva sintiendo desde el inicio de la legislatura que se la trata como un enemigo a batir. Más allá de las referencias al juez Peinado, el mensaje del presidente cala en la opinión pública como una acusación generalizada a la judicatura prácticamente al completo. Una acusación de falta de objetividad y de deseo de perseguir al Ejecutivo "progresista". Todo esto se produce en un momento en el que la aplicación de la ley de amnistía, que depende de los tribunales, está al borde de arrancar.

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Los ecos de la prevaricación

Lo que Sánchez hizo con la carta fue acusar, sin apenas disimulo, al juez de prevaricar, es decir, de dictar una resolución injusta a sabiendas de su injusticia. Propagar la idea que los jueces actúan de este modo con frecuencia abona el camino para el futuro. Si los tribunales no aplican la amnistía como el Ejecutivo y los partidos independentistas desean, la explicación automática será esta misma: prevarican. Ya lo dijo Míriam Nogueras hace unas semanas: "Veremos si algún juez está dispuesto a prevaricar", lanzó.

Sánchez difundió la carta después de que se conociera que el instructor del caso contra su mujer había decidido citarla como imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios para el próximo 5 de julio y después de que la Fiscalía Europea pidiera acceder a documentación vinculada con sus actividades en unas segundas diligencias independientes. El presidente tiró de su mantra más repetido en su última etapa. "Bulos", "fango" y actuación orquestada en su contra liderada por el PP y Vox. Asegura que la oposición encabeza una "coalición reaccionaria" que trata de usar "todos los medios a su alcance" con el fin de quebrarle "en el plano político y personal".