García Ortiz prepara el terreno para enfrentarse a la tesis de los fiscales del 'procés'

El fiscal general del Estado ha dado un primer paso para contradecir el criterio de los fiscales del procés que le comunicaron hace unas horas que no ven posible informar a favor de amnistiar el delito de malversación que afecta a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Según aseguran fuentes fiscales, Álvaro García Ortiz ha pedido a los Fiscales de Sala que, en previsión "de la activación de los mecanismos estatutarios", se reserven el próximo martes para la posible celebración de una Junta de Fiscales de Sala.

La Junta es la consecuencia directa de un desacuerdo en el criterio sobre la ley de amnistía. Si el fiscal general ordena a Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena que informen en un sentido distinto al que defienden, los cuatro ya han anticipado que se opondrán a esa instrucción y apelarán al conocido como artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal por el que se eleva la cuestión a la Junta de Fiscales de Sala. De momento, no obstante, no ha dado orden escrita y motivada, aseguran las fuentes consultadas.

Los fiscales del procés entregaron este miércoles a Álvaro García Ortiz, el informe en el que defienden que la amnistía no es aplicable al delito de malversación, lo que dejaría fuera del 'perdón' a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. "La malversación de caudales públicos supuso un beneficio patrimonial para los autores, pues destinaron los mismos a la elaboración, desarrollo y concreción de su ilegal proyecto que les produjo un indudable beneficio patrimonial", sostienen en su dictamen, al que ha tenido acceso El Confidencial.

García Ortiz les pidió que elaboraran un informe "alternativo" y los cuatro fiscales preveían ya una oposición por su parte a su criterio. Avisaron de que si se les impone un criterio que no comparten, como ha sucedido, se resistirán. "Si considera vuestra excelencia que debe aplicarse en todo caso la ley, prescindiendo del análisis del hecho concreto y de los argumentos jurídicos expuestos en los informes que se adjuntan, deberá ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada, y a continuación proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 27—convocando la audiencia preceptiva de la Junta de Fiscales de Sala—, ya que estimamos que su aplicación en lo que concierne al delito de malversación de fondos públicos es improcedente y contraria a las leyes por no ajustarse a los criterios más elementales de lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de la norma", advertían.

Imponer un criterio

Sea cual sea el criterio final de esa posible junta, García Ortiz podrá imponer el suyo, para lo que cuenta a su vez con la vía alternativa que establece el artículo 25: "El fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos". La aplicación de la amnistía a Puigdemont y Junqueras quedaría entonces en manos de "quien designe a tales efectos" García Ortiz, dando un paso atrás los cuatro fiscales que han llevado la causa del procés.

Esta nueva crisis en la Fiscalía transcurre de forma paralela al inicio del proceso de comprobación de los efectos de la amnistía por parte del Supremo. El mismo día en el que entró en vigor la ley, el juez Pablo Llarena, la Sala de lo Penal y la magistrada Susana Polo, instructora de Tsunami, se dirigieron a las partes para pedirles su criterio antes de decidir si Puigdemont, Junqueras y el resto de políticos afectados por los procedimientos son amnistiables. Mientras todo esto sucede, la orden de detención nacional de Puigdemont sigue activa.

El informe final que se entregue no ata la decisión final del Supremo que, tras escuchar a las partes, decidirá lo que considere.