García-Castellón pregunta a las partes si el delito de terrorismo de Tsunami es amnistiable

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha dado traslado a la Fiscalía y al resto de partes personadas para que en el plazo máximo de diez días se pronuncien sobre la posible aplicación de la amnistía en la causa de Tsunami Democràtic, en la que investiga la posible comisión de delitos de terrorismo. Entre los imputados figuran la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el jefe de gabinete de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay.

El propio Puigdemont también se encuentra imputado por estos mismos hechos, pero la investigación contra él la dirige el Tribunal Supremo por la condición de eurodiputado que ostentaba cuando se abrió la causa. La magistrada que instruye este procedimiento en el alto tribunal, Susana Polo, también ha dictado este martes una providencia en la que da traslado a las partes para que se pronuncien sobre la amnistía.

El polémico artículo de las "exclusiones"

Tras la entrada en vigor de la ley este mismo martes, García-Castellón cumple así el mandato de dar "audiencia" a la Fiscalía y el resto de partes, pero en su providencia ya incluye una advertencia: "El artículo 1° de la Ley establece los requisitos que se exigen para exonerar de responsabilidad criminal a los actos tipificados como delito que hubieran sido presuntamente perpetrados en el contexto del proceso independentista catalán, pero, excluyendo 'siempre y en todo caso, los supuestos de hecho que el propio legislador recoge en su artículo 2'".

Este artículo 2 de la ley de amnistía en principio se presenta como la línea roja que el PSOE ha marcado al independentismo. Bajo el título de "exclusiones", recoge los hechos que no podrán acogerse a la amnistía, los delitos que resultan imperdonables: terrorismo, tortura, tratos inhumanos... Su redacción invita a pensar que los socialistas se han mantenido firmes en algunos extremos de la negociación, pero al llevar estas "exclusiones" a la práctica, se atisba toda una obra de ingeniería jurídica.

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En el caso concreto del terrorismo, la ley remarca para ello qué actos pueden encajar con ese delito, lo que de forma indirecta busca impedir que causas como la de Tsunami queden fuera de la amnistía: "Los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo, según la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y, a su vez, hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, en particular las reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales", establece la ley entre sus "exclusiones".

Como ha ido informando El Confidencial durante los últimos meses, García-Castellón ya ha dejado entrever en varias resoluciones que no considera que esta redacción le obligue a amnistiar los delitos de terrorismo que él investiga en Tsunami. El ejemplo más claro se produjo el pasado enero, cuando notificó una resolución en la que advertía sobre la "gravedad" de las lesiones que sufrieron los policías nacionales durante las protestas de esta plataforma.

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La clave radica en la parte final de este auto, donde incluye la siguiente advertencia: "No puede minimizarse esta acción ni el resultado grave que ocasionó, incompatible con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en (...) el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), y del que podrían ser partícipes los investigados". De esta manera, García-Castellón apunta de forma directa al propio artículo del CEDH que la redacción pactada por PSOE, Junts per Catalunya y ERC deja fuera de la amnistía.

Esta interpretación amenaza a Rovira y a Alay, así como al resto de investigados en la Audiencia Nacional por Tsunami: Xavier Vendrell, exmilitante de Terra Lliure y exsecretario de Organización de ERC; Oriol Soler, empresario de la comunicación de la órbita de ERC; Marta Molina, secretaria de Movimientos Sociales de ERC; Josep Campmajó, empresario que presuntamente ejercía como lugarteniente de Vendrell; Jesús Rodríguez, empresario y trabajador del periódico La Directa; Jaume Cabani, cerebro económico de la estructura de Puigdemont en el extranjero; Oleguer Serra, consejero ejecutivo de Òmnium Cultural, y Nicola Flavio, que presuntamente realizó una aportación económica a Tsunami.

Ante el riesgo de que García-Castellón considere que no pueden beneficiarse de la amnistía, algunos de ellos ya han huido al extranjero durante los últimos meses. Los investigados siguen así los pasos de Marta Rovira, que se encuentra fugada de la Justicia desde marzo de 2018.