Guilarte se desliga del plan de Sánchez y ve "inadmisible" cambiar el modelo para que el Gobierno influya

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha querido este jueves marcar distancias con la propuesta que ha esbozado Pedro Sánchez para retirar al órgano en el futuro las competencias sobre nombramientos. Guilarte avisa de que las designaciones "deben persistir residenciadas en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional" y que "no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno". Celebra, eso sí, que el Ejecutivo explore cambiar el modelo de elección de los magistrados del Tribunal Supremo.

El mensaje de Guilarte apunta claramente a que no piensa permitir que se le use como coartada. Según ha informado este jueves el CGPJ, ha remitido a las presidencias del Congreso y el Senado su propuesta "actualizada" de modificación del sistema de nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo y de cargos gubernativos del Poder Judicial y de designación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. En ella, se incluye un recado para el presidente del Gobierno.

El presidente no oculta su temor a una instrumentalización política de las designaciones de altos cargos. "No tiene sentido alguno volver a épocas pasadas, si bien con distintos protagonistas", indica, en referencia al periodo en el que el Ministerio de Justicia estaba a cargo de los nombramientos. "Ante las dudas que pueden suscitar las palabras del presidente, es imprescindible aclarar este extremo, pues la amenazante alternativa esbozada resultaría aterradora y directamente encaminada a evitar cualquier acuerdo", señala.

Cabe recordar que Guilarte, para los nombramientos en el Supremo, propuso en abril que sus magistrados fuesen "nombrados por una comisión cualificada, mayoritariamente compuesta por vocales y por magistrados" del propio tribunal, presidida por un vocal [del CGPJ] magistrado del Supremo, si lo hay, o por un especialista en la materia con nivel de cualificación similar a la de magistrado del TS, en caso contrario. Lo poco que avanzó Sánchez en su entrevista con TVE parece inspirado en este plan, pero existen líneas rojas sustanciales. El presidente del Consejo defiende que el control último resida en el órgano. El presidente no concretó ese extremo.

"La amenazante alternativa esbozada resultaría aterradora y directamente encaminada a evitar cualquier acuerdo"

La comisión que propone Guilarte estaría formada por "cinco miembros de un nivel de cualificación parangonable con la plaza que se saca a concurso" y los vocales del CGPJ solo formarían parte de la misma si reúnen "la específica capacitación para valorar los méritos de los candidatos". El número de vocales nunca podría ser más de tres, y el resto de miembros serían magistrados del Supremo que se elegiría "por sorteo y turno rotatorio". Los otros dos miembros de estas Comisiones, a desarrollar reglamentariamente, serían profesionales cualificados en función de la Sala afectada.

La influencia es inadmisible

Para subrayar que la externalización parcial que propone no puede dejar en ningún caso al Consejo fuera, la propuesta actualizada que remite ahora a las dos cámaras especifica que debe disiparse "la ambigüedad". "Es imprescindible aclarar que los nombramientos, bajo la fórmula que apunto, deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional más elemental asentada en el artículo 122", subraya.

Apunta que no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno, sea directamente o se enmascare a través de organismo o comisión interpuesta. Tampoco debe olvidarse cuál fue la finalidad del constituyente a la hora de residenciar en el CGPJ las competencias que cuestionamos dice y recuerda también que el Constitucional ha señalado que las funciones que obligadamente ha de asumir el Consejo son aquellas que más pueden servir al Gobierno para intentar influir sobre los tribunales: de un lado, el posible favorecimiento de algunos jueces por medio de nombramientos y ascensos; de otra parte, las eventuales molestias y perjuicios que podrían sufrir con la inspección y la imposición de sanciones.

Respecto a la renovación en concreto, el presidente del Consejo aprovecha para sugerir una fórmula transitoria que evite intercambio de cromos entre el PP y el PSOE. Un sorteo que, para evitar discrepancias, utilice "la lista de aspirantes judiciales en vigor". "Es evidente que todos ellos resultan objetivamente aptos a tal fin y que el consenso sobre una lista alternativa de sorteables complicaría enormemente las cosas. Es una solución de oportunidad solo justificada por la imperiosa necesidad de desalojarnos", lanza.