El fiscal general pide que la causa del novio de Ayuso vaya contra él y la asuma el Supremo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asumido la responsabilidad respecto a la nota de prensa en la que la Fiscalía Provincial de Madrid informó sobre las negociaciones que había mantenido con el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en una investigación paralela que se sigue contra él por fraude fiscal. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) mantiene abierta una causa por presunta revelación de secretos contra dos fiscales de Madrid, pero García Ortiz ha remitido un escrito al juez en el que reconoce su participación en los hechos investigados y pide que el Tribunal Supremo se haga cargo del procedimiento.

"El Tribunal Superior de Justicia de Madrid carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid por corresponder aquella a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (...), en tanto en cuanto su publicación no se hubiera producido sin mi previa autorización y mis instrucciones expresas y directas", sostiene el fiscal general.

"Ese comunicado, que volvería a suscribir y ordenar para poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario fiscal, se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios, así como a proporcionar información objetiva e imparcial tras la sucesión de publicaciones dispares y la difusión pública de correos electrónicos que afectaban a la honorabilidad y profesionalidad del Ministerio Fiscal", añade.

Carga contra el "entorno de González Amador"

El TSJM abrió su investigación el pasado mayo, tras admitir a trámite la querella de González Amador contra la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de la Sección de Delitos Económicos de esta comunidad, Julián Salto Torres, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos. “Debe indagarse si se ha excedido el límite permitido penalmente en el ámbito del derecho a la información que asiste al Ministerio Público y (...) en qué medida han podido perjudicarse los derechos constitucionalmente reconocidos al querellante”, advirtió el tribunal.

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Entre las primeras diligencias acordadas por el magistrado Francisco José Goyena, destacaba la de preguntar a la Fiscalía quién había sido "el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal" que había dado el visto bueno a la nota de prensa, y esa es la pregunta a la que responde ahora García Ortiz.

"Como fiscal general, reitero que el borrador de nota de prensa difundido por la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid no se hubiera distribuido entre los medios de comunicación sin mi previa autorización y sin mis instrucciones expresas y directas", explica. "Ningún miembro de la Fiscalía española debe ser investigado por la publicación de una nota de prensa objetiva, neutral y que no infringía ningún deber de reserva, pues todos los correos electrónicos —no solo los remitidos por el letrado del Sr. González Amador, sino también los enviados por el Ilmo. Sr. Fiscal— habían sido previamente desvelados por los medios de comunicación".

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En la misma línea, García Ortiz critica que la causa solo se dirija contra dos miembros de la carrera: "Resulta cuando menos sorprendente que sean exclusivamente los integrantes del Ministerio Fiscal los investigados judicialmente por estos hechos, mientras que el entorno de D. Alberto González Amador —señalado por los citados medios de comunicación como su fuente de información— aparezca únicamente como parte acusadora", argumenta. "Es un hecho cierto que en aquellos momentos los correos electrónicos que el letrado del Sr. González Amador había enviado a la dirección genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid circulaban ya —sin contención alguna— por las redacciones de varios medios de comunicación y también en el gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

El fiscal general considera que el TSJM está pasando por alto esa filtración previa y avisa de que "indagar sobre el funcionamiento de los mecanismos de decisión del Ministerio Fiscal en la forma en la que se está haciendo solo puede causar un deterioro al recto funcionamiento de la Justicia".

Cronología de dos causas paralelas

La causa que se instruye en el TSJM parte a su vez de la investigación que se sigue contra González Amador por fraude fiscal. El pasado 2 de febrero, su abogado envió una propuesta de conformidad a la Fiscalía en la que su cliente reconocía el fraude fiscal, aceptaba ocho meses de cárcel y se comprometía a pagar 525.000 euros, mostrando así su voluntad de alcanzar un acuerdo que le permitiera reducir su hipotética condena. Once días después, el 13 de febrero, el fiscal encargado del caso, Julián Salto, interpuso su denuncia contra él y otras cuatro personas, pero sin descartar el pacto.

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El 12 de marzo, Eldiario.es desveló la investigación que se seguía contra González Amador por fraude fiscal. Horas después, el fiscal remitió la denuncia por correo electrónico a su abogado. Según afirman desde la Fiscalía, ese mensaje se envió “para facilitarle el derecho de defensa”, asegurándole en el mismo que la existencia de otras personas denunciadas en este procedimiento no constituía un obstáculo para cerrar un acuerdo.

Desde el entorno de Díaz Ayuso se agarraron a ese último correo para asegurar que había sido la Fiscalía la que había ofrecido el pacto, pero desde esta institución emitieron entonces la nota de prensa en la que detallaban las comunicaciones que habían mantenido con el abogado para desmentirlo. "El único pacto de conformidad con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado", advertían en la misma.

El pasado 15 de abril, el propio fiscal general ya realizó una declaración institucional en la que asumía toda la responsabilidad respecto a la nota de prensa. "No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de nuestra institución", advirtió. En la Fiscalía General del Estado consideran que esta nota en ningún caso incurrió en un delito de revelación de secretos, sino que se limitó a aclarar los ya revelados por el entorno de Díaz Ayuso.