Los fiscales del 'procés' se resisten de nuevo ante García Ortiz a amnistiar la malversación

El fiscal general del Estado ha pedido este martes a los fiscales del 'procés' que elaboren un informe "alternativo" al que le presentaron hace unos días en el que consideraban que la amnistía no es aplicable al delito de malversación, lo que dejaría fuera de la gracia a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. En una reunión celebrada este martes, a la que han asistido Javier Zaragoza y Jaime Moreno, han asegurado que mantienen su criterio íntegro y no quieren modificarlo. Según aseguran fuentes fiscales, no están dispuestos a firmar un informe favorable y entienden que trata de imponérseles. Fuentes de la Fiscalía concretan que, en el encuentro, Álvaro García Ortiz ha precisado que el análisis que le entregaron no es válido por ser genérico y que se requiere que lo adapten al momento procesal.

La cita se ha celebrado después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y la Sala de lo Penal se dirigieran al Ministerio Público y el resto de partes para recabar su criterio respecto a la aplicación de la amnistía, tanto para los huidos como para los condenados. Como ya adelantó El Confidencial, los fiscales del 'procés' prevén defender su postura respecto a la ley de amnistía frente a cualquier oposición. La aplicación del perdón a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de afectados en el Tribunal Supremo por el procés provocará así un nuevo choque en la Fiscalía General. Según las fuentes consultadas, recurrirán al artículo 27 si se les impone un criterio que no comparten.

Los cuatro miembros del Ministerio Público, encargados del caso desde sus inicios en el TS después de la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017, presentaron hace unas semanas a su superior un informe en el que, en resumen, aseguran que no se puede aplicar la amnistía al tipo de malversación cometida por los líderes del 'procés'. Agregan que, como consecuencia, la orden de detención en España del expresident catalán debe seguir vigente.

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El instrumento al que pueden agarrarse los fiscales ante una imposición que no quieran asumir está incluido en el Estatuto Fiscal, en concreto en su artículo 27. En él se indica que si reciben una orden o instrucción que consideren contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo, estimen improcedente, pueden elevar la cuestión a la Junta de Fiscales de Sala.

Junta de Fiscales de Sala

Este órgano, que preside el propio fiscal general, está compuesto por 38 fiscales y "le asiste" doctrinal y técnicamente para aunar criterios. En este caso, actuaría como árbitro para elegir entre posturas contrapuestas. Si los cuatro fiscales no logran su apoyo, tendrán que acatar la decisión. Eso no impediría que, pese a todo, quede constancia de sus argumentos ni que la discrepancia sea patente.

En el órgano, las fuerzas están reñidas y los más críticos apuntan a que su composición fue decantándose hacia la línea de la actual Fiscalía General a consecuencia de los nombramientos de nuevos fiscales de Sala en los últimos años, desde la llegada al departamento de Dolores Delgado. La decisión final es imprevisible y menos en un tema como la amnistía que, como ya se ha demostrado, traspasa ideologías.

García Ortiz tiene una opción mucho más extrema si quiere imponer su criterio. En aras de la unidad de actuación, puede apelar a la fungibilidad de los miembros del Ministerio Fiscal. Este principio implica que los fiscales de los casos son intercambiables y que pueden ser sustituidos, por tanto, si lo considera necesario su máximo responsable en beneficio de la uniformidad de criterio.