Las CCAA del PP apuestan por estirar los plazos para recurrir la amnistía: "No hay prisa"

La publicación de la ley de Amnistía en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se hizo esperar más de una semana desde su aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados. Pero una vez superada la tensión electoral de las europeas y la constitución de la mesa del Parlament, la polémica normativa ha entrado oficialmente en vigor y se abre ahora un plazo de dos meses para que jueces y tribunales la apliquen. La despenalización del procés recibirá también una contundente respuesta por parte del primer partido de la oposición, que abrirá fuego con una docena de recursos de inconstitucionalidad para torpedear su aplicación. Pero la batalla jurídica del PP no será inmediata.

Génova ha dado vía libre a sus presidentes autonómicos para activar sus respectivas denuncias jurídicas cuando lo estimen oportuno. El recurso de la dirección nacional "no se agrupará" con los anunciados por sus baronías territoriales. Lo que se plantea es una ofensiva escalonada en la que importa menos la forma que el fondo. Fuentes de la dirección del PP ya avanzaron hace semanas que su intención era esperar a que los tribunales presenten las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y otear el ambiente en Bruselas antes de lanzarse al Tribunal Constitucional. Y las comunidades autónomas del PP seguirán la misma estrategia.

"No hay ninguna prisa", coinciden varios presidentes autonómicos del PP, que confirman que sus respectivos equipos jurídicos están aún engrasando un texto en el que quieren cuidar hasta el más mínimo detalle. Los populares tienen hasta tres meses para presentar sus recursos ante el Tribunal Constitucional, y la apuesta pasa por esperar a que los tribunales maniobren primero para "hilar fino" en la arquitectura de la denuncia final.

Aunque la tónica general es la de no precipitarse, los barones del PP no han coordinado un calendario aproximado para activar la ofensiva contra la amnistía en los tribunales, lo que puede provocar que haya presidentes autonómicos que se adelanten a otros en los tiempos de presentación del recurso. "Cada comunidad autónoma lleva su propio patrón, su propio equipo jurídico y sus propios tiempos", incide un líder territorial.

Eso significa que no habrá un texto "unificado" del PP para recurrir la amnistía, sino que cada territorio armará un recurso propio con los elementos que considere oportunos. Génova lleva meses trabajando también en su propia denuncia —que presentarán en el ámbito del partido a través de su Grupo Parlamentario en el Congreso— aunque en la dirección nacional admiten que son sus gobiernos autonómicos los que tienen más posibilidades de derribar la ley por su peso en la estructura del Estado.

Los barones del PP basarán el grueso de la denuncia en el "agravio" que la amnistía supone para "la igualdad" de los ciudadanos que habitan en el resto de comunidades autónomas o el ataque a la "separación de poderes", sin pasar por alto que el texto haya vulnerado, a su parecer, la Constitución desde el momento en que arrancó su tramitación parlamentaria. Durante el paso de la ley por el Senado, Génova dio orden de solicitar distintos informes para engordar su posterior recurso, como el que elaboró el CGPJ —que calificó la ley de "inconstitucional" y "arbitraria"— o el duro informe del letrado mayor de la Cámara Alta.

Los populares tampoco pasarán por alto la primera piedra que se ha encontrado la normativa tras su entrada en vigor, que es la posibilidad de que los principales protagonistas del procés se queden fuera de la amnistía por los delitos de malversación. El Tribunal de Cuentas ya ha abierto la vía para que Europa paralice la norma para este tipo de delitos, mientras que los fiscales del procés se resisten también a firmar un criterio favorable para amnistiar la malversación frente a la postura del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

TE PUEDE INTERESAR

El Tribunal de Cuentas abre la vía para que Europa paralice la amnistía por malversación

Beatriz Parera

El PP llevará su propia batalla a Europa, donde esperan sacar adelante una reforma de la directiva europea para prohibir la concesión de indultos o amnistías sobre delitos de malversación. La enmienda de los populares ya se aprobó en la Comisión de Justicia de la Eurocámara a principios de año con el voto en contra de los socialistas, y Feijóo espera contar con el apoyo de sus colegas europeos para introducir este cambio en una futura legislación europea. La desconfianza en el TC fuerza al PP a mirar al TJUE y a la Comisión Europea como su única esperanza para que su ofensiva contra la amnistía tenga efectos prácticos.