La Fiscalía Europea reclama al juez Peinado la parte principal del caso Begoña Gómez

La Fiscalía Europea reclama al juez Juan Carlos Peinado la parte principal del caso Begoña Gómez. Fuentes jurídicas avanzan a El Confidencial que tras confirmar el uso de fondos europeos en los contratos públicos que se concedieron al empresario Juan Carlos Barrabés después de que la mujer del presidente le avalara con cartas de apoyo, el departamento considera que tiene competencia para investigar esas adjudicaciones en lugar del titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid. Ha solicitado la avocación de las diligencias, salvo en lo que afecta a la parte vinculada con Globalia.

La Fiscalía Europea ya envió el pasado miércoles a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a las oficinas de Red.es para requerir los expedientes y las comunicaciones relacionadas con los contratos que este organismo público concedió a Barrabés. La investigación que instruye el juez también se centra en esas mismas adjudicaciones y apuntaba a los posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La solicitud del organismo europeo supondría apartar a Peinado de la parte más sensible de la instrucción.

El proceder es similar al llevado a cabo en el caso Koldo, donde la Fiscalía Europea ha reclamado hacerse cargo de toda la investigación. Si el juez Peinado no comparte su razonamiento, podrá plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Supremo. En cualquier caso, las mismas fuentes apuntan a que no podría seguir avanzando en su investigación hasta resolverse la misma, lo que implica paralizar la declaración de la propia Begoña Gómez como imputada que estaba fijada para el próximo 5 de julio. El magistrado de Madrid tampoco podría llevar a cabo las testificales previstas para este domingo.

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El organismo europeo da este paso después de que el pasado 26 de abril se dirigiera al juez Peinado para interesarse por la documentación recabada hasta el momento con la intención de determinar si las pesquisas afectaban a fondos de la UE. Precisaban entonces que mantenían abiertas sus propias diligencias sobre Red.es y, en concreto, respecto a tres contratos para la ejecución de servicios de capacitación en la economía digital para jóvenes y desempleados. Acabada la fase de comprobación de su competencia y después de confirmar que, efectivamente, hay partidas europeas implicadas, la Fiscalía Europea va ahora un paso más allá y pide asumir esa parte de las diligencias.

Competencia

La investigación de la Fiscalía Europea transcurría hasta ahora en paralelo a la del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid contra Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Los fiscales de la UE mantienen abiertas diligencias por otros delitos, entre ellos malversación y prevaricación. Su investigación arrancó el 12 de abril con las primeras comprobaciones.

El funcionamiento de esta Fiscalía es distinto al de la española. En su caso, asumen la instrucción que no ejerce, por tanto, ningún juez. Cuentan con el aval de magistrados de la Audiencia Nacional que intervienen exclusivamente a solicitud de estos fiscales y con un papel muy restringido, que se limita a autorizar o denegar lo que estos solicitan. Es decir, todas las decisiones, el peso completo de la instrucción, recae en esta Fiscalía y el juez solo comprueba si sus reclamaciones cumplen todas las garantías o no. En sus investigaciones no participan acusaciones populares, por lo que ni Manos Limpias ni Vox ni el resto tendrán ya posibilidad de pedir nuevas diligencias.

Según precisan las fuentes jurídicas consultadas, el artículo 27.5 del Reglamento de la Fiscalía Europea indica que cuando el organismo ejerza su derecho de avocación, "las autoridades competentes de los Estados miembros le transferirán el expediente y se abstendrán de realizar nuevos actos de investigación en relación con el mismo delito". Si el juez Peinado no está de acuerdo, puede plantear una cuestión de competencia ante el Supremo, pero la investigación tiene que remitirse a los fiscales de la UE hasta que, en su caso, ese tribunal resolviera.