La fiscal de Madrid declara que García Ortiz le ordenó publicar la nota sobre el novio de Ayuso

La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha explicado este jueves durante su declaración como testigo que fue el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien le dio la orden de publicar la nota de prensa en la que informaron sobre las negociaciones que habían mantenido con el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en la causa paralela que se sigue contra él por fraude fiscal.

Según apuntan fuentes jurídicas, Lastra ha señalado que García Ortiz le insistió por Whatsapp en que se debía difundir de manera urgente y que ella interpretó que era "imperativo". También ha justificado su actuación apuntando al artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en el que se recoge la posibilidad de que el fiscal general imponga su criterio ante la oposición de un subordinado: “El fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos”, establece el mismo.

El novio de Isabel Díaz Ayuso se ha querellado contra la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de la Sección de Delitos Económicos de esta comunidad, Julián Salto Torres, pero las primeras diligencias que ha acordado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acorralan cada vez más a García Ortiz. En un escrito remitido al magistrado Francisco José Goyena esta semana, él también reconoció su responsabilidad en los hechos.

"Ese comunicado, que volvería a suscribir y ordenar para poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario fiscal, se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios", sostenía. "El TSJM carece de competencia para investigar los hechos (...), en tanto en cuanto su publicación no se hubiera producido sin mi previa autorización y mis instrucciones expresas y directas".

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La fiscal superior de la Comunidad de Madrid ha confirmado este jueves esa versión, lo que refuerza la posibilidad de que la causa acabe en el Supremo para que investigue a García Ortiz por gozar de aforamiento ante el mismo. El magistrado considera que, al no estar personado en la causa, el escrito en el que asumía la responsabilidad resultaba "extraprocesal" y, por tanto, insuficiente para dar ese paso, pero el hecho de que ahora lo haya confirmado una testigo cambia el escenario.

Tras admitir a trámite la querella de González Amador el pasado mayo, el TSJM ya avisó de que “debe indagarse si se ha excedido el límite permitido penalmente en el ámbito del derecho a la información que asiste al Ministerio Público y (...) en qué medida han podido perjudicarse los derechos constitucionalmente reconocidos al querellante”. Frente al argumento de la Fiscalía de que su nota se limitó a desmentir filtraciones previas, la conclusión del magistrado fue clara: "De lo que se trata en el presente supuesto es de analizar si se ha visto vulnerado el deber de confidencialidad y reserva inherente a las actuaciones penales".

García Ortiz pasa al ataque

Más allá de asumir su responsabilidad y de recordar que solo el Supremo puede investigarle, García Ortiz también argumentaba en el escrito que la investigación del magistrado carece de lógica. Ya no por perseguir hechos que él no considera delictivos, sino por pasar por alto las filtraciones que se produjeron antes de que ellos publicaran la nota de prensa.

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"Resulta cuando menos sorprendente que sean exclusivamente los integrantes del Ministerio Fiscal los investigados judicialmente por estos hechos, mientras que el entorno de D. Alberto González Amador —señalado por los citados medios de comunicación como su fuente de información— aparezca únicamente como parte acusadora", denunció. "Es un hecho cierto que en aquellos momentos los correos electrónicos que el letrado del Sr. González Amador había enviado a la dirección genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid circulaban ya —sin contención alguna— por las redacciones de varios medios de comunicación y también en el gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

La Fiscalía dejó caer esa misma idea en el recurso que interpuso contra la apertura de la investigación, pero el magistrado Francisco José Goyena rechazó sus argumentos: "El Ministerio Fiscal apunta hechos complementarios y posibles responsabilidades de terceras personas, quizá por lo que ha oído o leído en prensa y otros foros, ajenos al que nos encontramos, que hoy por hoy no aparecen individualizados con la condición de querelladas", advirtió. "Si el Ministerio Fiscal tiene un mayor conocimiento de circunstancias relevantes y con incidencia en esta investigación, que lo que alcanza a este instructor, en virtud de la fase procesal de investigación en la que nos encontramos, no dudamos que lo pondrá en nuestro conocimiento, pues es su obligación".