El juez de Púnica procesa a Granados por adjudicaciones de suelo público y obras de Metro
Además de a Granados, el instructor propone juzgar a varios empresarios, entre ellos David Marjaliza y Javier López Madrid, y archiva la causa para cuatro investigados, entre ellos el también empresario José Luis Ulibarri
El exconsejero madrileño Francisco Granados. (EFE/Emilio Naranjo)
El juez del caso Púnica ha propuesto juzgar al exconsejero madrileño Francisco Granados, al que fuera su socio David Marjaliza y al exconsejero de OHL Javier López Madrid por supuestas irregularidades entre 2003 y 2011 en las adjudicaciones de suelo público para construir viviendas y también en las obras de dos líneas de Metro y del metro ligero de Boadilla.
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dictado el auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) para un total de 43 personas en la pieza 8 de Púnica, en la que ha investigado las irregularidades de Granados durante su gestión como consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y posteriormente como consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
En su resolución, de 146 páginas, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 considera que los hechos son constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y falsedad documental.
Además de a Granados, el instructor propone juzgar a varios empresarios, entre ellos el constructor David Marjaliza y Javier López Madrid, y archiva la causa para cuatro investigados, entre ellos el también empresario José Luis Ulibarri.
Un millón de euros en el altillo
El instructor también detalla los regalos efectuados de forma continuadapor Marjaliza a Granados durante el tiempo en que este ostentaba un cargo público, a modo de comisiones en especie.
Entre ellos, un piso en Barcelona, billetes a Ibiza, hoteles de lujo, cruceros, cacerías, relojes y un maletín con casi un millón de euros encontrado en el altillo de la casa de sus suegros.
Construcción de infraestructuras de metro y metro ligero
El juez expone en su auto la operativa utilizada por los investigados para desviar fondos públicos de la Consejería de Transportes a favor de la trama a través de la entidad de Infraestructuras del Transporte de Madrid (Mintra).
“Con arreglo a la dinámica planeada, se entregaba a los funcionarios investigados, encargados de la redacción de los pliegos técnicos, no solo la potestad de la fijación del precio, plazo del contrato, selección de los criterios de valoración y posterior valoración de las ofertas, que de entrada aseguraba la elección del adjudicatario, sino también el mando para incrementar el precio de salida y adjudicación del contrato e, incluso, el plazo de finalización, a través de la justificación dada para adjudicar contratos modificados y complementarios”, explica.
El auto explica que la presidenta Esperanza Aguirre destituyó del cargo de consejero de Transportes a Granados, atendiendo la petición de alguno de los proveedores de aquella Consejería, pero, al mismo tiempo, le ofreció a dicho investigado presidir la secretaría general del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
En la nueva organización efectuada con su cambio, Granados, dice el juez, asumió nuevas funciones, puesto que se asignó a la Consejería de Presidencia la empresa pública gestora del suelo de la Comunidad de Madrid, Arpegio Áreas de Gestión Empresarial S.A. (Arpegio), integrada hasta ese momento en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
También se encomendaron a la empresa pública Arpegio la administración de parte de los fondos Prisma, y se constituyó la Fundación Arpegio.
De esta forma, señala el auto, volvía a tener dicho investigado bajo su gestión un considerable patrimonio, la decisión última en la adjudicación de contratos para la construcción de obra civil y la actividad urbanística/inmobiliaria.
Así, el control de todo el proceso de adjudicación se confirió por decisión de nuevo del Gobierno de la Comunidad, que estaba al dictado de Francisco Granados, a la empresa pública Arpegio y, de esta forma, de nuevo quedo bajo el control de dicho investigado la adjudicación de parcelas para la construcción de viviendas libres y de vivienda protegida, y bajo su supervisión la adjudicación de parcelas de los ayuntamientos que formaban parte de cada consorcio.
Promociones de suelo por urbanización directa
El juez afirma que Granados supuestamente se concertó con el constructor David Marjaliza, a fin de adjudicar a alguna de las sociedades de este, parcelas públicas de una de las promociones más importantes que iba a desarrollar la empresa pública, el proyecto Ciudad Jardín de Arroyomolinos.
En este proyecto, la entidad Arpegio iba a llevar a cabo una promoción con más de 3.950 viviendas de las que, una cantidad superior al 50%, iban a tener algún grado de protección.
En este caso, dice el magistrado, los contratos de compraventa entre Arpegio y una de las empresas de Marjaliza, Aranan, se firmaron antes de que el Consejo de Administración de Arpegio resolviese la adjudicación en favor de aquella sociedad.
Entrega de cestas de Navidad para amigos
La resolución apunta que tanto Granados como su mujer, María Nieves Alarcón, utilizaron fondos públicos a través de Arpegio para agasajar, con motivo de las celebraciones navideñas, a personas de su círculo íntimo de confianza y a otros conocidos del matrimonio como compañeros de trabajo, profesores de las hijas o profesionales de la medicina de los que habrían recibido algún tipo de atención médica.
A todos ellos la investigada Alarcón les hizo llegar desde Arpegio una cesta de Navidad en las festividades navideñas de los años 2006 y 2007.
Todos esos gastos por “obsequios de Navidad” que tendrían que haber sido abonado por los investigados Granados y Alarcón, por tratarse de un gasto personal del matrimonio, se desviaron de las arcas públicas de Arpegio, un total de 100.139,17 euros, indica el magistrado.
El juez del caso Púnica ha propuesto juzgar al exconsejero madrileño Francisco Granados, al que fuera su socio David Marjaliza y al exconsejero de OHL Javier López Madrid por supuestas irregularidades entre 2003 y 2011 en las adjudicaciones de suelo público para construir viviendas y también en las obras de dos líneas de Metro y del metro ligero de Boadilla.
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