El paso adelante de la Fiscalía Europea deja en el aire la citación de Begoña Gómez

La declaración de Begoña Gómez como imputada ha quedado en el aire después de que la Fiscalía Europea haya asumido la parte principal de la investigación. El juez Juan Carlos Peinado mantiene por ahora su citación para el 5 de julio, pero fuentes jurídicas avisan de que el paso que ha dado el organismo europeo le deja dos opciones: plantear una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo —lo que provocaría un choque con la Fiscalía Europea— o mantener la citación porque considera que la parte de la causa que sigue en sus manos justifica la misma —lo que podría provocar un nuevo choque con su abogado y la Fiscalía española—.

La clave radica en que la Fiscalía Europea no funciona como la de España. Ellos llevan las riendas de sus investigaciones y juegan un papel similar al de los jueces de instrucción, limitándose el control sobre sus causas a un magistrado de la Audiencia Nacional que avala aquellas medidas que afectan a derechos fundamentales. Si este organismo reclama la parte de un caso porque afecta a fondos europeos, el juez que estaba instruyéndolo hasta ese momento debe paralizar esas diligencias concretas.

Al mismo tiempo, en sus investigaciones no se admite la personación de acusaciones populares, por lo que, en el caso de Begoña Gómez, las que en estos momentos ejercen Vox y organizaciones como Manos Limpias se quedan fuera de la parte principal. La propia Fiscalía Europea también se encargó de remarcar este lunes que "no comenta investigaciones en curso", lo que en principio facilitará que la mujer del presidente quede fuera del foco mientras se le investiga.

Estas particularidades y el hecho de que la Fiscalía Europea también haya reclamado el caso Koldo lleva a algunas de las fuentes jurídicas consultadas a considerar que el nuevo escenario beneficia al Gobierno. El nombramiento del fiscal europeo que representa a España se realiza a propuesta del Ministerio de Justicia, que designa para ello a una terna de candidatos que después queda en manos de un comité de selección de 12 expertos de la UE que revisa sus currículums y les entrevista. Otras fuentes insisten, por su parte, en que gozan de mayor independencia que los fiscales españoles, pues solo dan cuenta de sus investigaciones ante otros compañeros en Luxemburgo.

La cuestión de competencia

En el caso de Begoña Gómez, la Fiscalía Europea ha reclamado las diligencias sobre tres contratos que el organismo público Red.es adjudicó a una UTE del empresario Juan Carlos Barrabés. Como desveló El Confidencial, la mujer del presidente del Gobierno había firmado previamente dos cartas de recomendación para la misma.

El juez Peinado también ha centrado el arranque de su investigación en esos hechos por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Para este domingo, ha citado como testigos a varios cargos de Red.es, mientras que a Barrabés ha acordado tomarle declaración en el hospital en el que se encuentra ingresado. La ronda terminaría con Begoña Gómez, a la que ha citado como imputada el 5 de julio. Tras la decisión de la Fiscalía Europea de reclamar su competencia, ahora queda por ver si mantiene estas comparecencias.

Las fuentes consultadas apuntan para ello al artículo 27.5 del reglamento de este organismo: "Cuando la Fiscalía Europea ejerza su derecho de avocación, las autoridades competentes de los Estados miembros le transferirán el expediente y se abstendrán de realizar nuevos actos de investigación en relación con el mismo delito". El 25.6 regula a su vez aquellas situaciones en las que se dé una "discrepancia entre la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales", quedando entonces la decisión final en manos de "la autoridad" del correspondiente Estado.

En España, esa autoridad es el Tribunal Supremo, que en los últimos años ya ha revisado al menos dos situaciones de "discrepancia" y ha terminado por dejar las investigaciones en manos de la Fiscalía Europea. El juez Peinado puede seguir ahora el mismo camino y presentar una cuestión de competencia ante el alto tribunal, pero las fuentes consultadas consideran que esa vía en ningún caso quita que antes debe transferir las diligencias reclamadas y paralizar esa línea de investigación.

El resto de la investigación

En una providencia del pasado 24 de mayo, el juez Peinado ya reclamó "todos los expedientes de contratación" que Red.es concedió a empresas de Juan Carlos Barrabés, pero también los que se adjudicaron desde "el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid". De hecho, la Unidad Central Operativa (UCO) se personó días después ante sus respectivas sedes para requerir documentación.

La investigación de Peinado supera, por tanto, la de los tres contratos por los que la Fiscalía Europea reclama ahora su competencia, y eso le abre la puerta a mantener la citación de Gómez como imputada el próximo 5 de julio: ya no para preguntar por Red.es, sino por su relación con Barrabés y las cartas de recomendación que firmó para su UTE.

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Esta posibilidad se ve reforzada por el hecho de que algunas de las acusaciones ya han solicitado al juez que amplíe la causa a otras cuestiones desveladas por El Confidencial. Entre ellas, la relación de Gómez con Globalia y con su exconsejero delegado, Javier Hidalgo, con quien llegó a reunirse mientras se negociaba el rescate público de su compañía aérea Air Europa. De forma paralela, Globalia firmó un convenio de colaboración con el IE Africa Center, que en aquel momento dirigía la mujer del presidente.

La pasada semana, la plataforma Hazte Oír también anunció la presentación de una nueva querella contra Gómez por apropiarse del software que comenzaron a desarrollar gratuitamente para su máster de la Universidad Complutense de Madrid varias empresas participadas por el Estado. La mujer del presidente se reunió para ello con directivos de Indra, Telefónica y Google y les pidió que hicieran gratis una aplicación o software de sostenibilidad.

Según datos proporcionados por las propias compañías, estos trabajos les supusieron un coste de al menos 150.000 euros, pero ni Begoña Gómez, ni el máster, ni la Complutense les abonaron. La mujer de Pedro Sánchez registró después la aplicación informática en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Como desveló El Confidencial, ahora controla el 100% de las acciones de una empresa que ofrece este software.